Un sector de la policía se acuarteló tras una nueva protesta frente a la jefatura en Rosario
Una veintena de patrulleros no salieron a recorrer las calles y el gobierno de Santa Fe pasó a disponibilidad a un grupo de uniformados; la falta de descanso y los largos viajes para tomar servicio, en el origen del conflicto
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Luego de que durante la madrugada de este martes se volvieran a manifestar familiares y allegados a policías frente a la Unidad Regional II de Rosario, donde se produjeron incidentes, uniformados que estaban en 20 móviles de la fuerza se negaron a salir a patrullar a las 6, una medida que generó que el gobierno de Santa Fe ordenara que se les retiren las armas y los chalecos antibala y que fueran pasados a disponibilidad. A las 9, unos 60 móviles policiales se habían plegado a la protesta.
El gobierno provincial trasladó a uniformados de otras zonas santafesinas a Rosario y pidió que se refuercen los operativos de fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para poner freno a la violencia narco que desangraba a la principal ciudad de la provincia.
La protesta que se agudizó anoche con una nueva marcha de familiares y allegados de uniformados comenzó el miércoles pasado, cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. La muerte de este hombre oriundo de Vera, el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.
Durante el fin de semana pasado, las protestas continuaron, a pesar de que el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros. El anuncio no logró descomprimir la protesta, que anoche y durante esta madrugada terminó con un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura de Policía de Rosario y familiares de efectivos de esta fuerza de seguridad que le ponían cuerpo a la manifestación. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta. Esto incrementó el malestar dentro de las filas policiales.
A las seis de la mañana, unos 20 patrulleros quedaron estacionados frente a la Unidad Regional II y se negaron a salir a realizar recorridos de prevención de delitos. Esto provocó una rápida reacción en el gobierno, que decidió pasar a disponibilidad a los agentes rebeldes. Una situación similar se reprodujo en otras localidades de la provincia.
A la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, dio una conferencia de prensa en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se habían negado a trabajar y consideró que detrás del reclamo genuino de los uniformados había maniobras de policías exonerados por casos de corrupción que querían generar malestar, sobre todo a través de las redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, sostuvo el ministro de Seguridad.
En el gobierno detectaron que en las redes sociales, fundamentalmente Facebook, se había desplegado una estrategia sofisticada. Se habían creado centenares de perfiles falsos con fotos reales de agentes que estaban activos todo el tiempo, con posteos para que el clima se enrareciera, según interpretaron en el gobierno provincial. Por ejemplo, aparecían fotos de pasacalles contra Pullaro que eran falsos. Eran fotos trucadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de las fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.
La muerte de Valdez, atravesada por la historia de este hombre oriundo del norte santafesino, no es una excepción, sino un problema creciente dentro de las fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales. Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, según señalaron fuentes del MPA, el número también es significativo.
Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida. Este drama silencioso se da en un contexto en el que la policía no tiene bajas ni heridos por enfrentarse con el crimen organizado ni presuntos delincuentes. El riesgo mayor está en otro lado. Es interno.
El año pasado, el gobierno de Pullaro envió una señal a los policías, a los que mostraba como sus aliados. Respaldó al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, quien había sido condenado en 2022 a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes tres años antes, una decisión que luego la Cámara Penal de Rosario asimiló al absolver al policía. A través del caso de Nocelli, el gobierno hizo visible un respaldo a toda la policía, donde siempre sobrevoló el mito de que preferían no enfrentarse con los delincuentes porque los que terminaban presos eran ellos.
El caso de Valdez era totalmente diferente. Era una persona querida en la policía, pero además centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia. La mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial. Este esquema no se pudo romper nunca, aunque lo intentaron en varias gestiones con incentivos que no consiguieron tentar a los rosarinos a ponerse el uniforme.
Gran parte de los uniformados tiene un régimen de trabajo de 12 horas de actividad por 36 de descanso. Todos los días el gobierno provincial solventa el traslado en 12 ómnibus de agentes que llegan a estas dos ciudades desde el norte santafesino. Algo similar ocurre con los agentes del Servicio Penitenciario.
Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, lleva más de ocho horas, por las paradas y el deterioro de las rutas. La distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad de las horas de descanso. Como contaron varios policías jóvenes, menores de 30 años, muchos deciden quedarse en Rosario. Hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento se lo tenían que solventar los propios policías. También los gastos de comida. Los problemas de salud mental, por el desarraigo y jornadas de trabajo sin descanso −algunos hacen jornadas de 24 horas para acumular un mayor tiempo de descanso− también esconden otro problema creciente y poco visibilizado, como el de las adicciones.
Tras la despedida de los restos de Valdez empezaron a multiplicarse protestas en varias partes de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales, sobre todo del norte santafesino. A las calles salieron, en su mayoría, familiares y amigos de los uniformados.
Las escenas de manifestaciones y concentraciones empezaron a circular por las redes sociales, sobre todo el miércoles y jueves, pero se extendieron también al viernes. El malestar de los policías también estaba dirigido no solo al gobierno, sino a la mayoría de los medios de comunicación, que preferían omitir este conflicto. Los manifestantes que se quedaron el jueves frente a la jefatura de Policía de Rosario no eran policías ni parientes de uniformados en actividad.
Enero fue un mes duro para la policía en la provincia. La mayoría de los agentes no se tomaron vacaciones porque en el gobierno querían evitar que se resintiera la presencia de efectivos en meses difíciles, como suelen serlo los dos primeros del año. En Rosario se produjeron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra baja si se la contrasta con la de 2025, cuando hubo 22 crímenes, aunque el número de heridos de arma de fuego superó los 45.
Por eso, a pesar de las protestas, Pullaro buscó mostrarse flexible al principio. La campaña electoral que lo llevó a la gobernación se basó en gran parte en dar una solución en materia de seguridad y en los últimos dos años los crímenes descendieron con respecto a la dinámica de violencia narco que fracturó Rosario en la última década y media.
Una de las claves fue el retorno del control territorial de la policía a través del incremento de los patrullajes, en complemento con el despliegue de fuerzas federales en seis zonas críticas de la ciudad, donde los homicidios tuvieron un descenso del 22% en 2025 con respecto al año pasado, de acuerdo a las estadísticas que difundió la cartera de Seguridad Nacional.
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