Es juez, guardó material de abuso sexual infantil de un expediente en la “nube” y Google lo denunció: lo allanaron y terminó él con una causa penal

“Es una historia de terror. Todavía estoy con tratamiento psicológico”, dice Andrés Leonelli, con 25 años de trayectoria en la Justicia. Actualmente es juez de Cámara en Ushuaia, Tierra del Fuego. En 2016, cuando desempeñaba funciones como magistrado de primera instancia en Río Grande, instruyó una causa por delitos sexuales contra menores. El expediente incluía una serie de archivos que descargó en su computadora de uso laboral y, después, al hacer un backup, se subieron a su perfil de Google Drive.

Lo que siguió fue el bloqueo de sus cuentas y un reporte de la multinacional de tecnología ante la National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec) de los Estados Unidos, que derivó en una causa penal en la que se lo investigó por la producción o facilitación de imágenes con contenido de abuso sexual infantil.

El año pasado, cuando Google le bloqueó su cuenta, Leonelli pensó que el “algoritmo” había leído algunas de las sentencias que había subido al Drive y que podía tratarse de una confusión relacionada con las causas penales que había instruido. Pero lo que siguió fue, para él, una pesadilla.

Su domicilio fue allanado. También su despacho en los tribunales de Río Grande. Finalmente, en octubre pasado fue sobreseído “con expresa declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor que hubiere gozado”. En este tipo de casos, esa formalidad puede resultar insuficiente y el impacto en las carreras y las vidas de los implicados es fuerte y perecedero.

Acto seguido, Leonelli entabló demandas contra Google en los fueros penal y civil. Recientemente logró un fallo a su favor por parte del juez civil y comercial federal Marcelo Bruno Dos Santos, quien ordenó a Google que “en el término de tres días arbitre los medios necesarios para restituirle” a Leonelli las cuentas bloqueadas y sus “aplicativos vinculados”.

En el recurso de reposición presentado ante el juez Dos Santos, Leonelli explicó que “en el marco de sus tareas, tanto como juez de instrucción como en su actual función de vocal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, conservaba en su computadora institucional archivos digitales correspondientes a causas penales tramitadas durante su carrera judicial, consistentes esencialmente en documentos de trabajo y sentencias”.

Sostuvo que “el almacenamiento de documentación judicial en soportes digitales personales o en la nube −tales como Google Drive, servicio prestado por la demandada− es promovido por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego para favorecer el flujo de trabajo remoto” y agregó que “no existe reglamentación alguna que imponga el uso de otra plataforma digital para el resguardo de datos laborales, ni que sugiera o prohíba el empleo de otros servicios de almacenamiento, ni sistemas oficiales obligatorios al efecto”.

Después recordó que en abril de 2025 “transfirió archivos judiciales desde su computadora institucional hacia su cuenta personal de Google Drive con el fin de favorecer el flujo de trabajo”. Agregó que “entre esos archivos laborales se incluyeron imágenes que formaban parte de un proceso judicial por delitos sexuales contra menores cuya legítima tenencia se originó en su función pública como juez de instrucción en 2016, y que tales archivos se incorporaron a la memoria de su computadora institucional de forma automática, con motivo de la apertura de archivos encriptados, sin advertir al usuario. Dijo que el alojamiento de esos documentos en su computadora laboral no fue voluntario, ya que se originó en un proceso automático de descarga, por lo que desconocía su tenencia”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Tras el reporte de Google, la Ncmec se comunicó con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia.

Para Leonelli, según el expediente que tramita ante el juez Dos Santos, “con base a esa denuncia, que únicamente pudo generarse por la conducta arbitraria y desaprensiva de Google, que parcializó dolosamente su contenido, omitió elementos esenciales para determinar el origen de los archivos, mintió acerca de su potencialidad delictiva, calificándola como acción maliciosa, y soslayó intencionalmente los descargos del actor que estaban en su poder, se dispusieron allanamientos y medidas judiciales que fueron difundidos masivamente por medios de comunicación y redes sociales, generando un grave daño material, moral, reputacional, físico y psíquico al magistrado, su esposa y sus hijos”.

El juez Dos Santos, al hacer lugar a lo solicitado por Leonelli para que Google le restituyera la cuenta, resaltó que la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego “declaró la absoluta inexistencia de conducta delictiva de su parte, acreditando que las imágenes investigadas formaban parte de documentación judicial de legítima tenencia obtenida en el ejercicio de su función como juez de instrucción, que desconocía que dicho material se almacenaba dentro de una copia de respaldo de su material de trabajo, y que la carga a la nube se realizó en bloque junto a miles de archivos laborales”.

Por Gabriel Di Nicola

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