Qué pasó con la mujer tucumana acusada de robo en Bolivia

La difusión de una violenta agresión colectiva en la localidad boliviana de Bermejo puso en el centro de la escena el caso de la ciudadana argentina Corina Belén Fadel. El episodio, desencadenado por una acusación de robo, derivó en una intervención policial y consular. La denuncia inicial refiere al presunto robo, hecho por la mujer tucumana, de cinco millones de pesos bolivianos de un puesto comercial.

Corina Belén Fadel fue trasladada el lunes al Penal de Morros Blancos, en Tarija, un centro de detención ubicado a casi 200 kilómetros del lugar del hecho. Las autoridades judiciales bolivianas dispusieron que debe cumplir seis meses de detención preventiva mientras la fiscalía avanza con la investigación.

El consulado argentino en Tarija logró visitarla y confirmó a LA NACION que, pese al impacto emocional, se encuentra en buen estado físico. “Está conmocionada y algo aturdida, pero bien dadas las circunstancias”, advirtió Rolando Hugo Pocovi, cónsul interino. El funcionario aclaró que la mujer no presenta hematomas visibles en el rostro ni en las manos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Tarija. Ahora, la justicia debe fijar una fecha para una audiencia clave que determinará si la acusación se sostiene y el caso avanza hacia un juicio oral. Hasta que esa instancia no se celebre, Fadel no puede abandonar Bolivia, incluso si recuperara su libertad, aunque no fue indagada ni declaró culpabilidad alguna.

La acusación contra Corina Belén Fadel es por el presunto robo de cinco millones de pesos a una vendedora de la Feria Petrolera, un popular mercado en la localidad fronteriza de Bermejo. Según el relato de la víctima, un grupo de personas ingresó a su local con la excusa de realizar compras. Mientras unos la distraían, otros sustrajeron un bolso que contenía el dinero. La sospecha recayó sobre Fadel.

Tras la acusación, una multitud de comerciantes y vecinos la retuvo en la calle. Los videos que circularon en redes sociales muestran cómo la arrastran, la insultan, la dejan semidesnuda y le cortan el pelo. Testigos afirman que incluso amenazaron con prenderla fuego y pidieron combustible para concretar el ataque.

La policía local estuvo presente durante el episodio, pero su intervención demoró varios minutos. Fadel fue la única persona detenida por el hecho; no hay registro de demoras entre quienes participaron de la agresión.

La legislación boliviana pena el robo simple, sin agravantes, con entre uno y cinco años de prisión. Si se prueba que el delito fue cometido con cómplices, armas, en un lugar despoblado o mediante engaño, la figura cambia a robo agravado, con penas que van de tres a diez años de cárcel. La ley establece que los cómplices reciben la misma sanción que los autores directos.

El futuro judicial de Fadel depende de cómo la fiscalía reconstruya el episodio. Será clave determinar si actuó sola o si, como sostienen los comerciantes, formaba parte de una banda. Su situación podría derivar en un juicio oral para definir su inocencia o culpabilidad.

Fuentes oficiales indicaron que existe la posibilidad de un acuerdo entre las partes. En ese escenario, si Fadel admite el hecho y devuelve el dinero, la causa podría cerrarse sin una condena y ella podría ser repatriada. Esta alternativa depende de que la comerciante damnificada decida no continuar con la denuncia.

Corina Belén Fadel tiene 34 años y es oriunda de Tucumán. Según fuentes oficiales, no posee antecedentes penales en la Argentina, aunque en redes sociales circularon publicaciones que la vinculan con un presunto robo en su provincia natal en 2020. El cónsul interino en Tarija, Rolando Hugo Pocovi, despejó una de las dudas iniciales y aseguró: “No hay elementos concluyentes que indiquen que su entrada haya sido clandestina”.

El consulado se enteró del caso a través de los videos virales y desde entonces monitorea la situación. “Es nuestra obligación controlar que se respeten sus garantías y que tenga igualdad ante la Justicia boliviana”, remarcó Pocovi. La defensa de Fadel está a cargo de un abogado público, Cimar Bamba, aunque desde el consulado informaron dificultades para contactarlo. Mientras tanto, la familia de la mujer tucumana denuncia torturas y exige garantías procesales. “Fue un acto de barbarie. No se puede permitir que la justicia sea reemplazada por la violencia”, lamentaron sus allegados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.