Por qué clausuraron la finca “Karina”
Un dron reveló la magnitud de la operatoria ilegal en Aguas Blancas, a metros de la frontera con Bolivia; la Justicia Federal desarticuló la red y ordenó el cierre del predio
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En Aguas Blancas, Salta, la Justicia Federal clausuró la finca “Karina” tras descubrir una red de contrabando. La investigación, iniciada el 26 de mayo, reveló que desde esta propiedad, ubicada a solo dos kilómetros de la frontera con Bolivia, se realizaba el ingreso y egreso ilegal de mercaderías. Once personas fueron detenidas -entre ellos, una policía provincial- acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando agravado. La operatoria generaba ganancias millonarias y evadía los controles aduaneros.

La clausura la Finca “Karina”
La clausura de la finca “Karina” responde a una investigación que destapó una red de contrabando a gran escala. El predio era un punto clave para el ingreso y egreso ilegal de mercancías entre Argentina y Bolivia, para evitar los controles aduaneros. La magnitud de la operación, la estructura de la banda y la seriedad de los delitos imputados fueron cruciales para que la Justicia Federal ordenara el cierre y la detención de los implicados.
El modus operandi del contrabando en “Karina”
La finca “Karina” era el corazón de la operación. Vehículos y gomones cruzaban el río Bermejo repletos de mercancía diversa, desde alimentos y textiles hasta vehículos. La propiedad contaba con una playa adaptada para el desembarco y puntos de control donde se cobraba por el tránsito de la mercancía. Se estima que unos 300 vehículos circulaban diariamente y generaban ganancias millonarias.

La investigación
La investigación identificó a varios individuos clave en la red de contrabando. Alfredo Salazar, desde Bolivia, coordinaba el envío de mercancías. En Argentina, José Suárez, junto a los hermanos Cardozo y Pedro Rivero, supervisaban el ingreso de vehículos y el cruce hacia Bolivia. Entre los detenidos figura una policía, María Laura Tintilay, acusada de facilitar la operación.
La investigación se sustentó en diversas pruebas:
- Información de inteligencia sobre actividades ilegales en la finca.
- Trabajo de campo de Gendarmería Nacional.
- Un agente encubierto que confirmó el flujo de vehículos y mercancías.
- Un video grabado por un dron que reveló la magnitud de la operación.
- Allanamientos en la finca y otros domicilios, con incautación de documentación y pruebas.
El fiscal Marcos Romero resaltó la importancia del video del dron, que mostró la cantidad de vehículos en la playa y el constante cruce de gomones.

Según ARCA y la DGA, el movimiento económico anual generado por el contrabando en la finca “Karina” alcanzaba los $2.975.392.851,56, con un promedio mensual de casi $229.000.000.
Consecuencias
Tras la clausura, se dispuso una consigna fija de Gendarmería Nacional para evitar que se reanuden las actividades ilegales. Se ordenó el análisis de los teléfonos incautados y continúan con la investigación para identificar a otros implicados. La causa sigue abierta y se esperan nuevas pruebas.
La Justicia Federal considera que el contrabando en Aguas Blancas es parte de una estructura organizada con complicidades locales e internacionales. El caso podría generar nuevas imputaciones y reforzar los controles en la zona, donde el cruce informal de mercancías es una práctica común, tolerada por quienes se benefician de la informalidad y la falta de fiscalización.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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