Sospechas: los aumentos de seguros en la gestión Fernández hasta cuadruplican a los de Milei
La póliza para la residencia de Chapadmalal aumentó 154,1% entre 2022 y 2023, pero 60% un año después, pese a la devaluación y la inflación; lo mismo se advierte en la renovación de otros bienes y queda en evidencia cuando los contratos se analizan en dólares
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Mientras una parte de la investigación por el presunto caso de corrupción de los seguros" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">seguros del Estado avanza sobre los chats de exfuncionarios, los contratos firmados también pueden hablar. De hecho, en al menos cinco casos la proporción de los aumentos de sus montos entre 2022 y 2023 fueron mayores que los que se firmaron este año, pese a la devaluación e inflación más altas.
Esta arista de la investigación analiza los contratos adjudicados, sus montos y los posibles desembolsos ante los riesgos que pudieran suscitarse. En consecuencia, las crecientes coberturas durante la gestión de Fernández contrastan con la reducción de los aumentos de este año y abren el interrogante sobre presunto “sobreaseguramiento” o, visto de otro modo, un posible “aseguramiento” insuficiente por parte de los libertarios. Cualquiera de estas dos situaciones contempla herramientas legales aunque algo fundamental las diferencia: el primer escenario estipula un mayor flujo de fondos hacia Nación Seguros y el segundo busca frenarlo.
Un ejemplo de esto se observa en el contrato para asegurar la residencia presidencial de Chapadmalal. Entre 2022 y 2023 lo que se pagó por tal servicio aumentó un 154,1% mientras que el monto firmado en 2024 registra un incremento del 60% en relación al del año pasado. Otro caso similar es el de los bustos de la Casa Rosada. Entre 2022 y 2023 el contrato contra robo por 32 bustos creció 79,9%, mientras que la renovación en 2024 incluyó 37 bustos y representó un aumento proporcionalmente menor que el anterior. Situaciones como estas también se detectaron con las cocheras presidenciales en el CCK o en las de la calle Madero y la aeronave T11. Además, se registraron variaciones de precios de más del 50% en contratos firmados en dólares por el Ministerio de Seguridad en 2021 y 2022.
“El Estado es un gran fabricante de cosas para asegurar, el tema es cómo las asegura. Asegurarlas por menos puede ser una torpeza y asegurarlas por más dinero es una decisión que puede responder a muchas cosas”, analizó un broker de seguros con más de diez años en el mercado.
Un broker funciona como un intermediario. Es por ello que su involucramiento implica un encarecimiento, y el dinero que cobra por su comisión crece en proporción al tamaño del contrato. Según señaló el especialista citado, su porcentaje suele variar entre 5% y 12,5%. En el caso del escándalo de los seguros, la Justicia investiga si Fernández forzó al Estado a firmar contratos con Nación Seguros para favorecer a Héctor Martínez Sosa, el esposo de su por histórica secretaria, María Cantero, quien intervino en contratos que están bajo sospecha. Este presunto caso de corrupción, que tiene a la anterior Presidencia en el foco del expediente, lleva la carátula de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública.
El decreto 823/2021, firmado por Fernández, obligó a todas las dependencias de la Administración Pública a contratar a Nación Seguros. Es por eso que la gestión libertaria debió suscribir contratos con esta compañía que forma parte del Banco Nación. De hecho, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le adjudicó 15 en 2024. LA NACION tuvo acceso a ellos a través de la plataforma oficial Compr.ar y detectó que los montos crecieron menos que entre 2022 y 2023.
Una fuente de la gestión anterior que fue parte de la Secretaría General de Presidencia dijo a LA NACION que los contratos firmados por dicha dependencia no involucraron la intermediación de un broker. Y a propósito de los aumentos en las sumas adjudicadas a Nación Seguros, explicó en un documento que eso se debió a una actualización del valor de los bienes. “Estaban infrasegurados”, sostuvo.
Aquí yace un punto tan polémico como relativo e inexacto: ¿cómo se puede saber el valor de un bien para luego estimar cuánto dinero sería razonable pagar para asegurarlo? En el Estado existe el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN). En su sitio oficial, explica que tiene como misión “establecer los valores objetivos de los bienes cuya adquisición, enajenación, locación o valor contable, sea requerido por el Poder Judicial de la Nación y por organismos nacionales”. Según fuentes oficiales, en el TTN no constan registros de solicitudes de tasación de los bienes del Estado mencionados en los últimos cuatro años. Al respecto, la fuente de la gestión anterior describió que un trabajo interno de la Secretaría General de Presidencia estimó el valor de las propiedades aseguradas.
Según asesores de seguros consultados por LA NACION, para comprender cómo deben actualizarse los valores de los contratos se aconseja prestar atención a tres variables. Una de ellas es el riesgo a cubrir. Por ejemplo: incendios, terremotos, robos, ataque terrorista. La segunda, la tasa de riesgo, que mide cuán probable e intenso puede ser el riesgo. Y la tercera es la suma que se desea asegurar sobre el valor total del bien asegurable. A veces puede cubrir la totalidad del valor de la propiedad o una parte de ella. Dicha proporción es la que va a determinar qué porcentaje cubre la compañía aseguradora en caso de ocurrir el riesgo o siniestro.
“A veces lo que puede pasar es que, si se quiere reducir gastos, se pide asegurar una cifra más chica. Y si se quisiera pagar de más sería al revés: tenés un Fiat 600 y lo asegurás como si fuera una Ferrari”, explicó un especialista en seguros que acumula más de 30 años en el rubro.
Las dos primeras variables de los contratos de los seguros, los riesgos y el porcentaje de póliza, no se tocaron entre 2022 y 2024 en los contratos analizados de la Secretaría General de Presidencia. Sin embargo, las sumas aseguradas de los bienes aumentaron. En consecuencia, el precio que se pagó también.
A propósito de los factores externos que pueden modificar el valor de un bien, el tipo de cambio oficial sufrió una devaluación del 70,2% en 2022 y del 357% en 2023, después de los anuncios de Caputo en diciembre. A su vez, la inflación medida por el Indec acumuló 94,8% en 2022 y 211,4% en 2023. Es decir, sería lógico observar aumentos más altos en los contratos de 2024, pero eso no ocurrió.
Chapadmalal
El contrato adjudicado en julio de 2022 por la Secretaría General de Presidencia para la renovación del seguro integral de la residencia presidencial de Chapadmalal totalizaba $138.520,41. Según los documentos oficiales, se aseguraron 19 viviendas, un salón de usos múltiples, una capilla y cuatro puestos policiales. La suma asegurada o cobertura ascendía a $198.732.495, que a la fecha de inicio del contrato representaban US$1.463.959,44, según la cotización del Banco Nación.
Los riesgos cubiertos y la tasa se mantuvieron intactos en las renovaciones de 2023 y 2024. Sin embargo, el valor que el Gobierno consideró que debía pagar por tal servicio aumentó. El costo del contrato de renovación para 2023 subió 154,1% pero, tras el cambio de gestión, en 2024 el precio del seguro creció 60%. Es decir, la proporción del aumento del año pasado fue más del doble que la de este.
Esta diferencia encuentra correlación con la suma que el Gobierno decidió asegurar o la cobertura que decidió tener por las 19 viviendas, el SUM, la capilla y los cuatro puestos policiales. De 2022 a 2023 experimentó un crecimiento del 152,5%, ya que alcanzó $501.950.000, y en 2024 trepó 50,2% dado que el número ascendió a $754.400.000.
Si se midiera estas cifras en dólares, como habitualmente se cotiza a las propiedades, se observaría una tendencia a la baja notoria en la cobertura contratada este año. El valor de la suma asegurada en 2023 equivalió a US$1.872.947,76 mientras que en 2024 cayó a US$802.126,52.
Bustos presidenciales en la Casa Rosada
La entrada por la explanada de la Casa Rosada lleva a una alfombra roja con los bustos de los expresidentes argentinos. Por allí suelen ingresar los mandatarios, ministros, gobernadores y empresarios que son recibidos en la sede del Ejecutivo.
En 2022 se aseguraron 32 bustos por $754.738. En su renovación de 2023 la cifra ascendió a $1.358.240, lo cual representó un incremento de casi el 80%. De esta manera, dicha proporción se ubicó por encima del aumento observado en el contrato de 2024, que fue del 73,4% pese a que este año el Gobierno incluyó cinco bustos más (37).
Los nuevos bustos asegurados según consta en la adjudicación del contrato son los de Manuel Belgrano, José de San Martín, Pedro Aramburu, Juan Carlos Onganía y uno denominado “República Argentina”.
La suma asegurada por cada uno de ellos en 2022 era de $2.550.000. En 2023 la aumentaron un 80%, al subirla a $4.590.000, y este año aumentó 73,4%, al llegar a $6.885.000. Pero si se lo midiera en dólares al tipo de cambio del Banco Nación, como suele usarse en las obras de arte, se podría concluir que la suma asegurada en 2024 se redujo un 27,5%.
Cochera presidencial en el CCK
El aumento por la renovación del seguro contra incendio de estas cocheras fue del 25%, si se comparara el contrato de este año con el del pasado. Esa cifra parece baja al lado del 115% registrado entre 2022 y 2023. Entre esos dos años, el valor de la suma asegurada o la “prorrata” subió 80% mientras que en 2024, 25%.
Cochera Madero
Con la cochera en la calle Madero ocurre algo similar. El aumento del contrato y de la prorrata en 2024 fue de 26,9% respecto del año pasado. Si bien no se pudo determinar la prorrata de 2022 sí se obtuvo el valor del contrato, que en 2023 se encareció un 80%. Proporcionalmente, este incremento fue casi tres veces más grande que el del año actual.
Avión T11
El contrato de 2022 que aseguraba esta aeronave ascendía a US$71.489 dólares, tal cual se informa en el sitio oficial Comprar. No se encontró registro de un contrato similar en 2023 pero sí en 2024, cuando el monto pagado bajó a US$66.626.
Estos contratos fueron firmados bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia, una de las dependencias que más convenios tuvo con Nación Seguros. Una situación similar se observa en el Ministerio de Seguridad aunque, en su caso, con montos más grandes.
Un ejemplo de esto lo muestra la evolución del aseguramiento del hangar de la Policía Federal en el Aeropuerto de Ezeiza. En febrero de 2021 se adjudicó un contrato en dólares por US$15.931,33 por una cobertura de seis meses. En diciembre se renovó a US$29.576.68 aunque por ocho meses. En agosto de 2022 volvió a renovarse, por 12 meses, a un precio de US$52.378,08. Uno de los especialistas consultados analizó que resulta fundamental conocer qué había adentro del hangar para evaluar técnicamente si la variación correspondió a eso.
LA NACION intentó contactarse con el exministro de Seguridad Aníbal Fernández, pero no contestó los mensajes enviados. En tanto, la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad no suscribió ningún contrato con Nación Seguros.
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