Transporte contrató a viejos amigos para controlar el SUBE

La Secretaría contrató a consultores que mantienen relaciones personales y profesionales con los funcionarios que realizaron la licitación por $65 millones
Iván Ruiz
(0)
17 de mayo de 2012  • 20:11

Contactos políticos, antecedentes laborales en común y relaciones personales. Esos son algunos de los vínculos entre los empresarios que se quedaron con el millonario contrato para supervisar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) y los funcionarios de la Secretaría de Transporte. El control del SUBE quedó en manos de viejos conocidos.

La supervisión del servicio le cuesta al Estado casi $10 millones más como consecuencia de un sospechoso proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex funcionarios y ex asesores de la Secretaría de Transporte. Ellos son los encargados de controlar la gestión del SUBE (a cargo de Nación Servicios SA).

La auditoría se gestó con un proceso irregular. En la licitación, la Secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta un 25% más barata por el trabajo. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El concurso fue ganado por el consorcio compuesto por Global Infrastructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). Aunque realizó una oferta más alta que su competencia, se quedó con la licitación por recomendación del comité de evaluación. Nora Turco directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte fue una de las funcionarias que integró este tribunal que tuvo la última palabra.

"Era la persona que llevaba día a día el proceso. Manejaba todos los detalles", dijo a LA NACION, en estricta reserva, un hombre que firmó los documentos más importantes de la licitación para auditar el SUBE.

IRV SA, una de las firmas ganadoras, mantiene estrechos vínculos con los funcionarios. Horacio Blot, director de la empresa, es el marido de María Cristina Irusta, secretaria de Turco. Cinco fuentes consultadas por este medio aseguraron que Irusta es, desde hace años, la mano derecha de la funcionaria.

Durante el concurso para supervisar el SUBE, Blot fue el representante legal del consorcio que se quedó con el contrato de más de $65 millones. Su firma puede observarse en decenas de documentos dentro del expediente. Blot, ex subsecretario de Tránsito porteño entre 2000 y 2004, integra la plantilla de empleados que audita la gestión del SUBE como "especialista en transporte".

Este consultor ya conocía los pasillos de la dependencia estatal: como "profesional independiente" trabajó en 2006 en Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (Ptuba), según consta en su CV. Su trabajo consistió en realizar "tareas pendientes a crear el Ptuma", préstamo del Banco Mundial con el que se financió la auditoría del SUBE. Cuatro años después ese contrato lo ejecuta IRV SA, su firma.

Guillermo Yampolsky, presidente de IRV SA, también es un hombre conocido dentro de Transporte: entre 1997 y 2006 fue asesor. Entre 2006 y 2007, Yampolsky tuvo actividades simultáneas: también se desempeñó como gerente de ingeniería de Tránsito en su empresa IRV SA y fue director de Tránsito porteño durante la gestión de Jorge Telerman. El entonces jefe de gobierno porteño fue quien volvió a instalar a Juan Pablo Schiavi en la escena peronista luego de su paso por el macrismo. En 2009, "Juampi" asumió como secretario de Transporte y estuvo a cargo de la cartera durante toda la licitación de la supervisión del SUBE.

En sus últimos tres años dentro de Transporte, Yampolsky trabajó en Ptuba como "consultor especialista en Tránsito", según consta en su CV. Cuatro años después, esa dependencia tuvo a cargo la licitación para auditar el SUBE, contrato que firmó IRV SA.

LA NACION intentó comunicarse con todos los funcionarios de la Secretaría de Transporte a cargo de la licitación para auditar el SUBE, pero ninguno atendió a este medio.

Pablo Vainberg, vicepresidente de IRV SA, fue "consultor senior" de Ptuba. Trabajó en esa dependencia durante tres años en la elaboración de análisis y evaluación del transporte para la aprobación del préstamo Ptuma. Con ese financiamiento del Banco Mundial se pagó la auditoría del SUBE que ganó IRV SA.

Además, Vainberg fue contratado como parte del "personal clave" para controlar el SUBE. Por su labor como "coordinador de campo", su contrato final asciende a $1.704.000 por 48 meses de trabajo, el sueldo más alto de los empleados locales que trabajan en el proyecto.

"Todos los días escuchábamos los nombres de estos personajes, cuando no llamaban por teléfono", relató una ex empleada al tanto de las negociaciones. "Tenían mucha confianza con los funcionarios porque se conocen desde hace muchos años. Era obvio que iban a ganar", afirmó.

Pese a los reiterados llamados, ninguno de los accionistas de IRV SA respondió las consultas de este medio.

Los integrantes del comité de evaluación (integrado por Turco), un técnico a su cargo y la representante legal del Ptuba calificaron a cada uno de los empleados propuestos para trabajar en la auditoría del SUBE. En esa lista figuran, entre otros, Blot y Vainberg.

La calificación que este comité realizó sobre el plantel profesional propuesto por el consorcio ganador fue clave porque inclinó la balanza en la evaluación de calidad entre las ofertas. Pese a la diferencia de casi $10 millones, el tribunal recomendó contratar el consorcio ganador al argumentar marcadas diferencias en la calidad de las propuestas (uno de los ítems más importantes es el plantel profesional). La evaluación de ese aspecto fue clave: GI, IRV, Iatasa y GFA obtuvo 93,5 puntos; PWC SA y Barimont SA, 85.

Las relaciones personales entre los funcionarios y los consultores contratados son incompatibles con las normas de contrataciones del Banco Mundial, reglamentación que rige para este tipo de licitaciones. Según las normativas del organismo internacional, no se podrá contratar a consultores que tengan una relación cercana de trabajo o de familia con algún empleado del prestatario, a menos que se llegue, previamente, a una acuerdo con la institución.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Banco Mundial aclararon que no existió ningún pedido de excepción en la licitación para supervisar el SUBE y aseguraron que la entidad aprobó la licitación porque no pudieron "identificar" las relaciones antes mencionadas.

Consultores con antecedentes

No es el primer contrato de estos consultores con Transporte. Al sumar las cuatro consultorías por las que fue contratada desde 2008, IRV SA y American Traffic SA (firmas de los mismos accionistas) se superan los 21 millones de dólares.

Iatasa SA, otra de las firmas que supervisa el SUBE, también cuenta con antecedentes en consultorías del Ministerio de Planificación. Según pudo recavar LA NACION, en los últimos años ganó 12 licitaciones, la mayoría a cargo de la Secretaría de Transporte. Sus contratos superan los 150 millones de pesos.

Sus consultorías más importantes están vinculadas a la supervisión de obras. En ese rubro controla a grandes empresas del sector. Iatasa controla tres obras de Roggio SA, una de las constructoras más beneficiadas por la obra pública kirchnerista: inspecciona las obras de la extensión de la línea E de subte, la modernización de la línea A y las refacciones en el tren Belgrano Cargas. Roggio es una de las empresas sospechada de financiar los lujosos gustos del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

En la auditoría del SUBE, IRV SA y Iatasa SA capitalizan buena parte de los 65 millones de pesos del contrato: cada una se quedó con el 37% de las ganancias de la UTE. Es decir, estas firmas recaudan el 74% del contrato.

Contacto ferroviario

En la nómina de "empleados clave" para la supervisión del SUBE aparece otro apellido reconocido dentro del sector. Con un sueldo de $1.704.000 por 48 meses de trabajo, Valentín Cimo fue contratado como "especialista en sistemas de control", un puesto que ocupará "part-time".

Valentín Cimo es primo y socio de Héctor Cimo, presidente de Ferrovías, que pertenece al grupo Emepa (de Gabriel Romero). Valentín Cimo también es accionista de esta empresa que explota la concesión del tren Belgrano Norte y comparte la gestión de los ferrocarriles San Martín, Belgrano Sur y Roca junto a las empresas TBA y Metrovías.

Héctor Cimo fue citado a declarar en 2011 por su presunta participación en la compra de un avión para Jaime. Un archivo describe una colecta realizada por empresarios para congraciarse con el funcionario. La referencia es contundente: "Los tres me pidieron demorar todo lo posible la operación y les pareció siempre que lo que salía era demasiado oneroso (exceptuando a Héctor Cimo)".

Los Cimo son socios en la empresa PC SA, una firma dedicada a la recolección de residuos que también opera publicidad callejera en Buenos Aires, y comparten el directorio de Trelec SA, una compañía que pertenece a Ferrovías.

Turco también conoce desde hace décadas ese sector. Trabajó desde 1985 como asesora de Ferrocarriles Argentinos, la empresa estatal a cargo de la gestión de los trenes. En 1992, con el proceso privatizador en marcha, pasó a la coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria, entidad que diagramó los pliegos para la licitación de las siete concesiones al sector privado. El 1 de abril de 1994, Ferrovías se hizo cargo del servicio Belgrano Norte.

iruiz@lanacion.com.ar

@iruiz

Más sobre la investigación

  • Controlar el SUBE: Transporte contrató una oferta $ 10 millones más cara
  • El Gobierno paga sueldos de hasta 2 millones de dólares para controlar el SUBE
  • Piden explicaciones al Gobierno por la supervisión del SUBE
  • Por: Iván Ruiz

    ENVÍA TU COMENTARIO

    Ver legales

    Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

    Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

    Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?