Es socia de un comisario y vendió un complejo de cabañas por 2,8 millones de dólares: el comprador fue preso por lavado
El sospechoso, Claudio Umaño, había sido detenido la semana pasada por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado
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El 10 de noviembre pasado, Claudio Umaño compró un complejo de cabañas en Uribelarrea, en el partido de Cañuelas, por 2,8 millones de dólares. Cuando se firmó el boleto de compraventa pagó US$50.000 y se comprometió a pagar 60 cuotas mensuales de US$45.833 cada una.
Así surge en un expediente judicial donde se investiga a una organización criminal por el presunto lavado de dinero proveniente del contrabando de cobre y otros metales.
El complejo tiene cuatro cabañas “premium”, cuatro “comunes”, dos vagones de tren adaptados como bungalows, una casa principal de dos plantas, dos piscinas (una climatizada) y una granja.
Umaño fue detenido hace diez días por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA), por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y a pedido del fiscal Fernando Domínguez, que está a cargo de la investigación.

Una supuesta copia del boleto de compraventa, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, fue descubierta en el teléfono celular de Umaño cuando detectives policiales allanaron su domicilio, en julio pasado.
“De acuerdo a la base de datos Nosis, la vendedora, [identificada como S. E. B.] posee vinculación, por medio de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con un comisario que llegó a la máxima jerarquía del escalafón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Idéntico vínculo se halla al cotejarse la base de datos de la Dirección de Propiedad Automotor: son titulares, en conjunto, de una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2025“, según surge de un documento al que tuvo acceso LA NACION y que fue incorporado al expediente judicial.
El vínculo entre la vendedora del complejo de cabañas y el comisario, cuya identidad se mantiene en reserva, consta en el expediente judicial, explicaron fuentes del caso.
Detectives que participan de la investigación suponen que Umaño pagó mensualmente las cuotas pactadas hasta julio pasado, cuando fue allanado su domicilio.
Además del complejo de cabañas, en junio de 2023 Umaño compró un lote en un parque industrial de Moreno.

La investigación por la que Umaño y otros ocho sospechosos están detenidos comenzó a partir de la declaración de un “arrepentido” que aportó datos sobre la operatoria de la organización criminal.
“De acuerdo con lo declarado por el imputado colaborador, la maniobra comprendía el transporte del material en cuestión hacia Bolivia mediante supuestas maniobras de contrabando; en aquel país era comercializado por un ciudadano boliviano que lo exportaría a empresas radicadas en el extranjero, como los Estados Unidos, y una vez recibido el pago, transfería los fondos correspondientes a la organización de chatarreros, a cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras de Hong Kong y China. Luego, una vez acreditados los fondos en dichas cuentas, se liquidaban las transferencias por medio de pagos que eran retirados en una oficina de la ciudad de Buenos Aires por los distintos integrantes de la organización de chatarreros, ya sea en dólares o en pesos argentinos, según sus requerimientos”, según se desprende del expediente judicial.
En julio pasado, según informaron fuentes judiciales, se hizo una serie de allanamientos con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para intentar reconstruir la operatoria de lavado de la organización bajo sospecha. En el marco de los procedimientos se allanó una casaquinta de Moreno donde se secuestraron 4 millones de dólares.
En un reciente dictamen, el fiscal Domínguez solicitó allanar propiedades en el barrio Haras San Pablo, de General Rodríguez; en el country Las Liebres, de Escobar; en el barrio privado La Comarca, de Tigre; en el barrio San Lucas, de Ingeniero Maschwitz, y en el barrio cerrado Estancia Alvear, de Don Torcuato, entre otros.
A partir de la información que los investigadores pudieron obtener del teléfono celular de un sospechoso, se pudo “reconstruir con claridad el mecanismo de pagos aplicado en la maniobra”.
Al fundamentar el pedido de detención de los sospechosos, el fiscal federal Domínguez afirmó: “Los distintos miembros de la organización, por medio de la fachada de las sociedades comerciales dedicadas al reciclaje de chatarra, aplicaron y convirtieron parte del capital ilícitamente obtenido mediante la adquisición de chatarra para su reventa y contrabando, procediendo así a continuar con el circuito de reciclaje de la organización”.
Los detectives policiales y judiciales pudieron reconstruir que, con el dinero que obtenían por el contrabando de cobre y otros metales, los sospechosos compraron, además del complejo de cabañas en Cañuelas, departamentos en Caballito y Villa Lugano, construyeron un edificio en Villa Urquiza y adquirieron autos marca Mercedes Benz y camionetas 4x4.
Cuando pidió la detención de los sospechosos, el fiscal federal Domínguez afirmó: “Se investiga la posible existencia de una organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes de actividades relacionadas con el comercio internacional de chatarra de metales que se llevaría a cabo por vías informales y/o eludiendo los controles formales de tráfico de mercaderías, aunado ello a la posible comisión de delitos tributarios por parte de los investigados”.
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