Por qué Cristina Kirchner debe mudar su arresto domiciliario, según el fiscal general

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, solicitó que Cristina Kirchner mude el lugar de su arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. Villar argumentó que la permanencia en su departamento de Constitución representa un riesgo para la seguridad de la propia exmandataria y altera la vida del barrio. La defensa no solo rechazó este traslado, sino que también pidió que se le retire la tobillera electrónica y se anule el régimen de visitas.

¿Cuáles son los motivos del fiscal para pedir el traslado?

El fiscal general Mario Villar fundamentó su pedido de cambio de domicilio para el arresto en dos razones centrales. La primera se enfoca en el “riesgo de seguridad de la condenada”. Villar sostuvo que las apariciones de Cristina Kirchner en el balcón de su departamento, ubicado en un segundo piso en la calle San José 1111, la exponen a un peligro innecesario.

El fiscal recordó también el antecedente del intento de magnicidio que sufrió y señaló que su custodia ya demostró ser ineficaz para prevenir un ataque de esa naturaleza.

El segundo motivo se relaciona con la alteración de la tranquilidad del barrio de Constitución. El fiscal mencionó las constantes manifestaciones de militantes, los problemas de higiene derivados y los recurrentes llamados de los vecinos al servicio de emergencias 911.

Según su planteo, la detención en ese lugar perturba la vida cotidiana de toda la zona. Por ello, aunque aceptó la modalidad domiciliaria, consideró razonable que la defensa ofrezca una locación alternativa.

Qué argumenta la defensa para permanecer en Constitución

El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, rechazó de plano la posibilidad de un traslado. Sostuvo que la elección de la propiedad de la calle San José no es arbitraria, sino que “es el domicilio que le corresponde”, ya que Cristina Kirchner reside allí desde 2022.

El letrado desacreditó un informe de la Procuración de la Ciudad que advertía sobre las molestias al vecindario. Afirmó que las manifestaciones ya no ocurren y que, por el contrario, la seguridad en la zona mejoró.

Beraldi enfatizó que la condición de condenada no puede anular su vida social y familiar. Argumentó que su edad, 72 años, y su condición de mujer son factores que justifican el cumplimiento de la pena en su hogar, una postura que, recordó, el propio juez Gustavo Hornos defendió en recomendaciones sobre la ejecución de penas.

Por qué el abogado de la expresidenta pide que le quiten la tobillera electrónica

La defensa calificó el uso del dispositivo electrónico de control como una medida innecesaria y con una clara “implicancia simbólica para molestarla y humillarla”. Beraldi fue tajante al respecto: “Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”. Subrayó que la exmandataria es “una de las personas más conocidas del país” y que cuenta con una custodia policial permanente las 24 horas.

Para el abogado, el único propósito de la tobillera no es evitar una fuga, que considera improbable, sino funcionar como un “mecanismo innecesario y burdo” con fines de hostigamiento.

Cómo funciona el régimen de visitas y por qué se pide anularlo

Otro de los puntos centrales del reclamo de la defensa fue la anulación del actual régimen de visitas. Actualmente, solo su familia, abogados, médicos y custodios pueden ingresar al domicilio sin autorización previa. Cualquier otra persona debe solicitar un permiso especial y motivado al Tribunal Oral Federal N°2.

Beraldi argumentó que esta regla es inédita y “carece de base legal”. Cuestionó con qué criterio los jueces podrían aprobar o denegar una visita, ya que no existe una ley que regule esa facultad. Sostuvo que la norma es de cumplimiento imposible y deja la decisión en manos de la total discrecionalidad del tribunal.

La respuesta del fiscal a los pedidos de la defensa

Frente a los planteos de Beraldi, el fiscal Villar defendió la legalidad de las medidas vigentes. Sobre el régimen de visitas, afirmó que es una limitación razonable y análoga a la que rige para los presos en las cárceles, quienes también deben solicitar permisos. Sostuvo que las personas condenadas tienen una expectativa de privacidad menor que el resto de los ciudadanos.

Villar también fue contundente respecto al uso de la tobillera. Recordó que la ley de ejecución penal establece que se “exigirá” el uso de un dispositivo electrónico de control en casos de arresto domiciliario. Indicó que el tribunal no tenía otra opción más que imponerla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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