Qué pidió Oscar Centeno, el autor de los cuadernos de las coimas
El ex chofer del Ministerio de Planificación, figura central en la investigación de corrupción, busca evitar el juicio oral
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LA NACION
Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que documentó los pagos de sobornos de empresarios a exfuncionarios kirchneristas, solicitó ser sobreseído antes del inicio del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre. Centeno argumenta que no cometió ningún delito, ni formó parte de una asociación ilícita, sino que solo manejaba y registraba los pagos. La fiscalía se opone y pide que sea juzgado.
El pedido de sobreseimiento de Oscar Centeno
El chofer del Ministerio de Planificación que documentó los pagos de sobornos argumenta que no integró ninguna asociación ilícita. Afirma que solo cumplía funciones de chofer y registraba los cobros. Centeno se define como “un testigo denunciante” con un rol “banal e inocuo”.
Centeno asegura que no puede ser imputado y testigo al mismo tiempo. Argumenta que su rol fue simplemente el de un chofer que registraba los movimientos, sin participar en las maniobras delictivas. “Yo nunca entré a ningún lugar, ni llevé ningún bolso. Eso lo hacían ellos... Yo tampoco recibía parte de las recaudaciones”, declaró Centeno.
La solicitud de Centeno de ser declarado inocente sin ir a juicio es similar a la estrategia que benefició a Cristina Kirchner en las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Esas decisiones fueron luego revocadas y la expresidenta aún debe afrontar esos juicios orales.
El Código Procesal Penal y el sobreseimiento
El artículo 361 del Código Procesal Penal establece que se puede dictar el sobreseimiento cuando “por nuevas pruebas exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal, y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado”. Centeno busca ampararse en este artículo a partir del peritaje sobre los cuadernos.
Situación procesal actual de Centeno
Centeno está sometido a proceso desde hace más de siete años. Se acogió al régimen de imputado colaborador e integra el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 3 de agosto de 2018.
La fiscal Fabiana León se opuso al sobreseimiento y solicitó que Centeno sea llevado a juicio. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, también se opuso.
El rol de Cristina Kirchner en la causa
Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita. Se la acusa de haber montado, junto con Néstor Kirchner, un sistema de recaudación de coimas pagadas por empresarios para mantener sus contratos de obras públicas.
Los cuadernos de Centeno como prueba clave
En ocho cuadernos, Centeno registró los viajes que hacía en su remis para transportar a funcionarios del ministerio que comandaba Julio De Vido. Estos funcionarios cobraban dinero en efectivo, lo trasladaban en bolsos y los viajes terminaban en dependencias oficiales o en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.
El peritaje caligráfico confirmó que los cuadernos fueron escritos por Centeno. Para la defensa, esta confirmación es fundamental para determinar su inocencia. Argumentan que no puede ser al mismo tiempo un testigo que denuncia un entramado delictivo y un imputado como integrante de una asociación ilícita.
La defensa sostiene que Centeno actuó como un testigo que aportó información relevante para la investigación. Era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y su tarea se limitaba a conducir y registrar los movimientos.
Otros pedidos pendientes de resolución
Además del pedido de Centeno, el tribunal debe resolver antes del inicio del juicio oral el pedido del empresario Enrique Pescarmona para ser declarado insano y evitar el juicio, así como las reposiciones de la prueba documental.
Rechazo a la oferta de empresarios para evitar el juicio
La semana pasada, los jueces rechazaron la pretensión de medio centenar de empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos. El monto total ofrecido por los acusados era de unos 15 millones de dólares. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero.
Entre los empresarios y exfuncionarios que hicieron esta oferta se encuentran Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.
También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.
El monto total ofrecido en pesos por los empresarios fue de 16.591.438.303. A estos se sumaron otros empresarios, que ofertaron 3.600.000 dólares. En total, en dólares, al tipo de cambio oficial, la oferta fue de unos US$15 millones.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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