Dalma y Gianinna van por todo: mediación clave por el documental que expuso el juicio a Maradona
Las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe, iniciaron una demanda contra la productora Ladoblea SA y sus responsables por el proyecto audiovisual sobre el juicio por la muerte de su padre
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LA NACION
Una oficina en el centro porteño será hoy el escenario del próximo capítulo judicial vinculado al escándalo por el documental Justicia Divina, que pretendía retratar el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y que fue anulado. La audiencia de mediación será en Viamonte 524 y fue convocada por la mediadora María Carmen de Irigoyen, en el marco de la causa por “daños y perjuicios por uso indebido de imagen” iniciada por Dalma y Gianinna Maradona. La citación fue notificada formalmente el 11 de agosto, según consta en la cédula a la que accedió este medio.
La demanda civil apunta contra la productora Ladoblea SA y sus responsables: José Arnal Ponti y también contra María Lía Vidal Aleman y Jorge D’Emilio, sindicados por testigos como la guionista y cerebros del proyecto. El monto reclamado aún no fue determinado. La audiencia se enmarca en la Ley 26.589 y el Decreto 1467/11, que regulan la mediación prejudicial obligatoria. Las partes deberán presentarse personalmente y con asistencia letrada, salvo excepciones previstas por la normativa.
El conflicto se originó a partir de la realización de un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que había comenzado el 11 de marzo pasado en los tribunales de San Isidro. El proyecto fue impulsado por D’Emilio y Vidal Aleman, amiga de la jueza Julieta Makintach, quien integraba el tribunal del debate y fue apartada tras conocerse su vínculo con el contenido audiovisual que protagonizaría.
Según el presidente de Ladoblea SA, José María Arnal Ponti, el documental tenía un costo estimado de US$800.000 y ya contaba con un guion, un teaser y un work in progress (WIP). Las imágenes fueron grabadas en el edificio de los tribunales el domingo 9 de marzo, dos días antes del inicio del juicio, y también durante la primera jornada del debate.
Arnal Ponti sostuvo que la jueza Makintach estaba al tanto del proyecto y que había prestado conformidad para su realización. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, la magistrada negó conocer el contenido del documental y solo admitió haber autorizado el ingreso de D’Emilio y Vidal Aleman a la sala de audiencias. Posteriormente, presentó su renuncia, que aún debe ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof.
La investigación penal sobre el documental está a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes ordenaron el allanamiento de la sede de Ladoblea SA el 22 de mayo pasado. La denuncia fue presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el menor de los hijos de Diego.
En su escrito ante la fiscalía, Arnal Ponti explicó que las imágenes grabadas eran parte de una etapa preliminar del proyecto, destinada a conseguir financiamiento. Afirmó que las tomas fueron enviadas bajo reserva a posibles inversores, entre ellos una empresa de Turquía, una productora de Los Ángeles y una plataforma internacional de streaming.
También detalló que el reparto de eventuales ganancias había sido acordado verbalmente entre la productora, D’Emilio y Vidal Aleman, sin participación alguna de la jueza Makintach. “Jamás se me mencionó o se sugirió una participación de la jueza en las posibles ganancias”, afirmó.
El presidente de Ladoblea SA relató además que el ingreso al edificio de tribunales se produjo con acompañamiento policial y que las grabaciones se realizaron a la vista de numerosos testigos, lo que —según su interpretación— confirmaba que no se trataba de una actividad clandestina ni desautorizada.
La audiencia de mediación convocada para el próximo miércoles será el primer paso formal en el proceso civil iniciado por las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe. En caso de no llegar a un acuerdo, la causa podría avanzar hacia una demanda judicial por daños y perjuicios, en paralelo a la investigación penal que sigue su curso.
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