“Avanza sobre la propiedad privada”: revuelo en Buenos Aires por un anteproyecto de ley sobre el cuidado de los suelos
El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) presentó en el Senado provincial una iniciativa que cosechó el rechazo de Carbap por su presunto intervencionismo
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LA NACIONPilar Vazquez
Una intensa polémica se desató en el sector agropecuario bonaerense tras la presentación en la Legislatura provincial de un anteproyecto de ley por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) que busca declarar de “interés público” el cuidado de los suelos y el agua. La propuesta, que ya fue expuesta en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado provincial, generó fuertes críticas de entidades rurales y dirigentes políticos, que la calificaron como una iniciativa que “atenta contra la propiedad privada”, “instala un esquema de control estatal” y podría sumar “más trabas y burocracia” a la producción.
Uno de los artículos que encendió el debate es el que declara de “interés público” la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresaron su rechazo: “Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de Ley de Suelos realizado por el Ciafba, porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.
La norma también prohíbe “utilizar para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación”.
Entre los puntos críticos señalados por Carbap figura la “definición de ‘suelos aptos’ por el Estado”, cuyos “criterios oficiales pueden dejar tierras improductivas”. A esto se suma la obligación para “todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal… de colaborar con el cuidado de los suelos y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado”.
El artículo 2 dice: “Todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la administración pública provincial tienen la obligación de colaborar con el cuidado de los suelos y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado a los efectos de preservarlos para las generaciones futuras y para que continúen siendo funcionales a la seguridad alimentaria, a la mitigación del cambio climático, a la generación de divisas para la provincia de Buenos Aires y el país y la provisión de los servicios que el ecosistema necesita“.
Obligaciones
Carbap advirtió sobre una obligatoriedad generalizada respecto de que “todos los productores (dueños o arrendatarios) deben cumplir prácticas definidas por el Estado”.
El artículo 7 habla también de “acogerse a lo indicado por la Autoridad de Aplicación en la definición de los Distritos de Cuidado del Suelo y Agua (inciso b. del artículo 6°, Capítulo IV) respecto a las características agroambientales y la susceptibilidad y/o el grado presente de degradación a efectos de proceder según corresponda para la prevención de degradación, la conservación y/o la recuperación de los suelos de las unidades productivas bajo su responsabilidad".
En relación con los planes de manejo, el proyecto establece que “deberán estar suscriptos por un profesional matriculado…, contemplar un plazo mínimo de cuatro (4) años/campañas agrícolas” y ajustarse al catálogo oficial de prácticas. Carbap remarcó como uno de los puntos más cuestionados la exigencia de “planes de uso y manejo obligatorios: cada cuatro años, con firma profesional y aprobación estatal”, al considerar que esto representa una nueva carga operativa y económica para el sector.
En la misma línea, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) cuestionó que, bajo este marco, el productor “pierde autonomía: no decide libremente cómo usar su tierra, sino que está obligado a someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados”.
Otro eje que generó ruido es el esquema de gestión y control. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Agrario, con amplias facultades para “definir, caracterizar y crear Distritos de Cuidado del Suelo y el Agua”, aprobar o rechazar planes de manejo y administrar un fondo provincial. Carbap advirtió sobre la “creación de distritos y consorcios forzosos: obliga a integrarse a estructuras colectivas” y alertó que “se le otorgan facultades muy amplias para decidir, controlar y sancionar, concentrando un poder que en la práctica puede derivar en intervenciones discrecionales”.
Finalmente, el proyecto prevé un sistema de beneficios e infracciones: a quienes cumplan se les otorgarán deducciones impositivas, mientras que quienes incumplan podrán recibir multas, ser excluidos de programas e incluso quedar bajo intervención administrativa.
Se crea un fondo provincial que se financiará con “el cero con cero ocho (0,08) por ciento del presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires, el producido de las multas aplicadas… y legados y donaciones". Sobre este punto, Carbap alertó de una “nueva carga fiscal indirecta: creación de un Fondo Provincial que abre otra ‘caja’ de recursos”, en un contexto de alta presión impositiva.
En esta misma línea, Abel Real, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), señaló que están analizando el proyecto y que en breve darán a conocer una posición institucional. Anticipó que, desde su punto de vista, implica “un atentado a la propiedad privada”.
En la misma línea crítica, Juan José Madero, expresidente de CAIR y referente del mercado inmobiliario rural bonaerense, cuestionó el sentido y el momento elegido para impulsar la iniciativa. “No queda claro cuál es la motivación real detrás de este proyecto presentado con la candorosa inquietud de cuidar la tierra y el agua, algo que ya todos los productores hacen porque saben que la tierra es su capital. Hoy existen múltiples entidades como CREA, Aapresid, sociedades rurales, asociaciones y consorcios de productores que intercambian conocimientos y prácticas para usar el suelo de manera más eficiente y sustentable. No hace falta burocratizar, trabar ni reglamentar más un sistema productivo que ya es complejo por la volatilidad de los mercados y del clima”, señaló.
Madero advirtió, además, sobre el riesgo de que una ley con este enfoque derive en “una injerencia excesiva sobre la propiedad privada y la libertad de producción”, lo que podría desalentar la actividad. “El costado delicado de todo esto es que, si prosperan iniciativas como esta, los productores quedarían sujetos a reglamentaciones que, dependiendo del funcionario de turno, pueden transformarse en mecanismos de control discrecional. Es una especie de ‘sovietización’ de la producción, que lejos de ayudar, genera más ruido, incertidumbre y malestar en el sector. Ya existen suficientes estructuras técnicas y productivas dedicadas a mejorar el manejo del suelo; sumar más trabas estatales en este contexto electoral es innecesario y contraproducente”, afirmó.
Desde el Ciafba explicaron que la iniciativa responde a un problema estructural y creciente en la provincia: “La utilización del suelo para la producción agropecuaria y/o forestal altera el estado estable alcanzado por los suelos como resultado del proceso evolutivo y, si no es realizada cuidadosamente, puede llevar a la reducción y hasta la pérdida de la capacidad del suelo de cumplir con el objetivo de proveer alimentos, fibras, combustibles y medicamentos en particular y su función en el ecosistema en general, lo que se da en llamar degradación”.
También alertaron que “la erosión hídrica y eólica afecta más del 40% de los suelos de la provincia” y que “las consecuencias de este proceso incluyen pérdida de productividad, mayores riesgos de inundaciones, sedimentación en cursos de agua y disminución de la biodiversidad”. Por eso, plantearon que es necesario “promover un cambio de paradigma hacia un manejo responsable y sustentable del recurso, garantizando su disponibilidad para las generaciones futuras”.
Horacio Repetto, expresidente de Ciafba y actual responsable de la Comisión de Conservación de Suelos, planteó que la iniciativa busca dar respuesta al problema de la degradación creciente de los suelos bonaerenses y la ausencia de un marco legal específico. “Tenemos que solucionar el problema que tenemos con los suelos en nuestra provincia y la herramienta que tenemos para hacerlo es a través de un proyecto que, me parece, es muy valioso, que puede tener modificaciones en los lugares que sea y las va a tener. Entra en una comisión y va a tener cambios, seguro, y, sobre todo, los verdaderos cambios van a venir en el decreto reglamentario”, señaló.
Repetto explicó que, a diferencia de otras provincias de la región pampeana, Buenos Aires no cuenta con una normativa de suelos, pese a que “las miles o millones de toneladas de suelo que se siguen perdiendo” constituyen un problema creciente. “Si nosotros decimos que el suelo de la provincia de Buenos Aires va a tener que seguir alimentando a las poblaciones venideras, tenemos que hacer algo. Como hizo Uruguay hace años para cuidar sus recursos hídricos. Esto es ni más ni menos que eso y al igual que han hecho el resto de las provincias”, explicó.
Subrayó que el proyecto no surgió de manera aislada, sino que tiene un amplio respaldo técnico. “Este anteproyecto está avalado por profesionales matriculados de instituciones técnicas, porque en realidad este anteproyecto se presentó oportunamente y lo trabajaron en la base profesionales de Aapresid, CREA, INTA, universidades, todos en una mesa”, dijo. Agregó: “La academia [por profesionales de universidades, el INTA, etcétera] ha participado en la redacción de este anteproyecto”.
En diálogo con LA NACION, Fernando de Nevares, presidente de CREA, aclaró que la institución “no fue parte de esta ley ni en conversaciones, ni podemos hacernos cargo del contenido ni a favor ni en contra”. Señaló que “no nos gusta la burocracia que genera”.
Consultado sobre la posición institucional frente al anteproyecto, sostuvo que “a priori, no creemos que el Estado tenga que intervenir como controlador y definiendo cómo se usa o se deja de usar un recurso que es privado”.
Además remarcó que “la burocracia genera mayor costo, mayor dificultad de generación de valor y que la regulación del propio interesado, que es la empresa productora, y el aprendizaje entre privados, como hacen los grupos CREA u otros, es la forma en que, para nosotros, debe estar el aprendizaje y el mejor uso del recurso”.
Por su parte, Marcelo Torres, presidente de Aapresid, señaló que la entidad canaliza los temas legislativos a través del Comité Ejecutivo AgroBioIndustrial (Ceabi), un espacio que reúne a cadenas productivas y entidades técnicas.
Advirtió que “las legislaciones son temas complejos” y que “una mala ley puede resultar totalmente contraria a lo que se quiere promover”. Consideró que esta iniciativa “no necesariamente es la herramienta adecuada” y que debería analizarse en ámbitos como el Ceabi, con una mirada integral. “La historia argentina muestra que, cuando el Estado intervino, no resolvió nada: al contrario, complejizó, burocratizó”, afirmó.
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