Emprendedores: se conocieron de chicos jugando al rugby y crearon un negocio que los convirtió en los “nuevos policías” de los countries

La pandemia fue un catalizador de mudanzas a barrios cerrados, tendencia impulsada por quienes desean acercarse al verde en su día a día y buscan un cambio en su estilo de vida. La demanda para vivir en un country aumentó exponencialmente en 2020 y junto con ella creció la cantidad de gente que circula por las calles. La falta de veredas, bicisendas y sendas peatonales en estos lugares y la libertad con la que sus residentes circulan suele propiciar escenarios de accidentes viales.

Para evitar siniestros viales e infracciones, los barrios contratan cada vez más servicios que refuercen este aspecto. Es usual que estos espacios regulen el tránsito a través de vallas que impiden levantar mucha velocidad. Hoy en día se usan tecnologías como cámaras para controlar la rapidez con la que manejan los conductores dentro del predio.

La inquietud de comenzar este emprendimiento nació en 2005, cuando dos amigos de la juventud se reencontraron para crear un negocio que en 2021 superó los $85 millones en facturación. La amistad de Juan Martín Piedra y Alberto Carrara se forjó inicialmente a través del rugby en el Centro de Graduados del Liceo Naval, en Núñez, pero la decisión que tomó la familia de Juan Martín en 1984 de mudarse a zona norte separó sus caminos. Luego de la muerte de su padre, Alberto se aventuró como inversor en locales comerciales del Cerro Catedral y junto a sus hermanos apostó por un emprendimiento de traslados corporativos. Por su parte, Juan Martín se dedicó a la administración de countries y barrios cerrados. Sin embargo, el destino profesional los volvió a unir.

“Juan ya estaba con proyectos propios en Tigre, una zona que estaba creciendo fuertemente y que le veía mucho potencial, allí identificó muchas necesidades. Él sabía que había muchas otras cosas por hacer y me convocó, junto a mis hermanos en un inicio, y empezamos a pensar qué podiamos aportar. Así surgió la idea de las foto multas en los barrios cerrados para controlar la velocidad”, cuenta Alberto Carrara, uno de los dos socios fundadores de Vialseg, empresa de soluciones de seguridad electrónica vial y urbana.

Además, dice que el potencial del negocio lo vio Juan, quien “fue testigo privilegiado del crecimiento de estas urbanizaciones después de la crisis del 2001, cuando mucha gente quiso hacer un cambio de vida. Con la pandemia se volvió a ver esa decisión de mudarse a vivir en estos espacios. El mercado en el momento que pensamos en el proyecto de Vialseg estaba pidiendo mayor gestión profesional en la prestación del servicio, ahí es donde nuestra sociedad se hizo fuerte y rápidamente tomó protagonismo”, agrega.

En aquella época, la seguridad vial en los barrios era muy rústica. Por ejemplo, para que los autos circularan a altas velocidades se ponían vallas como obstáculos con el fin de que las esquiven despacio. Con objetivos alineados, el par de amigos invirtió US$10.000 de fondos propios para fundar la compañía que hoy ofrece equipos de control de velocidad con indicadores y foto multas. La penalización en caso de violar los límites permitidos queda en manos de la administración del barrio privado.

En cuanto a la efectividad del sistema, los números muestran proyecciones alentadoras. “Tenemos estadísticamente comprobado que, en los barrios grandes a los dos meses de instalados nuestros módulos, donde cada uno consta de cinco puntos de control entre indicadores y radares fotográficos, ya se reduce en un 90% la cantidad de actas de infracciones. Es decir que hace casi 17 años nos encontrábamos con barrios grandes con 3000 incidencias viales por mes y observamos en la actualidad que con estas medidas de seguridad que proponemos, al año bajan a 300 o 400 incidencias mensuales. Esto significa un notable descenso de las posibilidades de accidentes de tránsito”, indica Juan Martín Piedra.

Respecto a los costos, la cantidad de máquinas necesarias se mide en módulos de acuerdo al número de personas que habita en la urbanización. Por ejemplo, para un barrio cerrado con 400 lotes o casas, desde la empresa indican que se necesitaría contratar dos módulos de Vialseg que requerirán 10 puntos de control (dos puntos que serían indicadores de velocidad en las dos entradas del predio y ocho puntos que son equipos de medición de velocidad en las calles). Por este abono mensual el barrio paga alrededor de $90.000.

Qué barrios buscan

La demanda para este tipo de sistema supera lo latente en el país. En 2021 la empresa creada por Juan Martín Piedra y Alberto Carrara en 2005 creció 84% en facturación y ganó un cuarto de sus clientes. Para este año, confiesan que sus expectativas son igual de grandes y proyectan que la cifra crezca a $125 millones. Hoy en día operan en más de 100 barrios cerrados y cuentan con un convenio con el Municipio de Tigre para el que diseñaron un plan integral y a medida para esa localidad.

Entre los barrios del GBA que ya cuenta con el servicio se encuentran el Club de Campo Abril, Haras Santa María, Club de Campo Grand Bell, El Cantón, La Providencia, Nuevo Quilmes, Banco Provincia, San Isidro Labrador, Talar del Lago, Santa Catalina, Tortugas C.C., Estancias del Pilar, Los Jazmines, entre otros.

El negocio también encuentra su éxito en otras provincias del país. En Córdoba es donde notaron mejor repercusión con un crecimiento del 300% desde su llegada y en Santa Fe del 100%. Mientras tanto, siguen apostando por ganar terreno en Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y en el sur de la Argentina.