Se excusó uno de los jueces que debía intervenir en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona
Se trata de Alejandro Lago; el magistrado argumento cuestiones de salud
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El nuevo juicio donde se intentará develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona se quedó sin un juez. Alejandro Lago, magistrado que integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, se excusó al argumentar “razones de salud” y “carga emocional”.
La excusación fue aceptada por el TOC N°7, con las firmas de los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
“El doctor Lago, juez del cuerpo de magistrados suplentes e integrante de este Tribunal, promovió su excusación para continuar interviniendo en las presentes actuaciones por razones de salud, acompañando certificación médica que acredita su estado de salud actual, donde surge debidamente acreditado el impedimento de salud invocado que por requerir tratamiento prolongado, -que demandará una licencia de seis meses, compromete el ejercicio pleno y sostenido de sus funciones jurisdiccionales para atender la intensidad y la carga emocional que el presente juicio conlleva, dada su complejidad y la extensión de las audiencias”, se explicó en la resolución donde se aceptó el pedido.
Ahora, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro deberá hacer un sorteo para designar a un juez que reemplace a Lago.
El primer debate, que había comenzado el 11 de marzo pasado y donde ya había declara más de 40 testigos, se declaró nulo después de que los fiscales generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaran las pruebas que confirmaron el vínculo con la jueza Julieta Makintach, magistrada que intervenía en el juicio, con la producción del documental Justicia Divina.
Hace dos años, el juez Lago fue noticia cuando, en nombre del TOC N°7, integrado también por sus colegas Gaig y Coelho, le pidió perdón a un hombre que pasó dos años preso acusado de una violación que no había existido.
“Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable”, dijo Lago, según publicó en su momento LA NACION.
En mayo de 2023, el TOC N°7 absolvió al acusado porque no se pudo probar la existencia del delito por el que se lo imputó y ordenó su inmediata liberación.
El 20 de junio pasado, tras la declaración de nuliad del debate, se hizo el sorteo para conocer qué tribunal debía intervenir en un nuevo juicio. Salió sorteado el TOC N°7, integrado por Lago, Alberto Gaig y María Coelho.
Pero Coelho no pudo participar del debate porque no estaba en la nómina de magistrados disponibles porque será la encargada de coordinar el jurado popular que decidirá si la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas, tuvo responsabilidad en la muerte de Maradona.
Madrid fue la única de los ocho imputados de haber tenido responsabilidad de la muerte de Maradona en elegir ser juzgada por un jurado popular. Los otros siete son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.
Entonces, para completar el tribunal, se sorteó otro juez. La bolilla fue para Alberto Ortolani, integrante del TOC N°1.
Ayer, se conoció que la jueza Makintach fue apartada “preventivamente” de su cargo.
La decisión fue tomada por el Jurado Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires, que debe llevar adelante el jury.
“La medida dispuesta ratifica la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) a fines de mayo pasado. Más allá del alcance semejante entre ambas disposiciones, las diferencias radican en cuanto a que el apartamiento preventivo proviene del órgano político establecido por la Constitución provincial para enjuiciar magistrados y no tiene término; en cambio, la licencia del máximo tribunal era por 90 días, más allá de que podía ser prorrogable”, dijeron fuentes judiciales.
Resta saber, ahora, qué decidirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tiene en sus manos la carta de renuncia presentada por Makintach hace diez días.
En su carta dirigida a Kicillof explicó que la decisión de renuncia “se inscribe el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas”.
Al hablar del “contexto de los hechos de público conocimiento”, Makintach se refirió a la producción del documental Justicia Divina, donde se contaban detalles del juicio y que tenía a la magistrada en un rol protagónico.
Se trataba de un proyecto audiovisual de seis capítulos de media hora cada uno, a cargo de la productora La Doble, según dio a conocer el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en una de las últimas audiencias del juicio, antes de que el debate fuera declarado nulo.
“Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de Justicia”, sostuvo en su carta la magistrada.
Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017, integra, hasta el momento, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. El 28 de mayo pasado, un día después de que el fiscal Ferrari presentara las pruebas que confirmaron el vínculo entre la magistrada y el documental Justicia Divina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia compulsiva por 90 días.
Hoy se supo que anteayer, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) le presentó una nota al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, para solicitar “formalmente” que se rechace la renuncia presentada por Makintach
“La jueza Makintach fue denunciada y licenciada de manera compulsiva por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, tras los graves hechos ocurridos durante el juicio oral que investigaba las circunstancias previas a la muerte de Maradona. La gravedad de su accionar derivó en la anulación del proceso oral, con el consecuente escándalo público y daño a la credibilidad del Poder Judicial. Sostenemos que el gobernador de la provincia tiene la potestad de no aceptar esta renuncia, aun cuando no se haya alcanzado la etapa en la que la ley prohíbe expresamente su aceptación. Mientras no sea aceptada, la jueza continúa sujeta al proceso de remoción y a todas las obligaciones de su cargo. Además, recordamos que el juicio político no se agota en la remoción del cargo, sino que cumple una función esencial en el marco del sistema republicano: la rendición de cuentas ante la sociedad. Esa responsabilidad no se sustituye con un proceso penal, ya que el juicio político posee naturaleza y fines propios”, explicó la AJB en un comunicado de prensa.
El 24 de junio pasado, el mismo día en que Makintach presentó la renuncia, convocados por la presidenta de la Suprema Corte de Justcia, Hilda Kogan, que también preside el jurado, los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula bonaerense) aceptaron la competencia.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertad Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
A principios de junio pasado, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera la licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiriera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia.
Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resulta incontrastable” y “acredita sin fisuras” las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo", en referencia a ese interés meramente personal.
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