Cómo reaccionaron los jueces y fiscales amenazados por Guille Cantero
Las intimidaciones del líder de Los Monos provocaron una paradoja, ya que los funcionarios judiciales prefieren no concurrir al debate oral como testigos
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
La literalidad del mensaje del líder de Los Monos Máximo Ariel “Guille” Cantero, que dijo el viernes de la semana pasada que su oficio “es contratar sicarios para disparar a jueces”, aportó mayor tensión en Rosario, donde se desarrolla el juicio por los 14 atentados contra jueces y edificios judiciales que perpetró esa organización criminal. El gobierno de Santa Fe extremó la seguridad sobre los posibles blancos marcados por el jefe de esa banda narcocriminal, en cuya celda en el penal de Marcos Paz se detectó esta semana un teléfono fijo.
Efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) custodian a una decena de funcionarios judiciales que participan en el juicio, tanto fiscales, miembros de tribunal y también aquellos que están entre las víctimas, como los magistrados Ismael Manfrín y Marisol Usandizaga, cuyas residencias fueron blanco de los ataques de Los Monos. Hay 270 efectivos y unos 70 patrulleros abocados al operativo de seguridad, entre ellos agentes de élite.
El pico de tensión se vivirá la próxima semana cuando tengan que declarar los magistrados que sufrieron los atentados. Hubo un intento de que lo hicieran de forma virtual, pero la defensa de Guille Cantero rechazó esa posibilidad, según explicó a LA NACION el fiscal Gastón Ávila. “No quieren concurrir pero no les va a quedar otra alternativa”, señalaron fuentes judiciales. Parece una paradoja que magistrados prefieran no concurrir a un juicio como testigos.
Los acusados en este juicio, entre ellos el líder de Los Monos, participan de manera virtual del debate, luego de que se acordara esta alternativa por la peligrosidad que representa para la seguridad pública el traslado de los presos al Centro de Justicia Penal. Esa recomendación la dio el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, luego de evaluar la situación.
El fiscal Matías Edery, que integra el equipo de acusadores contra Cantero, señaló que sus custodios personales le recomendaron que su seguridad sea más “estricta”. El funcionario, que está al frente de las investigaciones más importantes en Rosario, contó como reflejo de esa situación que el fin de semana pasado tuvo “que bajar a buscar una pizza con un chaleco antibalas”. Edery aclaró que “hace dos años que tiene custodia” y que ya se fue “adaptando”. “Por supuesto no es la situación más cómoda”, señaló.
Durante los últimos días se agudizó el operativo de seguridad en torno al Centro de Justicia Penal, donde el jueves de la semana pasada dos hombres en moto dispararon contra los vidrios del edificio diseñado por el arquitecto Mario Corea e inaugurado en 2017, donde se construyó la infraestructura para que funcionaran las salas de audiencias ajustadas al nuevo sistema procesal penal que comenzó a regir en 2014.
El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, pidió que el gobierno contrate un ingeniero en seguridad edilicia para que la Justicia pueda tener un informe detallado de cómo se debe proceder para que puedan evitarse los ataques a balazos contra el Centro de Justicia Penal. “Estos son hechos gravísimos que procuran generar intimidaciones a todos los operadores del sistema judicial. Debemos procurar evitarlo. Y para eso, teniendo en cuenta que el edificio ya ha sufrido varios atentados, se deben buscar mecanismos y medidas para evitar estos sucesos”, afirmó el funcionario.
Una situación de alto riesgo
Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados, afirmó en diálogo con LA NACION que “el ataque fue un desafío al Poder Judicial y la respuesta de los tres poderes del Estado debe ser contundente”. Y agregó: “No podemos permitir que una banda narcocriminal ponga en esta situación al Poder Judicial”.
Es el cuarto ataque a balazos que se produce al Centro de Justicia Penal. La titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, aseguró esta semana que ese atentado “es un mensaje que no respeta límites y va contra el sistema”. Balangione comentó que el organismo acaba de adquirir una propiedad frente al edificio del CJP, al cual están evaluando blindarlo a raíz de estas amenazas contra el sistema.
“Van a desfilar más de 100 testigos, entre jueces, fiscales y diputados, por lo que la situación es delicada”, explicó ministro de Seguridad de Santa Fe Jorge Lagna, que admitió que desde el gobierno se pidió a los miembros del Poder Judicial que el juicio se haga de manera virtual para evitar el traslado de los detenidos. “Pasamos de riesgo extremo a alto riesgo” de que se produzca un nuevo ataque, afirmó el ministro.
El funcionario admitió que le pidieron a los miembros del tribunal que se realicen jornadas extendidas de este juicio para lograr que se termine en menos de 15 días. Los problemas son mayores, porque Cantero no es el único juicio que enfrenta.
El viernes de la semana pasada comenzó otro debate oral por el crimen que se produjo el 12 de enero de 2019 en el Casino City Center, donde murió el exgerente del Banco Nación de Las Parejas Enrique Encino. La acusación judicial apunta a que ese ataque fue planificado por miembros de Los Monos, bajo la supervisión de Guille Cantero, que en ese momento estaba preso en el penal de Ezeiza.
Otro de los imputados por los ataques a balazos es un gremialista. El exlíder del Sindicato de Peones de Taxis Horacio Boix está acusado por el fiscal Carizza por dos delitos: administración fraudulenta del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario y por participar en extorsiones –junto a otros integrantes de Los Monos– a otros miembros de la comisión directiva del sindicato del que fue desplazado.
Cantero, junto con otros siete imputados, están acusados de haber planeado y ordenado los atentados contra blancos judiciales, a partir del 29 de mayo de 2018, cuando el juez Ismael Manfrín que ordenó el traslado del líder de Los Monos de la cárcel de Piñero, ubicada a 25 kilómetros de Rosario, a la Unidad Penal Nº 7 en Resistencia, Chaco. Esa noche, mientras jugaba la selección nacional de fútbol, dos inmuebles en los que había vivido hasta hacía poco tiempo el magistrado fueron baleados.
Los fiscales pidieron una pena de 24 años de prisión para Guille Cantero, quien se encuentra alojado actualmente en el penal de Marcos Paz, por estos atentados. Si es sentenciado el líder de Los Monos cargará sobre sus espaldas condenas por 86 años de cárcel y será el preso que más imputaciones judiciales enfrenta en la justicia.
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