Plan Rompecabezas para la economía del coronavirus

Crédito: Agdamus
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15 de agosto de 2020  

Ahora que aparece una lejana luz al final de túnel con la fabricación local de la vacuna Oxford en desarrollo avanzado contra el Covid-19, comienzan a surgir las primeras señales -aún difusas- sobre qué podría ocurrir con la economía argentina en 2021.

No será un año cualquiera. Dentro de 14 meses habrá elecciones legislativas y la "maldición de los años pares" se potenció inesperadamente en 2020 a raíz del shock recesivo gatillado por la pandemia global y la extensa cuarentena local. No sólo desplomó los ingresos, el consumo y el PBI, sino que debió ser enfrentado con una fuerte expansión de gasto público y emisión monetaria, aunque menor que en otros países. También la actividad económica y social quedó envuelta en una maraña de controles estatales que, con el correr de los meses, fueron tornándose ineficaces ante la imposibilidad de hacerlos cumplir.

La perspectiva de que la vacuna establezca un horizonte temporal para la pandemia, que hasta ahora no estaba a la vista, torna más factible elaborar escenarios para la salida de la crisis. Pero esta buena noticia, al igual que la reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados, no resuelve por sí sola los complejos problemas que ya venían de arrastre y se agravaron en estos cinco meses. La economía y la situación social fueron afectadas seriamente por el coronavirus, con secuelas que llevará tiempo superar.

Por más que la palabra cuarentena esté desapareciendo ahora del discurso oficial, ante la paulatina pérdida de consenso social y su creciente flexibilización de hecho debido a la reducción del empleo y la masa salarial, este giro no evita contradicciones. El gobierno de Alberto Fernández lamenta la mayor circulación de personas (y del virus), pero celebra el rebote de producción ante la flexibilización selectiva por decreto en muchos sectores, aunque casi ninguno alcanza los niveles previos al 20 de marzo ya afectados por dos años de recesión. El Presidente llegó a afirmar ayer que la cuarentena ya no existe, pero omite que desde hace 148 días están paralizadas las clases presenciales en todos los niveles educativos y que, detrás de cada chico sin ir a la escuela, uno de sus padres se queda en su casa cobrando sueldo sin trabajar. Que tampoco hay actividad en turismo, transporte aéreo y terrestre de larga distancia; en cines, teatros, recitales y futbol; en los fueros laboral, civil y comercial y de seguridad social debido a la feria judicial; ni en gastronomía y centros comerciales bajo techo. Aun así, se llegó al extremo de habilitar por decreto una actividad nada esencial como el funcionamiento de casinos y salas de juego en Chubut, que sugestivamente maneja Cristóbal López.

Por ahora, el gobierno parece haber optado por medidas clásicas de tipo keynesiano para reactivar la economía en el corto plazo. Si bien volvió a prorrogar la doble indemnización para frenar despidos, pese a la cual se redujo desde el 20 de marzo en casi 150.000 el número de asalariados registrados, el ministro Matías Kulfas anunció el próximo lanzamiento de créditos subsidiados con garantía estatal (financiada por el BID) para empresas que creen nuevos empleos. No obstante, descartó una futura reducción de costos laborales. También en el mismo sentido, el gabinete económico anticipó el redireccionamiento de la asistencia estatal (ATP) hacia la creación de puestos de trabajo, así como el lanzamiento de obras públicas en las provincias para reactivar el empleo en la construcción.

Pero a la vez surgieron desde el ámbito oficial iniciativas de alcance más dudoso, como el denominado "Plan Mujica" para crear 4 millones de puestos de trabajo en la construcción privada, a través de un acuerdo entre el gremio (UOCRA) y organizaciones sociales, que integraría asistencia estatal (IFE) al salario con un número limitado de horas semanales. Según algunos especialistas, a aquella cifra le sobran ceros. Al menos, hasta que la CNV ponga a punto nuevos instrumentos financieros para reactivar el mercado inmobiliario, después un período de consultas de 15 días con empresas del sector cuya actividad está en punto muerto.

Paralelamente, hay que tener en cuenta que la asistencia estatal a empresas, asalariados, autónomos y monotributistas (ATP/IFE/Créditos a tasa cero) compensa sólo una parte de la caída de ingresos, pero no mejora su capacidad adquisitiva. Menos aún, cuando no se redujo ningún impuesto nacional, provincial y municipal.

Esta situación hace que, pese al aumento de emisión de pesos (absorbida en parte por el Banco Central) el consumo no repunte; y que pese a la amplia brecha cambiaria quienes tienen dólares atesorados eviten venderlos, con lo cual se reduce la velocidad de circulación del dinero.

Desde un plano más conceptual, el ministro Martín Guzmán afirmó más de una vez que, tras el alivio financiero que producirán los canjes de deuda bajo legislación extranjera y local, el objetivo oficial será reactivar el mercado interno e impulsar las exportaciones, además de sustituir importaciones por producción local. A la luz de la experiencia argentina, esto supone resolver la cuadratura del círculo. Durante décadas, las políticas económicas se movieron pendularmente entre un dólar barato para estimular los salarios y el consumo y un dólar caro para promover exportaciones a costa de salarios bajos (y también fuga de capitales).

Precisamente, este debate volvió a abrirse en los últimos días. En la Experiencia IDEA Agroindustria, realizada de forma virtual en Rosario, los economistas Marina Dal Poggetto y Ricardo Arriazu, coincidieron en que el tipo de cambio oficial no está atrasado frente a la inflación (subió 22% frente al 15,6% en los primeros siete meses del año), en tanto que la cotización del contado con liquidación (CCL) se ubica en los niveles de la crisis de 2002, debido a la incertidumbre económica. Por su lado, el ex ministro Roberto Lavagna sostuvo en declaraciones a Clarín, que el dólar oficial no es competitivo. Poco antes, Miguel Ángel Broda le había puesto números a este debate: a valores del 3 de agosto, el tipo de cambio real multilateral se ubica en $72,5 (similar al promedio histórico desde 1997) y el CCL de junio de 2002 en $ 120,8, aunque repara que con el primero el BCRA viene perdiendo reservas.

Con este marco, si Carlos Melconian bautizó en 2018 como "Plan Picapiedra" el programa económico acordado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, por lo básico y rudimentario que significaba el objetivo de doble cero (déficit primario y base monetaria), la actual estrategia de Alberto Fernández podría denominarse "Plan Rompecabezas" debido a la complejidad que significa armonizar tantos problemas y variables sin un programa explícito, cuyo objetivo es rescatar a las víctimas económicas de la cuarentena y reactivar la economía, sin que se dispare la inflación antes de las elecciones del año próximo.

Más cerca en el tiempo, la clave será el proyecto de presupuesto nacional para 2021 que la Casa Rosada deberá enviar al Congreso dentro de un mes y permitirá determinar en qué medida será transitorio y//o permanente el fuerte aumento del gasto público de este año financiado con emisión monetaria. También será la base para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI para extender los vencimientos de la deuda con el organismo por US$ 44.000 millones, concentrados mayormente entre 2022 y 2023.En 2020, la economía cerrará con una caída del PBI de 12/13%, un déficit primario de 7/8% difícil de sostener en 2021 sin el mayor impuesto inflacionario de la emisión. De hecho, el último relevamiento de expectativas del BCRA prevé subas de 4% mensual en el cuarto trimestre, equivalentes a una inflación anualizada de 60%.

nestorscibona@gmail.com

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