Salta: polémica y denuncias por un casamiento en la Quebrada de las Conchas
El evento se realizó en el paraje La Punilla; las autoridades denunciaron la existencia de un permiso con firma apócrifa; “Había abogados y un juez de la Corte Suprema; fueron 110 invitados”, detalló la organizadora
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LA NACION
Una fuerte polémica se desató en los últimos días por un casamiento que tuvo lugar en la Quebrada de las Conchas, en la localidad salteña de Cafayate, un área protegida por la ley provincial. La municipalidad radicó una denuncia ante la Justicia para investigar una autorización falsificada y la organizadora del evento defendió la realización.
El caso escaló luego de que se viralizaran algunas imágenes de la boda —cuyos protagonistas se desconocen hasta el momento— realizada en la Quebrada de las Conchas, sobre la ruta provincial 68, en el paraje La Punilla.
Se trata de un área protegida por la Ley Provincial 6806 y su uso está sujeto a normativas específicas de preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico. Además, todo lo que se haga allí debe contar con la autorización de los organismos correspondientes.
En las fotos difundidas en redes se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con los manteles, matas y macetas haciendo juego con los colores naturales del lugar.
A raíz del evento, la municipalidad de Cafayate, a cargo de Rita Guevara, hizo una denuncia ante la Justicia para que se investigue si el evento no tenía autorización o tenía un permiso falso.
“Se solicitó la intervención policial correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios”, señalaron las autoridades en un comunicado.
El municipio también advirtió que el uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.
En tanto, el Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que el documento que mostraron los organizadores no fue emitido por la autoridad competente y que es falso.
El secretario, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada. “No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo, según consignó el medio local Informate Salta.
Ante el fuerte repudio, una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano, responsable de la planificación del evento y presunta dueña de una propiedad dentro de la reserva, habló para brindar detalles de la boda.
“Era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes”, dijo en diálogo con Radio Cafayate. “Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados”, aseguró, y expresó que ella y su familia son dueñas de una propiedad en la reserva desde 1965.
Según su relato, la planificación del casamiento comenzó con meses de antelación y requirió la intervención de diversas áreas gubernamentales para tener las autorizaciones para el uso de un espacio público con fines privados.
Aseguró, además, que se presentó el protocolo del impacto ambiental y que se coordinó con las autoridades de Turismo y Ambiente de Salta para trasladar el equipamiento e instalar las estructuras temporales. También dijo que se contrató a un equipo destinado exclusivamente a la recolección de residuos y al control del terreno. No hizo comentarios sobre la denuncia del gobierno salteño en relación con el supuesto permiso apócrifo.
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