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Una actualización de las guías alimentarias nacionales que comenzó a mediados del mes pasado reemplazó el proceso que había arrancado en 2021 y demandará un año la puesta al día de las recomendaciones locales para una dieta saludable destinada a la población de dos años en adelante. La revisión incluirá el uso de edulcorantes, definiciones sobre productos ultraprocesados y el consumo de leche entera o descremada. Tras la nueva versión, las jurisdicciones podrán diseñar guías locales, según se anticipó oficialmente a LA NACION.
“No existe una recomendación ideal para todos. Es por eso que, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se invitará a las provincias, una vez presentada las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), que es nacional, a desarrollar las Guías Alimentarias para la Población Provincial (GAPP), que podrán considerar a las regiones que las constituyen y que presentan distintas posibilidades a la hora del acceso, precio, oferta, etcétera”, indicaron desde la cartera sanitaria.
Prevén la publicación para comienzo de 2027 y afirmaron que el proceso está en “una etapa técnica avanzada”, con el alcance, objetivos y preguntas que responderán los referentes o entidades convocados ya definidas. “Las búsquedas bibliográficas fueron iniciadas y, actualmente se están revisando textos con las listas de estudios incluidos y excluidos para cada pregunta”, completaron desde Salud. Abarcan publicaciones entre 2015 y 2025. La primera reunión de trabajo fue el 18 de diciembre pasado y depende de la Secretaría de Gestión Sanitaria del ministerio a cargo de Saúl Flores, exministro de Salud de Jujuy.
Las guías no solo orientan de manera general a la población sobre qué comer y en qué proporciones hacerlo para que la alimentación sea equilibrada en nutrientes, calorías, hidratación y actividad física, sino también alcanzan a la industria alimentaria, el trabajo de comedores infantiles, canastas de asistencia alimentaria, programas para promover o desincentivar consumos y la modificación de la composición de productos, entre otras.
“El nuevo documento incorporará recomendaciones actualizadas respecto del uso de edulcorantes, lineamientos sobre sostenibilidad ambiental en el marco de la evidencia sanitaria priorizada, nuevos criterios y definiciones sobre alimentos ultraprocesados y su impacto en la salud”, ampliaron. Juzgaron también entre los puntos que quedaron “más desactualizados” desde la última revisión, publicada en 2019, “la evidencia reciente sobre el consumo de lácteos enteros versus descremados”.
La semana pasada, luego de que Estados Unidos difundiera sus nuevas guías alimentarias, el ministro de Salud, Mario Lugones, expresó en redes sociales que “están trabajando en la misma dirección”. Las guías estadounidenses limitan las grasas saturadas y el sodio; a la par, priorizan las frutas, verduras, alimentos integrales y el consumo de agua, junto con la promoción del consumo de carnes, manteca y leche entera, por ejemplo, que fue cuestionado por organizaciones locales.
Además de las áreas de Abordaje por Curso de Vida y de Atención Primaria y Salud Comunitaria de la cartera nacional, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Sanitaria (Anmat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la lista de convocados menciona a representantes de los ministerios de Salud provinciales, Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (Saota), Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Medicina Familiar, Asociación Argentina de Licenciados en Nutrición (Aalen), Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (Cesni) y Centro Estudios sobre Políticas y Economía Alimentaria (Cepea). La primera reunión fue el 18 de diciembre pasado.
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) actúa como colaborador técnico y las provincias forman parte activa del panel durante todo el proceso. La integración actual ya contempla un panel interdisciplinario amplio y cualquier convocatoria adicional se realizaría conforme lo requiera el abordaje técnico de las preguntas priorizadas”, indicaron a pregunta de LA NACION. Esas preguntas se asignan a distintos grupos en los que se organiza la revisión.
Las primeras GAPA se publicaron en 2000 y se comenzaron a actualizar en 2016, con el documento publicado en 2019 como marco nacional para el diseño de políticas públicas y actualización periódica, de acuerdo con la Resolución N° 693 de ese año. El consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas se había multiplicado en el país a expensas de la caída del de frutas, verduras y legumbres, con aumento de la obesidad/sobrepeso ya desde antes de los 5 años de edad.
“La evidencia [detrás de la actualización de la política alimentaria de un país] cambia como producto de las investigaciones que se van haciendo. No se puede estar atado a los datos y, para eso, hay que ser lo suficientemente críticos de esa información que se va publicando”, señaló Adolfo Rubinstein, exministro de Salud que firmó la resolución de 2019 que fijó las GAPA como “estándar de referencia nacional para el diseño de regulaciones y políticas públicas de alimentación saludable”, incluida la currícula de formación de profesionales de la salud.
Carnes rojas, lácteos descremados, edulcorantes y ultraprocesados ya eran, entonces, motivo de revisión y tensiones en los debates. “Se tiene que tener evidencia clara que sustente a cada política. Luego, es necesario reunir de manera amplia a gobierno, academia, entidades científicas, asociaciones de pacientes y usuarios, industria y especialistas referentes en cada tema a tratar para construir consensos basados en evidencia para trazar una política alimentaria que concluya en la actualización de las GAPA”, repasó Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud (Ciips) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
Antes, en este tipo de procesos, se mapea a todos los sectores involucrados, como así también su posición, su influencia, la percepción pública y, con esto, establecer reglas para la participación. “Tiene que haber marco claro y transparente de cómo se van a llegar a las conclusiones”, refirió Rubinstein a la consulta. “El que tiene que poner las reglas es el Ministerio de Salud, que representa a los ciudadanos. El problema en ese sentido es la captura regulatoria, que es cuando se definen marcos regulatorios que se apoderan grupos de intereses para ir cambiándolos. Esa es una influencia indebida con tal intensidad que, luego, los márgenes para actuar dentro del Estado quedan acotados”, agregó el exfuncionario.
En febrero de 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) difundió un informe con el avance de la actualización de las GAPA, proceso al que la oficina local estaba brindando apoyo técnico al Ministerio de Salud desde 2021. Con otra metodología, incorporaba a las guías un enfoque de alimentación saludable más amplio, vinculado a un sistema alimentario sostenible (tiene en cuenta aspectos socioculturales, de salud y ambientales). Pero ese cambio propuesto chocó con la visión del equipo de Mario Lugones en esa cartera.
Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y expresidenta de Fagran, participó en la actualización que quedó trunca con la participación de técnicos de FAO, que trabaja con los países para actualizar sus guías alimentarias con la perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles.
“Desde nuestra cátedra en la UBA como de la red Calisa apoyamos ese enfoque. América latina viene siendo pionera en la adopción de políticas públicas que buscan poner límite a la venta y consumo de productos ultraprocesados a la población. Esto apunta especialmente a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Distintos países de la región actualizaron sus guías con esa perspectiva, como Chile y México. La Argentina debería avanzar en esa línea”, opinó Graciano en diálogo con LA NACION.
Al respecto, desde el Ministerio de Salud indicaron que “FAO participó en las primeras etapas del proceso, cuando estaba previsto utilizar su metodología para la actualización. Sin embargo, fue descartada”. Para la cartera, “tenía un enfoque demasiado amplio sobre el sistema alimentario, con componentes político económicos y ambientales que no se alineaban con las prioridades sanitarias y metodológicas de la gestión actual. Además, presentaba criterios técnicos no del todo consistentes para la selección de evidencia. En su lugar, se adoptó la metodología Grade, ampliamente utilizada, validada y consistente con los estándares del ministerio y la OPS”, dijeron. Esa herramienta se usa para evaluar la calidad de datos/resultados y definir la fuerza que tendrán las recomendaciones al elaborar guías de práctica clínica.
Rubinstein, en tanto, resaltó la importancia de reunir evidencia científica sólida que informe las decisiones” que va tomando la autoridad sanitaria en el proceso de actualización, con “mucha información local” sobre epidemiología nutricional, efectos en la salud y la calidad de vida, consumos, entre muchos aspectos más que mencionó. “Elaborar guías alimentarias es hasta más complejo que diseñar guías de práctica clínica”, definió.
