Qué pasó el 24 de marzo 1976, un resumen de secundario
Los sucesos de la fecha y lo que pasó en los años posteriores; cómo se instaló el sistema represivo; una guía para entender y explicar los hechos a los jóvenes
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LA NACION
El 50° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 recuerda los sucesos más oscuros de la historia nacional, ya que conmemora un período que se caracterizó por la tortura, muerte y desaparición de miles de personas, por lo que resulta elemental saber qué pasó en esa fecha y contar con un resumen de ese fragmento histórico para los alumnos del nivel secundario.
En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se recuerdan aquellos hechos y se renueva el reclamo de Justicia por la personas desaparecidas y apropiadas, de las que aún no se sabe su identidad.
Qué pasó el 24 de marzo 1976
El 24 de marzo de 1976 ocurrió un golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e inició la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional.
Así comenzaron siete años de represión sistemática, con miles de víctimas y profundas consecuencias sociales y económicas.
Quiénes conformaban el gobierno de facto
En la madrugada del 24 de marzo, Isabel Perón fue detenida y luego confinada en Neuquén. Horas más tarde, las radios y canales de televisión emitieron el comunicado Nº 1 de la Junta Militar, por el que Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), declararon el control total, el estado de sitio y la aplicación de la ley marcial en el país.
Por qué se dice que hubo terrorismo de Estado
Esta figura da cuenta, con los juicios posteriores, que en aquel momento existió en el país un sistema planificado de represión.
La Junta disolvió el Congreso, intervino provincias y universidades, y suspendió garantías constitucionales.
A los desaparecidos, se suman las personas torturadas en 800 centros clandestinos de detención, en todo el territorio nacional. Las acciones militares incluyeron los llamados “vuelos de la muerte”, donde se calcula que hubo alrededor de 5000 víctimas arrojadas al Río de la Plata, apropiación de alrededor de 500 bebés (140 recuperados hasta 2026 por Abuelas de Plaza de Mayo, según sus registros más recientes) y exilios masivos.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), constituida por el gobierno de Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sábato, registró 8961 desaparecidos, tal como figuran en el libro Nunca Más. Vale aclarar que este registro solo abarca a las denuncias por desconocimiento de paradero, pero la lista sigue abierta hasta la actualidad.
En este punto, hay que subrayar que hubo factores que impidieron documentar la totalidad de las desapariciones, por lo que el número tiene variaciones, considerando los obstáculos para denunciar que se dieron por el breve funcionamiento de la Conadep, por las leyes del perdón que se establecieron en los años posteriores, y por los gobiernos autoritarios que se mantuvieron en varias provincias, aún cuando se restableció la democracia.
La cifra de 30.000, entonces, no es un dato estadístico sino una cifra simbólica y emblemática que remite a su vez, a la figura de genocidio, que incluye los actos cometidos con la intención de destruir, de manera total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El concepto de genocidio funcionaba, durante la dictadura y en los años posteriores, como la única herramienta de los familiares para mantener vigente el reclamo y pedir por la aparición de aquellas personas de las que no se tenía ningún tipo de información sobre su estado de salud ni ubicación.
Por qué los militares no aportaron datos
A pesar de que actualmente continúan distintos procesos judiciales contra represores, iniciados por la familiares de desaparecidos, los militares no han entregado datos que permitan avanzar con las investigaciones pasadas y en curso.
La falta de aporte de material importante para identificar desaparecidos o niños apropiados, se estima que está vinculada con el concepto de no auto incriminarse en los delitos de lesa humanidad de los que se los acusa.
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