San Juan: condenaron a 10 años de cárcel a una familia gitana por trata de personas y matrimonio infantil
Un hombre, su pareja y el hijo de ambos captaron y explotaron a la víctima desde que tenía 13 años hasta los 16
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LA NACION
Un matrimonio y su hijo fueron condenados a diez años de prisión por el delito de trata de personas con fines de matrimonio infantil, en un caso atravesado por la violencia, la vulnerabilidad y la explotación sistemática de una adolescente.
La sentencia fue dictada por el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Federal de San Juan, quien consideró que los tres imputados —un hombre de 45 años, su pareja de 46 y el hijo de ambos, de 24— captaron, trasladaron y explotaron a la víctima desde que tenía 13 años hasta los 16, en un contexto de sometimiento que incluyó violencia física, abuso sexual y reducción a la servidumbre.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el epílogo de la historia se produjo el 6 de abril de 2025, cuando una mujer llamó al 911 para alertar que una mujer y varios hombres habían raptado a una menor a la que subieron por la fuerza en una camioneta en una estación de servicio de Caucete, San Juan. La policía de la provincia interceptó el vehículo y encontró en su interior a la menor junto con su hijo recién nacido.
Pero la investigación posterior realizada por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de la Gendarmería y la Unidad Fiscal Federal de San Juan reveló que los hechos se remontaban a una fecha entre marzo y abril de 2022, cuando la adolescente fue forzada a contraer una unión de hecho con un joven de 20 años bajo prácticas culturales de la comunidad gitana.
Para concretar esa unión, los padres del acusado entregaron una suma de dinero a la familia de la víctima, también gitana, lo que para la acusación configuró un mecanismo de captación en el marco del delito de trata, según precisó el Ministerio Público en su portal web www.fiscales.gob.ar.
Tras ese episodio, la joven fue trasladada desde Neuquén hacia Santa Fe, donde residía el grupo familiar de los imputados. Allí, según quedó probado en el juicio, fue sometida durante más de dos años a distintas formas de explotación: debía realizar tareas domésticas para toda la familia, efectuar ventas ambulantes en condiciones extremas y mantener relaciones sexuales forzadas con el joven, en un esquema de control absoluto sobre su vida cotidiana.
El expediente detalla, además, episodios reiterados de violencia: golpes, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, insultos y amenazas constantes. El dinero que obtenía de su trabajo era retenido por los acusados, mientras que las condiciones de vida estaban atravesadas por la coerción y el castigo. Estas exigencias se mantenían incluso durante enfermedades y embarazos.
La situación se prolongó hasta diciembre de 2024, cuando la víctima se trasladó a San Juan junto al joven y a su hijo. Allí se instaló temporalmente con su familia de origen. Sin embargo, en abril de 2025, los padres del joven volvieron a intervenir: la obligaron a subir por la fuerza a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.
En esa provincia, por caso, se reunió evidencia relevante para la causa. Información aportada por el Ministerio de Salud de Santa Fe reveló que la víctima había sido atendida en distintos hospitales públicos, destacándose un ingreso al servicio de emergencias del Hospital Protomédico Manuel Rodríguez con un diagnóstico de aborto espontáneo sin complicaciones cuando tenía 14 años. Este dato constituyó un indicador objetivo de la situación de abuso y vulneración extrema.
En la cordillera
Un nuevo movimiento de todo el grupo, esta vez en San Juan, fue el que permitió desarticular la situación. En Caucete, la joven intentó escapar con su hijo en brazos en una estación de servicio. Fue perseguida y reducida nuevamente por los acusados, pero la secuencia fue advertida por testigos, que dieron aviso al 911. A partir de ese llamado, se desplegó un operativo policial que culminó con la interceptación del vehículo por parte de efectivos de la Unidad Rural N°1 de la policía provincial y con el rescate de la víctima.
Durante el proceso, la adolescente declaró mediante el sistema de Cámara Gesell y fue asistida por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. Los informes interdisciplinarios incorporados a la causa señalaron el impacto que una situación de estas características puede generar en una persona en pleno desarrollo físico, psíquico y emocional.
En su alegato en el juicio, el fiscal Fernando Alcaraz sostuvo que, si bien los hechos se produjeron en el marco de prácticas culturales de una comunidad minoritaria, “ello no resulta explicación suficiente para la violación de derechos fundamentales”.
En la misma línea, la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, remarcó que el matrimonio infantil está prohibido por los tratados internacionales y no puede ser justificado bajo ninguna tradición en nuestro país.
Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Para garantizar su cumplimiento, se ordenó el embargo de bienes y el decomiso del vehículo utilizado en el hecho.
El fallo incluyó también medidas de reparación no económicas, entre ellas la comunicación de la sentencia en lenguaje accesible a las comunidades involucradas, tanto en San Juan como en Santa Fe, y a la familia de la víctima, que actualmente reside en Salta.
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