Por primera vez, la Cámara del Trabajo reconoce el derecho a que haya un gremio policial

Aceptó un reclamo de los efectivos de Córdoba, los mismos que iniciaron la ola de acuartelamientos de las últimas semanas; el fallo marca un antecedente clave
Adrián Ventura
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20 de diciembre de 2013  

Dos semanas después de que la policía de Córdoba se autoacuartelara para reclamar al gobierno de José Manuel de la Sota mejoras salariales, la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoció el derecho de esos efectivos a formar un sindicato.

La decisión judicial aclara que la policía puede crear una asociación gremial en iguales condiciones que otros trabajadores y, aunque expresamente aclara que la simple inscripción no alcanza para que ese sindicato negocie convenios colectivos, en la práctica los policías sindicalizados pasarán a tener una voz única para negociar.

El fallo, el primero de la cámara de apelaciones que reconoce a los efectivos policiales esa libertad, fue dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -doctores Graciela González y Miguel Ángel Pirolo- y le ordena al Ministerio de Trabajo inscribir como asociación gremial a la Unión de Policías Penitenciarios Argentina-Córdoba (UPAC). El fiscal de la cámara, Eduardo Álvarez, había opinado en ese mismo sentido.

Ahora se descuenta que las fuerzas policiales de otras provincias tratarán de obtener el mismo beneficio. En todo el país hay, según dijo la presidenta Cristina Kirchner, 200.000 efectivos provinciales que podrían agruparse por provincia e, incluso, por jerarquías. Pero seguramente la sentencia será apelada y la controversia continuará hasta que sea resuelta por la Corte Suprema.

El máximo tribunal ya viene estudiando el tema porque allí circula otro expediente, promovido por el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del planteo de la policía bonaerense y, desde que ocurrieron los levantamientos policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y todos los funcionarios políticos también se manifestaron en contra de la agremiación.

El levantamiento de las policías de varias provincias dejó un sabor amargo, porque los incidentes dejaron el saldo de al menos 13 muertos y el accionar de los saqueadores que desvalijaron miles de comercios y domicilios particulares.

El fallo de González y Pirolo señala que "la organización sindical propende a encauzar el conflicto, a mejorar el diálogo, a lograr mayores niveles de compromiso de los agentes policiales con la institución empleadora y a erigirse como interlocutora, para actuar de manera preventiva, pudiendo de tal modo evitar reacciones injustificadas que puedan llevar a privar de adecuada protección a la ciudadanía o a las personas a quienes deben tutelar".

Para fundamentar su decisión, la Cámara se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a la "organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial", y en el Convenio 87 de la OIT, que también reconoce ese derecho a todos los trabajadores "sin ninguna distinción".

Eso quiere decir, sostienen los camaristas, que el derecho de la policía a agremiarse no puede ser rechazado y que el Congreso nacional lo único que puede reglamentar es el "ámbito y modo de ejercicio" de esa libertad, teniendo en cuenta que la policía presta un servicio esencial para la seguridad de la población.

Si la Corte sigue sus propios antecedentes de garantizar la libertad sindical, es probable que confirme el fallo de la Cámara, aunque sea con algunas restricciones. Pero no podría descartarse que el Gobierno decida avanzar con un proyecto que limite el poder de los gremios policiales.

Entusiasmo de los impulsores

CÓRDOBA.– La resolución de la Sala II de la Cámara del Trabajo fue recibida con beneplácito por los impulsores de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (Uppac), que desde 2007 vienen bregando por su reconocimiento legal. El oficial subinspector retirado René Zabala, uno de sus mentores, dijo que "es un paso importante en pos del objetivo final". Zabala reveló a LA NACION que la agrupación ya le ganó siete instancias administrativas al Ministerio de Trabajo y afirmó que el expediente "se había perdido" hasta que, después de intimaciones formuladas a esa cartera, el instrumento apareció como "archivado".

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