Manzur busca contener el escándalo provocado por un asesinato policial

El gobernador tucumano lanzó una depuración de las jefaturas en la fuerza de seguridad provincial, mientras crecen las quejas de la oposición
El gobernador tucumano lanzó una depuración de las jefaturas en la fuerza de seguridad provincial, mientras crecen las quejas de la oposición
Fabián López
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31 de mayo de 2020  

SAN MIGUEL DE TUCUMAN. El avance de la investigación por el asesinato de Luis Alberto Espinoza, por el que están imputados nueve policías desató un vendaval político e institucional en esta provincia.

Tras la confirmación de que el trabajador rural de 31 años y padre de seis hijos murió como consecuencia del disparo proveniente de un arma reglamentaria de uno de los efectivos detenidos en la causa, desde la oposición política pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley. Además, dirigentes de la Unión Cívica Radical enviarán una nota a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para solicitar la intervención de ese organismo en el caso de gatillo fácil que conmociona a Tucumán.

Para evitar que la escalada política del escándalo termine acrecentando el malhumor social contra su gestión, el gobernador Juan Manzur ordenó una profunda depuración en la estructura de mandos de la fuerza de seguridad, que quedó en el ojo de la tormenta.

En ese marco se realizaron cambios en los puestos de conducción de las Unidades Regionales y de algunos Departamentos de la fuerza. El último movimiento general de las jefaturas policiales se había realizado hace 10 meses.

Manzur sostuvo que "todos aquellos que hayan cometido el delito, que hayan sido partícipes de este asesinato, tienen que ser juzgados, condenados y ojalá que esto se haga rápido y se haga pronto".

El viernes 15 de mayo, Luis Espinoza y su hermano, Juan Antonio, paseaban a caballo por la zona del paraje Melcho, 70 kilómetros al sur de la capital tucumana, cuando se toparon con un operativo policial montado por efectivos de la Comisaría de Monteagudo, desplegado para dispersar a los participantes de una carrera clandestina de caballos que se había organizado en plena cuarentena.

Juan Espinoza declaró que, en medio del tumulto, se cayó del caballo y fue atacado a golpes por los policías, al igual que su hermano, quien, según dijo, fue arrastrado hacia el monte, hasta que se escuchó un disparo. Testigos aseguraron que Luis Espinoza fue subido a la camioneta de uno de los policías que había participado del violento operativo. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Tras permanecer desaparecido durante una semana, el cuerpo de Espinoza fue encontrado el viernes 22 en la base de un acantilado de 150,en Andalgalá, Catamarca, localidad próxima al límite interprovincial con Tucumán.

Según fuentes de la causa, dos de los efectivos implicados rompieron el pacto de silencio que habían montado desde el día del violento operativo. Esos uniformados confesaron que uno de ellos había matado al trabajador rural y dieron a la Justicia pistas sobre el lugar donde había sido arrojado el cuerpo.

El jueves último, expertos del Equipo Científico de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de Tucumán (ECIF) determinaron que Espinoza murió como consecuencia de la herida que sufrió al recibir un disparo por la espalda, a la altura del omóplato izquierdo, proveniente de un arma reglamentaria de la fuerza de seguridad provincial.

Se trata de una pistola Jericho calibre 9 mm que pertenecería al oficial auxiliar José Morales, uno de los efectivos procesados en la causa.

Además de Morales, por el hecho están detenidos desde la semana pasada el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González; el agente Esteban Rojas González; el vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo Sergio Santillán, y un civil, familiar directo de uno de los policías.

Pedido al Gobierno

Con los avances en la investigación, que es encabezada por la fiscal Mónica García de Targa, desde la oposición política enviaron una nota a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para brindar detalles pormenorizados del caso y solicitar asistencia jurídica para la familia de la víctima.

La presentación, que cuenta con el acompañamiento del presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, lleva las firmas de la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, de la diputada nacional Lidia Ascárate, de los legisladores provinciales José María Canelada y José Ascárate, y del concejal José Argañaraz, entre otros referentes del centenario partido.

"Estamos reclamando a la Nación que intervenga en una provincia donde parece que no hay límites, donde quienes decían que venían a cuidarnos permiten que una fracción de la policía nos mate", expresó el legislador provincial José María Canelada, uno de los impulsores de la presentación.

El parlamentario radical advirtió que "si Manzur y sus funcionarios no van a hacer nada para preservar la legalidad en Tucumán, es necesario que el Gobierno Nacional sea coherente con el discurso que predica, intervenga y tome cartas en el asunto".

En tanto, la senadora Elías de Pérez indicó que en la nota enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se mencionan "todos los casos impunes que hay en la Tucumán y que están relacionados a la violencia institucional que se está llevando adelante en la policía".

La legisladora radical dijo que piden la renuncia del titular de la cartera de Seguridad provincial, Claudio Maley, quien esta semana fue citado a brindar explicaciones en la Legislatura provincial. "Lo del ministro ya no tiene retorno. Nos matan en cada esquina, nos roban todos los días y ahora esta barbaridad. Es insoportable e insostenible. Su incompetencia no tiene límites y es el gobernador el responsable de que no tengamos seguridad", argumentó.

Además, Elías de Pérez sostuvo que en Tucumán "tiene que haber una oficina de asuntos internos absolutamente independiente".

A su turno, la diputada Ascárate dijo que le plantearán a Manzur una propuesta "para que los ascensos en la cúpula policial sean con acuerdo legislativo".

En tanto, el concejal Argañaraz, quien además es el interventor de la UCR en Tucumán, explicó que decidieron recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque en la provincia no tienen respuestas. "El Caso Espinoza no es un caso más. Es un caso de una gravedad institucional única", planteó.

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