La marcha fue multitudinaria y potenció el reclamo al Gobierno para que cumpla el financiamiento universitario
Docentes, estudiantes y gremios se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentes
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Una nueva marcha universitaria se llevó adelante este martes. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios. En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política” y señalaron que la única ley que van a cumplir es “la de presupuesto”.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a moverse al mediodía y la Plaza se colmó para el acto, que inició a las 17 con el Himno Nacional.
De la marcha también participaron los gremios, que irrumpieron con su propia música, bombos y banderas. “Patria sí; colonia, no”, cantaba quien tomó el micrófono.
Durante el acto central en Plaza de Mayo se leyó un documento, al que tuvo acceso LA NACION. Allí, los frentes gremiales docentes y no docentes, el CIN y la FUA reclamaron que el financiamiento del sistema universitario nacional está en estado crítico debido a que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica”, que implica cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario", señalaron. Además, acusaron a la gestión libertaria de cerrar las paritarias, lo que produjo un “deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”, detallaron.
Remarcaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades, algo que fue debatido en la última semana en relación al estado financiero de los hospitales universitarios, no superó el 64% del que tenía en enero de 2023. Se perdieron, estimaron, alrededor de nueve meses de transferencias.
Apuntaron contra el Gobierno por su “acto de desprecio institucional sin precedentes” al ignorar la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos de la Justicia que ordenaban su cumplimiento inmediato.
“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública", pidieron.
Los encargados del acto central fueron siete oradores de los frentes gremiales docentes y no docentes: la Conadu, la Conadu histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).
También las autoridades del CIN -el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el presidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci- y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). La desconcentración ocurrió cerca de las 18.30, luego de que los oradores terminaran su discurso.
En la marcha no solo se manifestaron docentes y estudiantes de las diferentes universidades públicas, sino también sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas asociadas a la izquierda y al peronismo.
Además de la manifestación central en CABA, la protesta se realizó en, al menos, siete ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los docentes y alumnos se movilizaron también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
Esta es la cuarta marcha federal universitaria que se convocó durante el Gobierno de Milei. El conflicto se remonta a 2024, cuando se realizó la manifestación para pedir la actualización de los gastos de funcionamientos de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Luego, en 2025, la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario forzó al Gobierno a reforzar los fondos, pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes del financiamiento.
La mirada de los manifestantes
“Venimos a pedir que cumpla la ley”, afirmó Luna Álvarez, de 18 años, que desde 2025 estudia Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Estudiá, no seas como Adorni. Más salarios, menos cascadas”, dice el cartel que lleva y que hace referencia al jefe de Gabinete que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Consultada sobre el funcionario, la joven agregó: “Adorni es una figura bastante polémica. Debería ser la voz del pueblo y yo no me siento muy reflejada. No tengo la cantidad de propiedades que tiene él. Es todo lo contrario, muestra a un político distanciado del pueblo”.
Luciana, otra joven presente en la manifestación, contó a LA NACION: “Soy primera generación de estudiantes universitarios. Solo mi papá terminó el secundario. Gracias a la universidad pública estoy estudiando Administración, trabajo desde segundo año”. Para llegar, se tomó un tren y un colectivo desde Haedo.
Esteban da clases ad honorem en la Facultad de Ciencias Económicas. Sus padres también fueron a la UBA y hoy vino a Plaza de Mayo con su hermana. “Es devolverle algo a la universidad que me permitió formarme y crecer como profesional. Un país somos todos los que lo hacemos y la universidad pública también es construir un país. Sin oportunidades no hay futuro”, opinó.
Ana Clara Goméz, graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA como contadora y licenciada en Administración, dijo al ser consultada sobre los motivos para sumarse a la cuarta marcha federal universitaria: “Estoy acá junto a otros papás de estudiantes defendiendo el cumplimiento de la ley. Mi hija estudia en Exactas. Y la verdad es que el panorama de Exactas es muy distinto al panorama de Económicas, donde yo estudié. Exactas está cerrada. En ciencias químicas, que es donde estudia mi hija, se fueron muchos profesores. Vinimos para garantizarles que puedan estudiar, tener una profesión y vivir de eso en un futuro, como lo hicimos nosotros”.
Esperaba por el inicio del acto en la plaza con Gabriel Santi. “Ningún país puede llamarse tal si no tiene autonomía científica. Un ejemplo: jubilan los científicos nucleares que tenemos, ¿quién los va a reemplazar? Volvemos a la época de antes de Perón. Nos quedamos sin médicos, sin maestros. Sin autonomía política tecnológica no podemos ser un país soberano”, consideró él.
Y siguió: “No lo pienso como una cuestión personal, sino algo que hace a la sociedad. Está más allá del individuo. Lo plantean como que uno estudió gratis y después se va afuera a ganar plata. No es ese el sentido. Es que puede devolverle al país lo que le dio. Ahora no está pensado el sistema universitario en conjunto con una política de desarrollo, de logística, de aprovechamiento de los recursos naturales. Debería estar formado orgánicamente”.
“Hay que mejorar. Si tengo un taller, no puedo romper las herramientas. Cambiaré al que las usa, puedo renovarlas, pero no destruirlas. Sin Estado no somos nada. ¿Qué somos? ¿Inquilinos de nuestro propio país? Estábamos orgullosos. Es lo que hizo distinto a la Argentina durante décadas”, cerró Santi, quién también estudió en la UBA y tiene un hijo que ahora estudia Ingeniería.
“Milei decía que iban a venir todas estas empresas tecnológicas. Pero mi hijo estudia ciencias de la computación y no tuvieron clases. Está cerrado”, sumó otra integrante del grupo, que prefirió resguardar su nombre porque trabaja en el Estado.
“Milei, cumplí la ley” y también “Universidad y Democracia” rezaban las banderas al costado del escenario. “Ley que se vota, ley que se cumple”, afirmó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera. “Exactamente”, reaccionó Ana María mientras la escuchaba. “Vine en defensa de la educación pública, por la igualdad de oportunidades para todos. Me encantaría que este Gobierno cumpla las leyes. Vine a reclamar derechos básicos: salud, educación. Estudié en escuelas públicas, las escuelas normales nacionales; después, en la UBA. Mi hija es socióloga y mi hijo estudia en Exactas”, continuó.
“Reivindico todas las universidades públicas del país. El hecho de que se hayan generado universidades cerca de los domicilios hace que quienes no podían costear un boleto tuvieran la posibilidad de estudiar”, consideró. Y cerró: “Que se despierte la Corte Suprema”.
A su lado, Gabriela, jubilada, dijo a LA NACION: “Soy médica. Estudié en la UBA, me formé en hospitales públicos de la UBA, en el Clínicas. Era ejemplar, por eso venía la gente de América Latina a estudiar. Luego fui presenciando el decaimiento de la salud y de las universidades. Hoy vengo por todos estos recuerdos y defender el derecho a la salud. Que aprendan a utilizar los recursos. Que no se los gasten en lo que ellos quieran”.
La pulseada con el Gobierno
Docentes, autoridades universitarias y alumnos reclamaron por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue votada y sostenida por el Congreso, y la actualización de las partidas que establece la norma.
Sin embargo, la gestión libertaria insistió en que la ley no expresa de forma explícita el financiamiento y que podría afectar la estabilidad macroeconómica: marcaron que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
En paralelo, el Gobierno había presentado un recurso federal extraordinario para no cumplir con la ley, el cual fue aceptado por la Justicia. La medida cautelar, que fue ratificada dos veces y obligaba a la actualización de salarios y becas tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, quedó suspendida hasta que se expida la Corte.
La ejecución real del gasto universitario cayó un 29% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Actualmente, los fondos universitarios se mantienen casi sin modificaciones, con un aumento real aproximado de 0,8%, algo que no se cumplió.
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