Por qué la emergencia agropecuaria puede no ser efectiva

En medio de una gran sequía que atraviesa vastas zonas productivas del país y luego de que el Gobierno anunciara que evalúa subir el monto que tiene el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que desde el año 2009 hasta la fecha se mantiene en $500 millones, el sector agropecuario reclama detalles de su instrumentación y exige que esta sea lo más rápida posible para que logre ser efectiva.

Señalan que las lluvias de los últimos días llevan a que se especule y se demore la declaración de emergencia, esperando a que el agua mejore la situación de los cultivos y las pasturas. Al mismo tiempo, productores autoconvocados pidieron que se eliminen los derechos de exportación para aliviar los daños del desastre productivo. Además, los consideraron como “inconstitucionales”.

En cuanto al fondo en sí, el Gobierno tiene dos posibilidades: delcara la “emergencia agropecuaria” con entre el 50% y el 79% de pérdidas productivas o el “desastre” con el 80% de las pérdidas. Para que ello suceda, se deberá emprender un largo “camino burocrático” que empieza con los intendentes de cada distrito provincial para que luego, el gobernador de esa provincia afectada, tras evaluar sus distintas regiones, declare el estado de emergencia o de desastre, según corresponda.

Solo así, el Gobierno podrá hacerse eco de la situación y declarar el estado de emergencia o desastre agropecuario. Entre los cuestiones paliativas que ofrece este fondo están los beneficios impositivos que puede instrumentar directamente el Poder Ejecutivo Nacional como la postergación del pago de Impuestos a las Ganancias o de Bienes Personales, correspondientes a las explotaciones agropecuarias implicadas.

En tanto, la AFIP debería suspender los juicios de ejecución fiscal. A su vez, cada provincia puede hacer lo propio con el impuesto inmobiliario, donde si el panorama es de desastre, hay condonación de ese impuesto.

Para Horacio Salaverri, presidente de Carbap, la implementación del fondo debe ser inmediata para no desfinanciar a los productores comprometidos. Según explicó, las veces que se instrumentó la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, nunca se logró prorrogar ni suspender el pago de la tasa vial a cargo de los municipios. “El tiempo es crucial y fundamental para acelerar los procesos. Estos fondos de emergencia son eficaces si logran primero la refinanciación de los créditos, con un plazo más largo y con una baja en las tasas y a la vez con el otorgamiento de créditos nuevos. Pero todos estos tipos de fondos siempre son escasos e insuficientes y solo logran sacar por un tiempo limitado las deudas al productor”, dijo a LA NACION.

“Hoy, sin esperar todos los tramites administrativos, ya deberían postergarse los anticipos de Impuestos a las Ganancias por paliar el problema financiero del sector agropecuario”, añadió.

Por su parte, Ezequiel de Freijo, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA) realizó un análisis de la ley 26.509. “Cuando se dictó la ley, el monto de $500 millones representaba unos 135 millones de dólares (el dólar estaba a $3,7). Por lo que no es un incremento, solo se va a adecuar a los valores de 13 años atrás”, dijo.

“Es la nada misma, teniendo en cuenta la magnitud de lo que se pierde. Aunque todavía no lo sabemos con certeza, serían unos US$121 millones, pero lo más grave es que la asistencia no llega al 2% de la pérdida que puede tener el sector agropecuario”, añadió.

En este sentido, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la sequía hará perder exportaciones por unos US$2600 millones. En tanto, que el pronóstico de Gustavo López, director de Agritrend SA, fue más desalentador aun que expresó que los valores de exportación podrían caerse en aproximadamente unos 4000 millones de dólares.

“Acá solo se está evaluado lo agrícola, porque lo ganadero es difícil hacerlo en este momento y se medirá más adelante cuando se vea cómo afectó la seca a los porcentajes de preñez en los rodeos ganaderos”, señaló de Freijo.

Si bien la ley es clara cuando limita y acota qué productores serán los beneficiarios de la normativa, en base a un porcentual de daños, esa relación muchas veces produce inequidades ya que por ejemplo un productor que tiene el 48% de pérdidas en su cultivo no es alcanzado con los beneficios de la ley. “Es difícil medir, no es ecuánime, no hay criterio y lleva directamente a la discrecionalidad”, dijo el dirigente de Carbap.

En cuanto a la prórroga del pago de tributos, Salaverri señaló que esa postergación de los impuestos lo único que hace es que el productor se encuentra más adelante con los impuestos no pagados y los que están por vencer: “Si no logra recuperarse, es muy complicado pagar lo anterior y lo nuevo”.

Contó que en la actualidad, el 66% de los campos agrícolas en la provincia de Buenos Aires están alquilados por lo que la “postergación del impuesto inmobiliario no cumple su objetivo específico pero igualmente se debe declarar la emergencia porque el trámite que conlleva es engorroso y complejo”.

Por su parte, de Freijo sostuvo que la cuestión tributaria argentina es preocupante, donde en la mayoría de los casos, sin saber si va a haber o no una caída en la producción, el Estado anticipa muchos cobros impositivos al sector agropecuario.

“La presión impositiva es inelástica, es decir que la caída del rendimiento de una producción poco importa porque mucho ya se pagó de manera anticipada, cuando aun no se sabía cuál sería la ganancia del productor. En el fondo, esta situación deja a la luz el grave problema que tiene la estructura tributaria argentina que pesa sobre el sector, donde no se tiene en cuenta el resultado de la actividad. Si bien el Estado recauda un poco menos, deja a los productores en situación de quebranto”, añadió.

En relación a los créditos otorgados por los bancos públicos, estos pueden llegar a postergar el pago de las cuotas que depende de cada provincia. “A pesar de este paliativo, muchas veces los productores están en contra que se los ponga como beneficiarios de dicha emergencia porque, cuando van a pedir otros créditos a entidades privadas, su situación financiera figura en colorado y eso les dificulta conseguir los beneficios que estaban acostumbrados a tener. Por eso, hay veces que en vez de ser una ayuda, es un clavo”, dijo de Freijo.

Salaverri coincidió al respecto: “Los productores prefieren no estar dentro del listado de emergencia, sino las bancas le retiran las tarjetas agropecuarias e incluso los descubiertos acordados anteriormente”.

Por último, el economista de la Rural destacó la posibilidad que tienen los ganaderos de hacer una venta forzosa de su hacienda, sea bovina, ovina, caprina o porcina, donde podrán deducirse el 100% de los beneficios derivados de dicha venta para el impuesto a las ganancias: ”Es algo rescatable y piola que se puede aplicar de manera directa”.

Por Mariana Reinke

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Julián Domínguez
• Sequía

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