En Córdoba, los delincuentes roban para comprar droga

CÓRDOBA.– En esta ciudad de 1.300.000 habitantes, los delincuentes roban para poder drogarse. Así lo demuestran las estadísticas oficiales elaboradas por la justicia local, que indican que ocho de cada diez acusados por robos actuaron con el objetivo primario de comprar algún estupefaciente.

Esta revelación refleja cómo se vive en una parte de esta ciudad en la que existen barrios, como el Maldonado, en los que funcionan veinte puestos de venta de droga en cuatro manzanas, donde más de la mitad de los 85 homicidios que hubo en lo que va del año en la provincia ocurrieron por ajustes de cuentas entre bandas y donde la policía "ayuda" a los narcos a eliminar la competencia.

"La mayoría de los delitos están vinculados con la droga y esto convirtió a los narcotraficantes en los mayores reducidores de objetos robados. Lo que ocurre es que los asaltantes cometen los robos para poder seguir drogándose. Después de cometer un delito llevan el botín a un narco o al dueño del puesto de venta de droga para que se lo cambie por cocaína. Así, todos los objetos robados van a parar al mercado negro", explicó Sebastián García Díaz, ex secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.

Si bien al recorrer la ciudad se advierte una importante presencia policial, con controles en los puentes que cruzan el río Suquía –lo que causó una baja en la cifra de robos en la zona céntrica–, la situación cambia en la periferia.

Los vecinos de los barrios Maldonado, Müller, Colonia Lola, Renacimiento, Altamira y Bajada San José solicitaron al gobernador, José Manuel de la Sota, que instalara cámaras de seguridad para que queden en evidencia los dueños de los autos que van a comprar droga en los cientos de puestos de venta que existen en la zona.

"Me he cansado de denunciar las casas donde venden drogas. Trabajan con total impunidad. Esa impunidad se advierte el día de las elecciones, cuando se ve a los dueños de esas casas como fiscales de mesa", expresó un integrante de una ONG que trabaja para sacar a los chicos de la adicción a las drogas en las adyacencias del cementerio San Vicente, que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a eventuales represalias.

Tanto este dirigente social como el legislador provincial Aurelio García Elorrio interpretan que los narcotraficantes se aprovecharon de la falta de trabajo en los barrios aledaños de la ciudad y coparon la zona periférica.

"Mucha gente de los barrios Marqués de Sobremonte, Villa Cornú, Colonia Lola, Mariano Fragueiro, Villa Páez y Yapeyú, por citar sólo algunos, ha encontrado en la venta de droga una salida laboral. Algunos lo hicieron desde su casa y otros están en el delivery. También hubo casos de vecinos que les alquilaron sus viviendas a los narcos para guardar droga a cambio de 500 pesos por semana", explicó García Elorrio, que hace cinco años había denunciado el avance del narcotráfico sobre varios barrios de la ciudad.

Según el legislador, en los últimos meses el gobierno encabezado por De la Sota destinó más recursos a la Dirección Antidrogas de la policía provincial y comenzaron a efectuarse controles en las rutas. "La siguiente etapa es frenar la demanda de droga en los barrios", explicó a LA NACION.

Homicidios

Mientras se intensifican los problemas generados por la droga, también se repiten los casos de uniformados involucrados en delitos. Hay policías investigados por el homicidio de un joven de 23 años asesinado al quedar en medio del fuego cruzado de dos bandas rivales que se disputaban el territorio para vender droga en la cancha de bochas situada en Mackay y Gordon, del barrio Mariano Fragueiro. En la investigación se determinó que el joven no tenía nada que ver con las bandas que se enfrentaban y que la policía ayudó a uno de los grupos a liberar la zona y concretar el ataque.

La falta de respuestas de la policía se dio también en el homicidio de Nilda Díaz, de 74 años, que murió del susto cuando fue víctima de un robo en su casa del barrio Crisol Norte. Por este hecho, ocurrido hace una semana, todavía no hay detenidos ni sospechosos.

A raíz de la sucesión de homicidios ocurridos en los últimos años en esta ciudad, un grupo de vecinos formó la Asociación Civil Padres del Dolor.

Juan Basualdo –presidente de esa ONG– y Rosario son los padres de Enzo, de 16 años, a quien mataron cuando festejaba su cumpleaños en la puerta de su casa, en el barrio Villa Libertador.

Gabriela Ludueña sufrió el asesinato de su hermano, Mario, de 26 años. Lo asesinaron para robarle la moto en el barrio Altamira. Hace dos meses fue apresado un sospechoso, que había estado prófugo durante cinco años. La cuñada de Ludueña vive a pocos metros de la casa del imputado y sufrió amenazas de la familia de éste; no puede salir de su casa.

Hay más víctimas. Karin Paola González era policía y se desempeñaba en la comisaría de Alta Gracia. La encontraron muerta con un tiro en el cuello. Su madre, Dominga Pérez, acusó al novio de Karin, también policía, pero el fiscal nunca lo citó a indagatoria. A su lado, Graciela Córdoba recordó que en menos de un año fueron asesinados dos de sus hijos: Daniel y Héctor Calderón. A todos los mataron durante robos. Sólo en el último de los homicidios hubo dos sospechosos condenados a 12 y 14 años de prisión. El otro asesinato quedó impune.

Por Gustavo Carabajal

• Narcotráfico
• Inseguridad

---

Conforme a

“Se busca información” La CBP lanzó una nueva lista de migrantes perseguidos en la frontera con México

Megaoperativo en Italia. Casi 400 detenidos por narcotráfico y más de una tonelada de droga incautada

Puente-13. Armas y tráfico de drogas: así opera la banda de origen mexicano desmantelada en California