La historia secreta de Uber en Argentina: lobby, presiones y una guerra por los impuestos
Una nueva filtración de ICIJ revela que buscó acercarse al expresidente Mauricio Macri en Davos; también evaluó contactar a Leonel Messi e intentó influenciar a funcionarios para no pagar tributos
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Durante su desembarco en la Argentina, Uber buscó acercarse al expresidente Mauricio Macri, evaluó contratar los servicios de Leonel Messi e intentó ejercer todo tipo de influencias sobre funcionarios para operar sin cumplir con los requerimientos legales ni pagar impuestos en el país. En parte, lo logró, según surge de los documentos que integran The Uber Files, obtenidos por The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La startup -que es controlada desde sociedades en Países Bajos y los Estados Unidos- logró en 2019 un dictamen del Ministerio de Hacienda y de la AFIP que le permitió reducir el pago del impuesto a las Ganancias. Pero incluso así la empresa no tributa en la Argentina y ni siquiera tiene CUIT habilitado. Hoy, Uber circula por la ciudad de Buenos Aires y otras 14 localidades del país mientras lidia con tres expedientes judiciales sin sentencia firme y disputa el pago de impuestos y aportes patronales con la AFIP, que desde 2021 le reclama una deuda millonaria.
Los documentos que salen a la luz con The Uber Files, a los que accedió el equipo argentino de ICIJ, integrado por LA NACION, Infobae y elDiarioAR, incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y documentos internos de ejecutivos de la empresa (incluido el entonces CEO, Travis Kalanick) entre 2013 y 2017. Esos registros revelan que el desembarco de Uber en la Argentina incluyó un lobby muy agresivo a través de varios operadores. El manual de la compañía contemplaba acciones de marketing combinadas con estrategias agresivas y presiones: mientras los conductores de Uber eran “cazados” por taxistas enfurecidos en las calles, Kalanick sostenía en comunicaciones privadas que “la violencia es garantía de éxito”.
El portavoz del exCEO, Devon Spurgeon, respondió a ICIJ que el consorcio de periodistas “presiona” con su “agenda falsa de que el señor Kalanick dirigió una conducta ilegal o impropia” y puso en duda “la autenticidad de muchos de los documentos originales”.
Desembarco en la Argentina
El primer paso para desembarcar en la Argentina se definió en Estados Unidos, a fines de 2015, cuando el triunfo electoral de Cambiemos alentó a los máximos ejecutivos de la multinacional a iniciar la avanzada. El 17 de diciembre de 2015 la compañía anunció el lanzamiento de Uber Argentina y un día después, solicitó una reunión con Macri. De acuerdo a The Uber Files, los ejecutivos buscaron interceptar al exmandatario en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza: la propuesta fue que Macri se reuniera con Kalanick.
“Uber está operando a nivel mundial y América Latina no es la excepción (...) Argentina, en particular, está en nuestros planes futuros y queremos discutirlo”, escribió el entonces director de Políticas Públicas de Uber para América Latina, Juan de Dios Batiz, al solicitar el encuentro en Davos en un correo que envió el 18 de diciembre de 2015.
El encuentro no prosperó por razones de agenda de Macri. Según los registros de ICIJ, el asesor presidencial para todo lo relacionado con las inversiones extranjeras, Horacio Reyser les contraofertó reunirse con él. Fuentes allegadas al exgobierno aseguraron que ese encuentro tampoco se concretó.
Lejos de amilanarse, Uber apretó el acelerador durante ese verano de 2016. Envió a la Argentina a Batiz y a un lobista estadounidense, Carl Meacham, a reunirse con funcionarios nacionales y porteños y pedir el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Para marzo, mientras redoblaba su presión sobre el sector público, ya había constituido la razón social, Uber Argentina SRL, y convocaba a los primeros choferes.
¿Por qué tanta celeridad? “Teníamos órdenes del CEO de avanzar como fuera necesario porque consideraba que Buenos Aires era la única gran capital e incluso gran ciudad del mundo donde no operaba Uber”, detalló a LA NACION alguien que conoció desde adentro cómo operó Uber en el país. “Pensamos que la llegada de Macri iba a generar un contexto más pro mercado que eso nos permitiría sortear los problemas con los sindicatos”.
“Venían cada tres semanas a insistir”, detalló una fuente del Gobierno porteño al equipo argentino de ICIJ. “Tenían un doble juego. La División Corporativa de Uber decía que querían ordenarse a la normativa y la División de Operaciones bajaba la orden de avanzar igual”, agregó. Y advirtió: “Alguna vez en el ministerio de (Francisco) Pancho Cabrera pidieron a la Ciudad que los escucharan, que eran una empresa moderna. Buscaban entrar por todos lados”.
En marzo de 2016 algunos de los representantes de Uber le expresaron al equipo de Horacio Rodríguez Larreta su voluntad de adecuarse a la normativa de la Secretaría de Transporte porteña, que consideraba que debían encuadrarse como una agencia de remis. Pero al final, Uber decidió ir al choque: durante la cena de Cippec de abril de ese año anunciaron su salida a la calle sin respetar los marcos regulatorios.
Así, Uber comenzó a operar en la ciudad de Buenos Aires el 12 de abril sin habilitación. Los taxistas protestaron en las calles, la Justicia porteña dictó una medida cautelar para detener sus operaciones y un fiscal porteño abrió una investigación. El revuelo fue tal que Macri se ubicó en la vereda opuesta. “Nuestros taxistas son un símbolo”, dijo.
Uber, entonces, redobló la apuesta. Envió a una lobista, Niki Christoff, a reunirse con diplomáticos argentinos asignados a la embajada en Washington. Planteó su posición y cosechó reproches por el accionar “prepotente” de la compañía, según detalló Meacham en un mail que envió el 26 de abril de 2016 a otros ejecutivos. “Se centraron en un tema principal: Uber no paga impuestos”, detalló.
“Como las FARC”
El proceder de Uber causó también fricciones internas. Un sector de la compañía bregó por adecuarse a la normativa pero otro, más duro, quiso confrontar con el Gobierno y propuso publicar solicitadas para presionar a la coalición gobernante con un título provocador: “¿Cambiemos qué?”.
El entonces secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, dejó una frase para el recuerdo: “Cuando me reunía con Uber parecía que estaba negociando con las FARC”. Las fricciones llegaron a un punto de no retorno. Una persona que conoció la operatoria por dentro contó que “Uber extorsionaba diciendo que iban a publicar listas de funcionarios que usaban la app”, información a la que podían acceder a través de GreyBall, un software que le permitía recolectar datos de los pasajeros.
En septiembre de 2018, la Justicia porteña bloqueó a Uber por organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, e inhabilitó a su CEO local, Mariano Xavier Otero, por 2 años. El fallo luego se revirtió en el Tribunal Superior de Justicia y Otero terminó absuelto. Pero en el interín, los usuarios no pudieron pagar sus viajes con tarjeta. Eso llevó a Uber a mover otra ficha: convocaron a otro lobista de fuste, Jim Messina, un exasesor de Barack Obama que estuvo involucrado en el robo de datos de Facebook y que se jactaba en su página web de asesorar a Macri, aunque el gobierno de Cambiemos siempre lo desmintió.
“Lo llamaron a Messina cuando dieron de baja la posibilidad de operar con las tarjetas de crédito VISA. Hubo una conversación con él sobre cómo llegarle al Presidente”, confirmó a LA NACION alguien que conoció por dentro las deliberaciones de Uber.
Uber, en tanto, evaluó todo tipo de métodos. Convocó a influencers locales para que destacaran la calidad de su servicio, y buscó llegar al entorno de Leonel Messi, en España. Mark MacGann, director de Políticas Públicas de Uber para Europa, Oriente Medio y África, escribió el 2 de marzo de 2015: “El gerente de negocios de Messi es amigo… Sigo trabajando en eso, [mi contacto] está en Argentina, a la espera de que me devuelvan la llamada”.
Los registros de The Uber Files no permiten reconstruir cómo siguieron las gestiones para llegar al capitán de la Selección, pero desde el entorno del jugador aseguraron al equipo argentino de ICIJ: “Nunca nos han contactado. No nos reunimos con nadie de Uber porque ni siquiera los conocemos”.
Más lobby por los impuestos
En medio de la disputa, el gobierno porteño reclamó porque Uber operaba sin pagar Ingresos Brutos. La Ciudad despertó así una alerta para la AFIP, que se dispuso a fiscalizar a la empresa por IVA, Ganancias y aportes previsionales. El análisis pasó por sus divisiones de Investigación, Revisión de Recursos, Jurídica, Asesoría Técnica y Asesoría Legal, hasta que finalmente intervino la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Hacienda. La principal pelea de Uber fue por el encuadre de los conductores como trabajadores en relación de dependencia. “Sosteníamos que Uber era una microempresa en la Argentina y no correspondía que pagara impuestos como una organización porque los choferes no eran empleados, sino contratistas que usaban la App”, dijo una persona que conoció la operatoria por dentro.
Durante la gestión de Leandro Cuccioli, Uber mantuvo al menos una reunión con funcionarios de AFIP, confirmaron al equipo argentino de ICIJ dos altos exfuncionarios del organismo. “Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar y desde AFIP sostenían que sí”, aseguró Jimena De La Torre, ex número dos de Cuccioli en la AFIP y actual integrante del Consejo de la Magistratura. La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, finalmente, determinó que los conductores tienen un vínculo laboral no registrado con la compañía.
La puja llega hasta hoy. La AFIP insiste con reclamarle el pago de aportes previsionales por $165,6 millones entre capital e intereses como empleador, decisión que Uber recurrió ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, donde tramitan dos expedientes. Y a eso se suma una causa en el fuero en lo Penal Económico por presunta evasión durante los períodos fiscales 2016 a 2018.
El pago del impuesto a las Ganancias, en tanto, fue otra de las discusiones centrales dentro de AFIP. Uber logró finalmente un dictamen del ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, que le permitió tributar sólo el 25% de ese impuesto, es decir, diez puntos porcentuales menos que el contribuyente argentino: la consideró una empresa de los Países Bajos y no una empresa argentina e implementó el convenio para evitar la doble imposición. Respecto al IVA, por último, tres áreas de Hacienda determinaron en 2018 que Uber debía tributar, según el dictamen al que accedió el equipo argentino de ICIJ. Pero la compañía ni siquiera tiene CUIT.
Uber nació en 2009, en San Francisco, Estados Unidos, pero eligió a Amsterdam como sede central por las oportunidades que ofrece a las compañías transnacionales para pagar menos impuestos. Uber dijo al equipo argentino de ICIJ que “la operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas”. “En la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, agregó la compañía.
En las calles, mientras tanto, a los ojos de la administración porteña, Uber se encuentra en una zona gris: si bien la Justicia entendió que no comete una contravención y para Uber se confirmó su legalidad, para el Gobierno porteño se trata de un transporte ilegal.
El equipo argentino de The Uber Files está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).
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