Como en Australia. Con complicaciones, un país europeo busca prohibir el uso de redes sociales para los menores de 15 años
El proyecto de ley, impulsado por sectores afines a Emmanuel Macron, será tratado por la Asamblea Nacional a fines de enero; hubo modificaciones de la iniciativa original para adaptarla a la legislación de la Unión Europea
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Desde hace varios meses, Francia, inspirada en la decisión de Australia, intenta avanzar en una regulación más estricta sobre el uso de redes sociales por parte de los adolescentes. Si bien existe un diagnóstico unánime acerca de los efectos negativos que estas plataformas tienen sobre la salud de los chicos, el consenso político choca con los límites que imponen las normas europeas vigentes. Sin embargo, este miércoles la propuesta logró pasar una primera etapa.
El proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años fue aprobado por la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación de la Asamblea Nacional francesa.
No obstante, la propuesta impulsada por Laure Miller, diputada de Ensemble pour la République (Juntos por la República), una coalición de partidos políticos creada para reagrupar a la mayoría presidencial de Emmanuel Macron, terminó siendo aceptada tras sufrir múltiples modificaciones. Los cambios estuvieron fuertemente condicionados por el dictamen del Consejo de Estado, emitido el 8 de enero pasado.
En ese pronunciamiento, los consejeros estimaron que varias disposiciones del texto original eran incompatibles con el derecho europeo, en particular con el Reglamento sobre los Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), que entró en vigor para regular a las grandes plataformas digitales.
En efecto, el núcleo del conflicto radica en la obligación de verificar la edad de los usuarios. El artículo primero del proyecto inicial establecía que las redes sociales debían rechazar la inscripción de menores de 15 años. O sea desplegar herramientas de verificación o estimación de edad que impidieran a cualquier menor francés crear una cuenta. Para Miller, autora del texto, esa responsabilidad debía recaer directamente sobre las plataformas.
Sin embargo, el Consejo de Estado fue categórico: ningún Estado miembro puede imponer de manera unilateral nuevas obligaciones a los gigantes digitales. Desde la entrada en vigor del DSA, esa competencia es exclusiva de la Unión Europea. En términos concretos, Francia puede restringir el acceso de los menores a determinados contenidos, pero no obligar directamente a las plataformas a verificar la edad de todos sus usuarios.
Como consecuencia, Miller presentó una enmienda que reescribió por completo el artículo primero. La nueva redacción establece, tal como sugirió el Consejo de Estado, que “está prohibido a los menores de 15 años acceder a un servicio de redes sociales”.

La lógica queda así invertida. Ya no son las plataformas las que tienen vedado inscribir a menores, sino que son los propios menores de 15 años quienes no tienen derecho a acceder a estas plataformas. Se trata de un matiz jurídico clave.
“Mediante un artificio de redacción, cambiando la formulación, se logra finalmente imponerles esa restricción”, aseguró Miller durante el debate en la comisión según consignó Le Monde.
Esta nueva versión del texto impondría así una obligación de resultado a las plataformas. Dado que los menores ya no tienen derecho a inscribirse en las redes sociales, una cuenta perteneciente a un chico pasa a ser considerada un contenido ilícito, que las plataformas están obligadas a retirar. En virtud del reglamento europeo, aquellas que “no respeten la prohibición de acceso de los menores de quince años serían sancionadas”, insistió Miller en declaraciones a la AFP.
Otra de las críticas del Consejo de Estado apuntó a la definición considerada demasiado amplia de las redes sociales alcanzadas por la norma, ya que podía incluir servicios “para los cuales, debido a su contenido o a su modo de funcionamiento, no se justifica ningún riesgo para la salud y la seguridad de los menores”, como plataformas con fines educativos o de ayuda mutua.
Para responder a estas objeciones, el proyecto establece ahora un sistema de dos niveles. La diputada propone instaurar una prohibición total para las redes sociales consideradas peligrosas para el “desarrollo físico, mental o moral” de los menores de 15 años. La lista será definida por decreto, previo dictamen de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom).
Entre las plataformas mencionadas figuran TikTok, Instagram, Snapchat y X. Las restantes quedarían sujetas a un régimen de autorización parental, como por ejemplo YouTube.
Con el objetivo de simplificar el texto, también fueron eliminados el delito de negligencia digital y la propuesta de toque de queda digital, que prohibía el acceso a las redes sociales entre las 22 y las 8 horas para adolescentes de entre 15 y 18 años. Esta última medida fue considerada “carente de justificación suficiente” por el Consejo de Estado.
En contrapartida, se incorporó un nuevo artículo que extiende la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias, como ya ocurre en las primarias desde 2018, a partir del inicio del ciclo lectivo 2026.
Si bien la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación adoptó el texto orientado a la protección de los menores frente a los riesgos de las redes sociales, persisten numerosas dudas sobre su eficacia y actuación. La próxima etapa será el tratamiento de la propuesta de ley en sesión plenaria, previsto para el lunes 26 de enero próximo.
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