El Estado toma el control en la lucha contra los violentos

La orden bajó de la Casa Rosada sin escalas. El Gobierno quiere combatir la violencia en el fútbol. Es un tema central en la agenda de Mauricio Macri. Su primer paso en esta dirección fue reunirse con los clubes y confirmarles lo que querían oír: la gestión de los operativos policiales será responsabilidad del Estado, que también se encargará de unificar los registros de derechos de admisión y hará públicos los nombres de quienes estén impedidos de ir a la cancha. Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a "ser socios" con los clubes en el dinero destinado a la seguridad.

"Nos vamos a hacer cargo de la gestión de los operativos", confirmaron ayer desde Balcarce 50. En la práctica, esto implica que los clubes ya no tendrán que negociar más con las comisarías o los comités de seguridad locales para saber cuántos efectivos tendrán que pagar. Ya no habrá más regateo ni amenazas con no jugar un partido porque no está el dinero para pagar los efectivos policiales. "Vamos a ser mucho más eficientes con los gastos. Y hablaremos nosotros con la policía. Todo queda en el Estado", contó la fuente.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno negocia con los clubes cómo se financiarán los operativos policiales. Sólo en Capital Federal, el gasto en seguridad implicó un gasto de $200 millones durante 2015. De esa cifra, $40 millones (el 20%) corresponden a los efectivos adicionales. En principio, el Gobierno avisó que se hará cargo de este rubro en todos los operativos. La AFA y los clubes pretenden que la ayuda estatal aumente. Ese es un número que todavía no está cerrado: puede incrementarse en las próximas reuniones. Algo está claro: si los clubes tienen que abonar una parte de los dispositivos de seguridad, el dinero saldrá del cánon mensual que reciben del Fútbol Para Todos.

Otro tema fundamental es el derecho de admisión. Por más que los clubes pretendan que el Estado se encargue de poner a los violentos en ese registro, la potestad de hacerlo seguirá siendo de las instituciones. "Es intransferible y no pueden no hacerse cargo de eso", asegura un conocedor del asunto. El derecho de admisión está consagrado por el artículo 4º de la ley 26.370 y dice que el titular del evento "se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares". De todas maneras, a partir de ahora el Gobierno se comprometió a colaborar con su aplicación. Y, según comentaron desde el ministerio de Seguridad, "brindará los medios necesarios para poder implementarlo". Una posibilidad es la creación de un sistema parecido al malogrado AFA Plus, aunque sin la necesidad de empadronar a los hinchas. Podrían usarse las bases de datos que ya están en funcionamiento, como las del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Bastará con adecuar los lectores biométricos ya disponibles en muchas canchas para poder identificar a quienes acuden a los estadios.

Un comunicado del Ministerio de Seguridad aportó ayer otra novedad: la creación del Registro Nacional de Personas con derecho de admisión en espectáculos futbolísticos. Además, la cartera que dirige Patricia Bullrich precisó que el registro contendrá: nombre y apellido de la persona, DNI, nombre del club que lo agregó al listado y los motivos por los que la medida fue impuesta. "Les pedimos por carta documento a los clubes quiénes son los hinchas con derecho de admisión. El registro se va a publicar y vamos a colaborar con el club para que esa gente no entre", contó Guillermo Madero, el hombre designado por Bullrich para la seguridad en las canchas.

La colaboración del Gobierno en los operativos de seguridad (sobre todo, en lo que se refiere al gasto que implican) es un viejo anhelo de los clubes que data de la implementación del Fútbol Para Todos, en agosto de 2009. En aquel momento, la AFA se había comprometido a absorber el costo de los dispositivos de seguridad, para alivianar la carga de sus afiliados. El compromiso se efectivizó durante algo más de un semestre. Por más que a partir de 2010 se sucedieron los reclamos, los clubes debieron hacerse cargo una y otra vez de pagarles a los policías. Y más de un partido corrió serio riesgo de suspensión porque los equipos no llegaban a juntar el dinero necesario. Ese viejo reclamo, parece, tendrá solución a partir de ahora.

acg/jt

Por Alejandro Casar González

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