Dictamen judicial histórico sobre el polémico Canal de La Patria en Santiago del Estero podría convertirse en un hito de protección del ambiente

Después de las denuncias perpetradas en junio pasado por diferentes organizaciones ambientalistas no gubernamentales (ONG) sobre la obra pública Canal de La Patria, en Santiago del Estero, esta semana se conoció que la Procuración General de la Nación (PNG) dictaminó en favor de la competencia originaria de la Corte Suprema, lo que impulsaría el caso a nivel judicial por daño ambiental.

Este entendimiento implica que la causa debe ser resuelta directamente por el Alto Tribunal, sin que sea competente ningún otro juzgado. Este dictamen favorable a las ONG se centra en la existencia de responsabilidades conjuntas y compartidas entre las partes demandadas.

Las instituciones que iniciaron la denuncia fueron: Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, luego de que se conociera que la creación del canal perjudicó la movilidad silvestre y provocó la muerte de decenas de especies de animales en peligro de extinción.

Este curso de agua artificial tiene dos metros de ancho y 180 kilómetros de largo, con paredes empinadas y de hormigón. En un informe de mediados del 2025 se mencionó que 250 ejemplares de 40 especies distintas quedaron atrapadas y murieron ahogadas. Se la caracterizó como “una trampa mortal” y las ONG ambientalistas advirtieron de su impacto negativo en el ecosistema desde la edificación del canal.

Dicha construcción afecta la movilidad de animales y fragmenta el hábitat, lo que debilita aún más la frágil situación de la fauna chaqueña, en un entorno que se considera como uno de los más amenazados del planeta por la deforestación sin límites.

De acuerdo a la información que brindó la agrupación de las ONG ambientalistas para fundamentar la competencia de la Corte Suprema, la PGN hizo hincapié en los convenios firmados entre la Provincia de Santiago del Estero y entidades nacionales. Específicamente, se mencionan acuerdos con el entonces Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y la entonces Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. “Los acuerdos dieron lugar a responsabilidades conjuntas, compartidas y específicas de los órganos demandados para el desarrollo de la obra”, señalaron.

En el dictamen se especificó que existen “responsabilidades contractuales conjuntas, por lo cual el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero son parte sustancial, ya que tienen un interés directo en la causa. La PGN entendió que resulta imposible buscar una solución útil que garantice el derecho de defensa de las partes y que restituya el derecho tutelado [la biodiversidad en la ecorregión Gran Chaco] sin la participación de todas ellas”.

La demanda se estableció el 23 de junio de este año por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La acción judicial por daño ambiental de incidencia colectiva se dirige contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional.

El canal se construyó en la década de los 70 y en 2020 se proyectó un revestimiento, con la intención de evitar que los animales caigan, mueran y se pudran allí. Esta situación también genera un inminente peligro para la vida humana, ya que el curso de agua abastece a algunos pueblos y ciudades en su recorrido.

Incluso, el 10 de noviembre se conoció la trágica muerte de un niño de dos años que cayó en el Canal de La Patria, en la comunidad de Lilo Viejo. Fue identificado como Serrano Díaz Leandro y según Info del Estero, se habría escapado de su familia.

Tras el dictamen de la Procuración, la causa judicial comenzó la circulación entre los diferentes Ministros de la Corte, con el fin de que se falle a favor y se resuelva el daño ecosistémico en Santiago del Estero.

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