Llegó a la Corte Suprema de los EE. UU. el recurso que pide revisar la orden de ejecución de Víctor Saldaño, el cordobés condenado a muerte hace 30 años
En 2019 el máximo tribunal rechazó revisar el caso. Su abogado basa el reclamo en la discapacidad intelectual del cordobés
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La Corte Suprema de los Estados Unidos volvió a recibir un pedido por Víctor Saldaño, el único argentino condenado a muerte en ese país. Tal como adelantó LA NACION, el abogado que lo representa ante la Justicia norteamericana, Benjamín Wolf, pidió al máximo tribunal federal de ese país que revise la decisión de ejecución de Saldaño en Texas.
Aunque en 2019 otro requerimiento análogo fue denegado, el letrado confía en revertir esa resolución. “No hay tiempos para que se defina; puede ser en una semana o dos meses. Es difícil de saber, pero tengo esperanza”, dijo Wolf a este diario.
También indicó que el Estado de Texas -donde Saldaño fue condenado- “escribió una respuesta” en coincidencia con los argumentos de la defensa. En la presentación se insiste en que el cordobés -que este año cumple 30 en el corredor de la muerte- “demostró al menos una alegación prima facie de discapacidad intelectual", también conocida como Trastorno del Desarrollo Intelectual.
En esa línea, el escrito sostiene que, “si bien el Estado [de Texas] inicialmente solicitó fijar una fecha de ejecución […] debido a que el perito del Estado y otros tres” de parte de Saldaño “coinciden en que es una persona con discapacidad intelectual, el Estado [Texas] ahora ha admitido que no cumple con los requisitos establecidos” para ejecutarlo, aunque “no obstante, denegó la revisión del fondo” del reclamo.
El 25 de noviembre de 1995 Saldaño y el mexicano Jorge Chávez asesinaron a Paul King, un vendedor de computadoras y padre de familia. Lo abordaron en el estacionamiento de un supermercado en Plano, Texas, cuando iba en busca de su auto para irse a su casa. Con un arma lo forzaron a ingresar en el vehículo; lo llevaron a la zona del lago Lavon, en las afueras de la ciudad. Le robaron 50 dólares y un reloj (que fue encontrado en poder del cordobés cuando lo detuvieron) y lo mataron de cinco tiros.
Los fiscales calificaron el delito como capital murder (homicidio capital), que en Texas implica secuestrar a la víctima con un arma y asesinarla, delito castigado con la pena de muerte. El primer juicio fue en 1996; Chávez confesó su participación en el asesinato y el robo y fue condenado a prisión perpetua, mientras que a Saldaño le dictaron la pena de muerte por homicidio agravado.
Esa primera sentencia fue anulada en 2000 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando Texas −a través de su procurador general– “confesó un error” al reconocer que la sentencia estaba viciada por un testimonio basado en “estereotipos raciales”. Hubo un segundo juicio en 2004, en el que el tribunal ratificó la pena de ejecución.
Wolf pide ahora a la Corte Suprema “corregir la decisión insostenible” del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas y “anular la sentencia”. El abogado basó su pedido en el caso Atkins vs Virginia (de 2002), que sostiene que un recluso condenado a muerte no puede ser ejecutado si padece de una discapacidad intelectual, ya que eso viola la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales. En esa causa, la Corte Suprema determinó que ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional.
“Existe un acuerdo inusual entre las partes sobre los hechos y las cuestiones procesales de este caso -se añade en la presentación a la que accedió LA NACION-. Asimismo, las partes coinciden en que la norma procesal estatal aplicada por el Tribunal de Apelaciones de Texas en este caso […] no fue independiente y, por lo tanto, no impide la revisión” por parte de la Corte.
El escrito señala que el Tribunal de Apelaciones de Texas no se pronunció respecto de si Saldaño podía presentar un hábeas corpus [artículo 11.071, Sec. 5 (a)(1) del Código de Procedimiento Penal de Texas]. Wolf subraya en su presentación que “no hay obstáculo para la revisión” por parte de la Corte Suprema.
Hace dos meses, en diálogo con LA NACION, Wolf planteó que Saldaño sufrió “enfermedades profundas de salud mental aun antes de ser detenido". Agregó: "Padecía esquizofrenia antes del crimen. A eso se sumó la tortura del corredor de la muerte, pero esa no es la causa de su enfermedad mental”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de fondo de marzo de 2017, concluyó que debían garantizarse condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y atención adecuada a su salud mental.
Por eso, pidió a los Estados Unidos que adoptara medidas para proteger su vida e integridad personal y que le brindara atención médica adecuada. Sus recomendaciones nunca fueron atendidas.
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