Cómo operaba y quién estaba detrás de la Saladita de la Bristol, que recaudaba millones por cada puesto
La feria, que funcionaba sobre la Rambla de Mar del Plata, fue demolida ayer por el municipio, tras ser allanada
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- Manejos millonarios sin un solo comprobante fiscal, con alquileres desde casi $1.000.000 hasta más de $3.000.000 por mes y transferencias de ocho cifras sustentan la investigación judicial que derivó en el allanamiento de la feria conocida como “La Saladita de la Bristol”, el miércoles pasado, y su posterior demolición por parte del municipio, que la consideraba como una ocupación ilegal de un espacio público.
Las pruebas surgen de escuchas telefónicas y dan magnitud al negocio que se movía al límite con las arenas más famosas del país. La investigación la encabeza el juez federal Santiago Inchausti y pone el foco sobre el lado más oscuro de ese paseo, que tenía unas 165 ubicaciones de no más de seis metros cuadrados cada una, donde en muchos casos se vendía ropa y calzados que clonaban primeras marcas extranjeras.
Frente a los testimonios de inquilinos de puestos que aseguran haber pagado los alquileres millonarios a gente que apenas identifican por algún nombre de pila o apodo, la labor de los investigadores se centra ahora en determinar si –tal como es la principal hipótesis– la administración de este paseo comercial irregular se piloteaba desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).
Este jueves por la tarde se levantó el secreto de sumario en la causa. Según información judicial a la que tuvo acceso LA NACION, a partir de elementos de prueba logrados a lo largo de casi 15 meses, Inchausti pudo determinar que la Feria Bristol funciona “sin autorización de autoridad competente”. También afirmó que utiliza como fachada la denominación “Asociación Mutual 18 de Enero de los Vendedores Ambulantes y Afines”, de la que sería continuadora el Sivara.
Fuentes judiciales confirmaron a este diario que su titular, Walter Rivero, es imputado por los delitos de violación a la Ley de Marcas y evasión tributaria. Se allanó su domicilio, permaneció detenido algunas horas para su identificación y luego quedó liberado. Se le secuestraron vehículos, teléfonos celulares y una importante suma de dinero. También se allanaron locales del gremio y otra propiedad donde se sospecha que se guardaba dinero originado en el cobro de los alquileres en esta feria.
Desde Sivara se emitió un comunicado en el que rechazaron el accionar de la Justicia y denunciaron la intervención del municipio, que ejecutó la destrucción total de la infraestructura de la feria. El sindicato ahora anticipa presentaciones judiciales para reclamar por el perjuicio ocasionado y anuncia una asamblea de feriantes para esta tarde sobre la rambla, de cara a donde hasta ayer a la madrugada estaban los 165 puestos, y donde ahora se ve un paseo peatonal despejado casi por completo.
La denuncia judicial la inició el gobierno de Guillermo Montenegro cuando todavía estaba al frente del municipio, antes de su licencia para ser senador bonaerense, en diciembre de 2024. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Montenegro recurrió a la justicia para que investigara el funcionamiento de esta feria que consideraba ilegal y que ocupaba parte de la Unidad Fiscal Playa Bristo, que en 2022 se licitó para funcionar como balneario y paseo comercial regulado. Nunca hubo adjudicación.
Aquella presentación ante el fuero federal apuntaba a la comercialización de productos con marcas falsificadas y también a la baja calidad de las instalaciones, precarias en su origen por los materiales utilizados y por la exposición directa al mar, así como también por la falta de mantenimiento.
Una feria que comenzó con autorización
El espacio total es de unos 2.500 metros cuadrados, a nivel de playa, al pie de la rambla, que es jurisdicción provincial. Fue en 1999 cuando el municipio, por ordenanza, cedió ese espacio a la Asociación de Vendedores Ambulantes. Era por tres años y le siguieron algunas renovaciones formales. Luego se dio continuidad al funcionamiento, ya sin autorización de la comuna.
En la causa a la que tuvo acceso este diario, se fija como hipótesis que en la feria se comercializaban productos en violación a la Ley de Marcas, tanto indumentaria como electrónica, en su mayoría procedentes de un tour de compras en la feria La Salada, del conurbano bonaerense. Según fuentes de la Prefectura Naval Argentina, durante el allanamiento en la Feria Bristol se secuestraron más de 8.000 prendas por un valor superior a los 500 millones de pesos. Corresponde a unos 80 de los más de 100 stands inspeccionados.
Cómo funcionaba
Las actividades de investigación e inteligencia encomendadas por la justicia sumaron pruebas, además, sobre el funcionamiento del espacio. Los informes reportan gente con chalecos del Sivara que cumplían funciones de fiscalización y guardia del lugar, y refieren a Rivero como contacto para interesados en instalarse en alguno de los puestos.
El domicilio particular de Rivero, un segundo domicilio vinculado a él y tres locales céntricos del gremio, del cual él es delegado regional, fueron allanados. También se pidió el secuestro de tres automóviles con los que se movía con frecuencia. Dos de ellos son de alta gama.
“El principal investigado figura como “No Inscripto” ante el ARCA, a pesar de administrar una organización que maneja flujos de dinero y paga cánones oficiales de más de $15.000.000 ante otras administraciones”, se cita en la instrucción de la causa, según pudo confirmar LA NACION.
Un presunto alquiler por 9 millones
Sobre los montos que allí se manejaban se cita, en particular, una escucha telefónica en la que un puestero le recrimina a Rivero por la instalación de un competidor directo por producto en un puesto muy cercano al suyo. “Me cobraron nueve palos”, le dice, en referencia a 9 millones de pesos.
Testimonios recogidos por LA NACION y otros medios entre feriantes, en medio del allanamiento, ratifican alquileres de hasta tres millones de pesos mensuales durante enero y febrero para un puesto de indumentaria. “Nos dejaron solos, nadie dio la cara”, se escuchó decir a una mujer a los gritos, enojada con los responsables del lugar, pero sin cuestionar la ilegalidad del espacio donde trabajaban. “Hace 20 años que sabemos que la feria es esto”, dijo al reconocer que no hay orden ni regulación alguna.
Los pocos que se animaron a hablar, ya con más bronca que miedo con el correr de las horas, ratificaron que pagaban alquileres muy altos y sin ninguna constancia a cambio. Cada uno anotaba en su libreta monto y fecha.
El juez confió a la Prefectura Naval la operación de los allanamientos simultáneos en la feria y los domicilios señalados. También requirió participación de personal idóneo de ARCA frente al delito de falsificación de marcas y evasión fiscal.
En la misma orden de allanamiento deja en claro el magistrado que, una vez cumplido el objetivo, y bajo constancia de que el lugar es jurisdicción de la comuna y los permisos de uso del espacio por parte de terceros están vencidos, autoriza dar intervención al municipio “a los fines que correspondan”.
Lo que vino de manera inmediata fue el desmantelamiento total de la feria con topadoras desde la madrugada y más de 50 camiones que se llevaron los restos de caños, chapas y estructuras de madera que daban forma a esos locales que vivieron entre lo irregular y lo ilegal durante más de 25 años en la postal más emblemática de Mar del Plata.
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