Pelea, detenidos y presión política: marcha y cruces por un caso que divide la opinión pública en Tucumán
El episodio ocurrió en la madrugada del 29 de enero a la salida de un boliche de Tafí del Valle; la Justicia dictó prisión preventiva por un mes para dos jóvenes, una decisión que la defensa impugnó y que será revisada este sábado; convocaron para esta tarde una movilización en la plaza Mitre, de Concepción, en defensa de los detenidos
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LA NACIONJosé María Costa
La causa por la agresión sufrida por Patricio Ledezma, de 19 años, a la salida del boliche La Kañada, en Tafí del Valle, atraviesa días decisivos en medio de una fuerte controversia judicial, política y pública. Por el hecho hay dos jóvenes detenidos con prisión preventiva por un mes, una medida que la defensa cuestionó al plantear diferencias entre el informe médico forense, que calificó las lesiones como leves, y la calificación legal aplicada en esta etapa del proceso, mucho más grave. La audiencia de impugnación fue fijada para este sábado, de manera presencial, ante el juez Edgardo Sánchez. En paralelo al trámite judicial, está prevista para esta tarde una marcha a la plaza Mitre, de la localidad de Concepción, para pedir por la situación de los detenidos y protestar por los eventuales excesos llevados a cabo por la policía provincial en el operativo de arresto de los imputados.
El episodio, que derivó en un escándalo provincial que incluye al máximo nivel de la política tucumana, ocurrió la madrugada del jueves 29 de enero, cuando Ledezma salió del local bailable con dos amigos y se produjo una pelea en la vía pública. La investigación se activó con actuaciones policiales y medidas solicitadas por la fiscalía. En ese contexto se ordenaron allanamientos en Concepción, donde se concretaron las detenciones de dos jóvenes. Luego se realizó una audiencia en la que se formalizó la imputación y se dispuso la prisión preventiva de ambos.
La mención pública de Ledezma sobre la supuesta participación de 15 jugadores de rugby operó como un factor acelerante del caso por el recuerdo social que significó el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2019. Incluso bastó para que el gobernador de Tucumán incorporara ese eje en su discurso, para que la Justicia modificara en tiempo récord la calificación legal del hecho y para que la Policía desplegara un operativo de alto impacto para trasladar a los dos detenidos al penal. Esa concatenación de decisiones, producidas en pocas horas, empujó la causa a un escenario de máxima exposición, muy distinto del que presentaba el expediente en sus primeras actuaciones.
Según surge el material incorporado, el informe médico forense consignó que las lesiones de Ledezma fueron leves −tiene un ojo “en compota” y una lesión en la espalda− y que no hubo riesgo de vida. Ese dato, que tiene impacto en el encuadre legal del hecho, quedó en el centro de la discusión procesal: la defensa cuestionó la calificación elegida en esta etapa y el dictado de la prisión preventiva, y por eso presentó la impugnación que se tratará este sábado.
La causa tomó dimensión pública desde las primeras horas por publicaciones en redes sociales de videos que mostraron la parte final de la pelea. En su cuenta, Patricio Ledezma difundió mensajes sobre lo ocurrido y realizó señalamientos públicos. En ese contexto, también escribió expresiones que fueron interpretadas como intimidatorias hacia terceros, entre ellas frases como “sé dónde vivís” y “pidan disculpas”, además de referencias y advertencias de revelar información personal de otras personas. Luego, los señalados por Ledezma fueron detenidos. En otras publicaciones presentó lo ocurrido como un ataque de grupo un grupo de “rugbiers” y lo describió con una fórmula que se repitió en la conversación pública: “20 contra 1”.
En las últimas horas, además, se conoció un comunicado oficial del Club Huirapuca, mencionado en parte de las acusaciones y posteos que circularon tras el hecho. En ese texto, la institución afirmó que de los jóvenes investigados solo uno es socio y fue suspendido provisionalmente por la comisión directiva “hasta tanto se resuelva su situación procesal”. El comunicado agregó que la entidad repudia cualquier conducta violenta y reafirmó que los demás acusados no integran el club.
Según la información reunida en la causa, efectivamente solo uno de los detenidos juega al rugby, un dato que discute la caracterización generalizada del episodio como un hecho cometido por una “patota” vinculada de manera homogénea al rugby.
La diatriba del gobernador
El expediente también quedó atravesado por declaraciones del Poder Ejecutivo provincial. El martes, en una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al caso con expresiones de fuerte tono condenatorio. “Estas 20 personas que, realmente, en manada han atacado a este pobre joven, realmente son cobardes. Yo diría que casi se convierten en asesinos”, afirmó. Luego sostuvo que el Estado avanzaría con nuevas medidas: “La policía va a seguir actuando. Ya hay hoy órdenes de allanamiento y también de detención, creo que de tres o cuatro. Nosotros vamos por la detención de los veinte, vamos a seguir con las investigaciones”. Y agregó una frase vinculada al destino carcelario: “Y en Benjamín Paz [una cárcel provincial] hay espacio para todos”.
En el mismo tramo, Jaldo hizo una aclaración sobre el vínculo con el deporte. “Acá no hay que echarle la culpa al rugby, que es un muy buen deporte, un deporte sano […] Acá son individuos que pertenecen a determinados equipos de rugby y son los que cometen este tipo de delito”, señaló. También comparó el caso con antecedentes ocurridos en otras ciudades y sostuvo que el desenlace pudo haber sido fatal: “Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar una víctima, pero estuvimos cerca”, dijo.
Tras estas palabras del mandatario provincial, la fiscal a cargo cambió la calificación legal a “lesiones graves en grado de tentativa”. Fue este nuevo encuadre el que derivó en la detención de dos jóvenes.
Mientras se acumulan pronunciamientos públicos, siguen circulando versiones contrapuestas respecto de qué desencadenó la pelea y cuál fue el rol de cada involucrado. En el entorno del caso se señaló que uno de los detenidos habría intentado frenar la agresión, un punto que, de ser así, deberá ser analizado en sede judicial en función de los elementos incorporados al expediente.
También se mencionó, como una versión atribuida a un tercero que no está detenido un posible origen del conflicto dentro del boliche. Esa línea, por el momento, no reemplaza la prueba judicial y su eventual relevancia dependerá de lo que se incorpore formalmente al proceso. “Le tocó la cola a la hermana de uno de los chicos, que le dio una trompada dentro del boliche. Afuera siguieron los cruces y se terminó peleando con otros”, argumentaron ante LA NACION desde el entorno de los detenidos.
En términos procesales, la causa transita una etapa inicial, con una prisión preventiva ya dispuesta y una revisión inmediata fijada. La defensa cuestionó esa medida y pidió que se evalúe nuevamente si corresponde mantener la detención y el encuadre legal aplicado en esta instancia, una discusión que quedará en manos del juez de Impugnación sobre la base de los elementos reunidos hasta el momento.
Con la audiencia fijada para este sábado a las 9, la marcha convocada para hoy a las 18 en Concepción y el cambio de fiscal previsto para el lunes, el expediente ingresa en una secuencia de definiciones inmediatas.
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