Un abogado del sector privado admitió que ayuda al Gobierno en el borrador de la reforma laboral y precisó los ejes del proyecto

El abogado laboralista Julián de Diego admitió ayer que colabora activamente con el Gobierno en el diseño del borrador del proyecto de ley de reforma laboral, que sería presentado a mediados de diciembre, con la intención de ser tratado en sesiones extraordinarias.

“El borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo [Julio Cordero] tiene tres ejes: salario dinámico, que cobra sentido en un escenario sin inflación y para que se den aumentos de salario por productividad. El otro eje es flexibilizar la negociación colectiva, y que sea por empresa y no por actividad. Por último, está lo del banco de horas, que puede ser útil, dependiendo de qué actividad se trate”, dijo el especialista en radio Zónica.

De Diego dijo que no está en los planes del oficialismo limitar las indemnizaciones, aunque sí reconoció que el proyecto contempla facilidades de pago de hasta 12 cuotas para afrontar el pago de las mismas. “No hay cambios retroactivos”, dijo el abogado, que se desempeña en el sector privado y que colabora ad honorem para el Gobierno.

De Diego rechazó que el proyecto de ley quite derechos de los trabajadores y se mostró confiado a que los sindicatos acompañen la iniciativa. “Hay gremios que ya tienen convenios por empresa y les va bien. También los que atan subas salariales a la productividad, como es el caso de los bancarios”, precisó.

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron a LA NACION el aporte de ideas de especialistas del sector trabajo y aseguraron que no hay inconsistencias ni posible conflicto de interés. Apuestan a tener el borrador lista para diciembre.

El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de reforma laboral después de haber resignado 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original incluida en la Ley Bases. La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada es la que presentó al cierre de 2024 la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otros proyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR que no prosperaron por una fugaz tregua que sellaron el Gobierno y la CGT durante el año pasado.

La propuesta de Diez, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.

Sin embargo, en la letra chica reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)70/23, que fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema.

Entre algunos de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.

LA NACION

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