Un mes después, la situación de Vicentin sigue irresuelta y el juez apuesta a la conciliación

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera
Germán de los Santos
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12 de julio de 2020  • 01:36

RECONQUISTA.-De las intenciones que plasmó hace 35 días el presidente Alberto Fernández cuando anunció la intervención y la expropiación de Vicentin no queda nada; sólo un conflicto, que desde la ciudad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, una zona reacia a protestar, se terminó por amplificar en todo el país y resignificar en consignas que rebasaron el problema puntual de la cesación de pagos de la cuarta agroexportadora más importante de Argentina.

La resistencia que despertó el anuncio de la expropiación de Vicentin, que hizo Fernández junto a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, avivó el protagonismo del juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que con un fallo el 19 de junio pasado, golpeó en la médula el proyecto del gobierno de intervenir con dos funcionarios una empresa con una deuda de 99.000 millones de pesos.

"El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismo que los productores que le venden lo que producen", aseguró la tarde del 8 de junio pasado el presidente al anunciar que enviaría un proyecto para que el Congreso trate la expropiación de la compañía que nació hace más de 90 años en el norte de Santa Fe, donde tiene una fuerte raíz social.

Los planes del gobierno de intervenir de forma intempestiva -ante el fantasma de que un grupo extranjero se quedara con la agroexportadora- fueron neutralizados por una medida autosatisfactiva que impuso el magistrado, que fue cuestionado en duros términos por la administración nacional y de Santa Fe, al restituir a los directivos de Vicentin al mando de la compañía y relegar a los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich a veedores de la empresa en la convocatoria de acreedores. Todo volvió a fojas cero.

Dos horas después del fallo de Lorenzini, el gobierno de Santa Fe, distante hasta ese momento del conflicto, presentó una propuesta elaborada por el equipo de Omar Perotti, que planteó una alternativa a la expropiación, a través de una intervención con participación de la provincia. Pero el magistrado decidió desgajar ese plan del expediente principal para que fuera analizado como un incidente aparte y no alterara el curso de una convocatoria que está casi paralizada.

La estrategia del gobierno no salió como se esperaba, desató un conflicto donde no lo había, en el norte de Santa Fe que se viralizó a nivel nacional, y la empresa, que carga con una deuda cuyo 64 por ciento es de origen financiero -según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)-, no logró hasta ahora proponer ninguna salida a los 2600 acreedores que figuran en la causa que se inició el 10 de febrero pasado.

Uno de los principales acreedores es el Banco Nación que cedió créditos a Vicentin por 18.000 millones. Esta semana el fiscal Pollicita pidió al juez Julián Ercolini la inhibición para 26 personas, entre ellas varios directivos de la entidad crediticia durante la gestión de Mauricio Macri y de Vicentin.

En medio de esa tensión que reina en las dos ciudades del norte de Santa Fe, donde el jueves pasado se cristalizó de manera palpable la escenografía de la grieta política, con marchas a favor y en contra del gobierno, el juez Lorenzini convocó para el miércoles próximo a los directivos de Vicentin y a los representantes del gobierno de Santa Fe a una audiencia de conciliación "en busca de una posible solución restaurativa al conflicto". El magistrado espera que se arribe a un acuerdo entre las partes para "favorecer la economía y celeridad procesal que el caso amerita". Desde la empresa, según señalaron a LA NACION, no tienen demasiadas expectativas con la instancia que abrió el juez pero van a ir a escuchar al gobierno santafesino, que tampoco deposita ilusiones en esa instancia.

El norte de Santa Fe es una región que no está acostumbrada a los conflictos políticos. La crisis de Vicentin abrió una grieta entre dos ciudades que solo están separadas por el arroyo del Rey. Perotti enfrenta un conflicto que no buscó y que le provocó serios problemas internos, con un gabinete mucho más afín al sector productivo que a las pretensiones iniciales de expropiar la empresa.

El 1 por ciento de los acreedores privados de Vicentin posee el 56 por ciento de las acreencias. La deuda de la agroexportadora está concentrada en pocas manos: 18 empresas. La que encabeza esa nómina es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que le reclama a Vicentin 4.929.060.800 pesos.

El miércoles el presidente inauguró el puerto de ACA en Timbúes, en Santa Fe, y puso como ejemplo a esta cooperativa. "La Argentina necesita sistemas de desarrollo nacionales mejores para que la producción del norte pueda salir por el río Paraná hacia el mundo", afirmó Fernández.

El llamado "plan Perotti" apunta a convencer a este grupo vip de acreedores a modelar un nuevo negocio, con influencia del Estado. Esa estrategia busca restarle protagonismo al juez de Reconquista, convertido en una especie de "héroe" en Avellaneda y Reconquista.

Desde la administración de Perotti plantearon que "un problema en la causa que es que la empresa nunca presentó el último balance de 2019". "La convocatoria más grande de la historia de Santa Fe se sustenta en un estado contable irreal, que corresponde a 2018, cuando la empresa argumentaba que iba a repartir dividendos por las ganancias que tenía", señalaron.

El gobierno prevé que los directivos de Vicentin cederán en algún momento, porque por ahora no se ve ningún plan de la empresa, por fuera del respaldo popular que inesperadamente ganaron en el conflicto. El juez intimó la semana pasada a la AFIP que levante las sanciones contra la compañía y le permita exportar, sin saldar una deuda de 1118 millones con el organismo recaudador.

El único ingreso de dinero de Vicentin por ahora es por el alquiler de la planta y terminal portuaria de San Lorenzo, donde ACA y el grupo Olio, oriundo de Rosario, operan a fasón, por lo que se encargan de pagar los sueldos a unos 800 empleados.

Los dos gremios mayoritarios como la Federación de Aceiteros y el Sindicato de San Lorenzo le hicieron saber al juez que están a favor de la intervención tripartita que planteó el gobierno santafesino.

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