Piden suspender el decreto de Macri sobre el blanqueo

Con la batalla por Ganancias todavía en juego, la oposición abrió ayer un nuevo frente contra Mauricio Macri: presentó un amparo con la intención de declarar inconstitucional el decreto que permite a los familiares de funcionarios públicos adherir al blanqueo impulsado por el Gobierno y, mientras la Justicia analiza el pedido, requirió que se suspenda la medida.

La acción de amparo fue presentada el jueves por el diputado Felipe Solá (Frente Renovador) y se centra en la "extralimitación presidencial" en la que habría incurrido Macri al firmar el decreto ya que -sostiene Solá- altera el espíritu de la ley aprobada por el Congreso.

Mientras la Justicia analiza el pedido de inconstitucionalidad del decreto, el legislador opositor pidió que se suspenda la aplicación del decreto y le pidió intervención en la causa a la Oficina Anticorrupción (OA).

"[Macri] ha ejercido una competencia que no tiene, imprimiendo modificaciones sustantivas a la ley 27.260, bajo el pretexto de reglamentarla [...] se ha vulnerado de manera directa el principio de división de poderes, invadiendo el Poder Ejecutivo la competencia del Congreso", sostuvo el diputado.

En el tramo más encendido del escrito, Solá removió los problemas del Gobierno con la utilización de sociedades offshore de los Macri. "Los verdaderos destinatarios de este nuevo régimen son aquellos familiares de funcionarios que emplearon herramientas sofisticadas, como las empresas offshore, o que compraron bienes o tengan inversiones financieras fuera del país. Es claro que estos activos, si bien no han sido exteriorizados ante las autoridades fiscales argentinas, están a su nombre en el extranjero. Es entonces que estos familiares, quienes tienen por su posición económica el conocimiento necesario para apelar a estas sofisticadas herramientas para evadir impuestos en el país, son los únicos que podrán acreditar que «...se encontraban incorporados en su patrimonio...» antes que los funcionarios asumieran sus cargos".

Problemas con el blanqueo

La ley 27.260 sancionada por el Congreso en julio estableció el blanqueo y definía el pago de las deudas históricas con los jubilados. En su texto, la norma establecía que quedaban por fuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.

Pero la ley fue modificada. Macri firmó el 30 de noviembre un decreto que permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

La decisión enseguida encendió acusaciones desde la oposición. "El Gobierno se llena la boca hablando de corrupción... ¿y ahora hace esto? El Presidente es hijo de un multimillonario, que además estuvo acusado de contrabando. Hace falta un poco de decoro", afirmó Solá.

La polémica llegó a la Justicia esta semana, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia presentada por la diputada Victoria Donda para investigar los motivos de la decisión oficial. El presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fueron imputados en la causa que será instruida por el juez Ariel Lijo.

"Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley", se defendió Peña. "Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado", agregó el jefe de Gabinete.

Por Iván Ruiz

• Blanqueo de capitales

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