Qué restricciones dice el FMI que aplicaría el Gobierno para limitar el acceso a la nueva moratoria previsional
El informe del staff del organismo afirma que se analizan medidas, como permitirles el plan solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema y no estén recibiendo otros beneficios sociales y aplicar una “fuerte verificación” de los ingresos y recursos de las personas; qué dicen hasta ahora la ley y el decreto reglamentario y cuál es la letra chica que falta conocer
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WASHINGTON.- El último informe del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Argentina describe qué medidas podría tomar el Gobierno, según las conversaciones mantenidas con funcionarios, para reducir los efectos negativos en las cuentas públicas de uno de los planes más sensibles para la sociedad que tendrá protagonismo en los próximos meses: la moratoria previsional. La ley de “pago de deuda” de aportes jubilatorios fue aprobada por el Congreso, tras el impulso que le dio el kirchnerismo, el 28 de febrero de este año. Y tiene un inevitable costo fiscal que el organismo pide “mitigar”.
El informe que el staff presentó al Directorio Ejecutivo le dedica, en la sección referida a las discusiones de políticas con el Gobierno, un párrafo completo a la moratoria previsional. En ese texto se puntualiza que “contener y compensar” el impacto fiscal de la medida será fundamental para sostener el sendero de ajuste de las cuentas públicas comprometido en el programa, que para este año prevé un déficit fiscal primario equivalente al 1,9% del producto bruto interno (PBI). “Para afrontar estos costos -dice el escrito en referencia a las consecuencias fiscales de la ley- se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentaciones que orienten el ingreso a la moratoria a quienes tengan mayor necesidad. Estas medidas, que podrían resultar en ahorros de alrededor del 0,2% del PBI, buscarían: (i) garantizar una fuerte verificación de recursos [de los solicitantes] (basada en ingresos y riqueza); (ii) aumentar las deducciones [los descuentos, en concepto de cuotas] de las pensiones, incluso mediante una estructura de tipos de interés que aumente con el aumento de las cuotas de cotización; y (iii) permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.
El Gobierno publicó el viernes último en el Boletín Oficial, justo antes de la reunión del board en la cual se aprobó la última revisión del programa y se liberó un nuevo giro por US$5400 millones, el decreto 173, reglamentario de la ley 27.705, de “pago de deuda previsional”. Ahora, quedó en manos de la Anses, tal como se informó ayer en LA NACION y por expresa delegación de la ley, la definición de qué topes de ingresos, tenencia de bienes y gastos regirán para que las personas accedan a un plan de pago de hasta 120 cuotas de lo declarado como deuda con el Estado por los aportes no hechos en su momento. Ello, más allá de que puedan existir también algunas otras reglamentaciones de “letra chica”.
De todas maneras, la reciente norma del Poder Ejecutivo especifica que incluso quienes no logren pasar el examen socioeconómico podrán adherir al programa para acceder al pago de haberes mensuales, aunque en ese caso haciendo el pago en una única vez de todo lo declarado como deuda con el Estado. Esto último parece ir en el sentido contrario de lo pedido por el Fondo Monetario, porque esos beneficios implican también un subsidio del sector público (otorgado, incluso, sin importar si las personas que lo reciben tienen un alto nivel de ingresos o de patrimonio), porque el “precio” al que se venderán los períodos de aportes no compensa el costo de la prestación a cobrar de por vida.
Las reglas de la implementación del plan son seguidas muy de cerca desde Washington, ya que el costo final de la moratoria dependerá de la letra chica que salga de la Anses, que está bajo el control de La Cámpora, con Fernanda Raverta en la dirección ejecutiva. Lo cierto es que el organismo de la seguridad social ya les está ofreciendo atención a los futuros beneficiarios de la nueva ley, aunque no hay normativa publicada respecto de qué criterios usará para otorgar o negar la posibilidad de jubilarse sin pagar, previamente, algo de lo registrado como deuda con el Estado. “Ya podés acceder al plan de pago de deuda previsional”, indica el título principal, al ingresar en la página web de la Anses; al clikear en la opción, ya pueden gestionarse los turnos para ir a una oficina a solicitar el beneficio.
La meta de reducir el costo para el Estado
Mencionando cálculos de otras fuentes, el FMI indica que el costo del plan estimado para este año es de alrededor del 0,2% del PBI y para el mediano plazo, de alrededor de 0,4%, suponiendo que alrededor de 800.000 personas se conviertan en beneficiarios del nuevo régimen, una cifra, esta última, que fue difundida por el Gobierno. Pero el número final puede llegar a ser considerablemente menor si se implementan determinadas limitaciones.
El escrito del FMI enumera tres potenciales restricciones para el acceso a la moratoria, según lo conversado con el ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo. La primera es una “fuerte verificación” de los ingresos y los recursos de los potenciales beneficiarios, para que ingresen quienes realmente tengan necesidad. La segunda es aumentar las deducciones (los descuentos por las cuotas) de las jubilaciones, y la tercera, la más significativa, es “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.
En la práctica, un examen socioeconómico, basado en los ingresos, los recursos y los gastos de los solicitantes ya estaba previsto en el texto aprobado por el Congreso y, de hecho, es una regla que rige en las moratorias previsionales desde 2014. Eso no impidió que, actualmente, dos tercios de las jubilaciones que paga la Anses hayan sido otorgadas moratoria mediante. Por otra parte, la disposición del decreto en el sentido de que quienes no pasen el examen socioeconómico igualmente podrán acceder a una jubilación (aunque no podrán pagar la deuda en cuotas) va en el sentido contrario a restringir el acceso al plan.
En cuanto a la pretensión de que aumenten las deducciones de las jubilaciones, el decreto establece que los descuentos a los haberes para saldar las cuotas de la moratoria no podrán ser superiores al 30% del haber mínimo. Eso está también en línea con lo definido por la ley. Una persona que declare deber los 30 años de aportes y acceda a un plan de 120 cuotas, tendría un descuento mensual de $17.189,91, cifra que equivale al 29,3% del haber mínimo. El valor de las cuotas se irá incrementando (tal como ocurre con los planes de moratoria hoy en curso) con el índice de movilidad previsional; de esa manera, siempre representan el mismo porcentaje del haber jubilatorio bruto de la persona.
Respecto de “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones”, no se fijó, al menos por ahora, ninguna limitación en ese sentido. La condición pretendida de que se trate de personas que “no estén recibiendo otros beneficios sociales” tampoco está contemplada de manera tan determinante; la ley establece que el ingreso a la moratoria es incompatible “con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva), incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que la o el titular perciba a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el importe equivalente a una jubilación mínima vigente a la fecha de solicitud de la prestación”. El decreto reglamentario agrega que quienes cobren un beneficio (jubilación o pensión) mayor al haber mínimo podrán pedir igualmente el cobro de otra prestación (pensión o jubilación) a través del plan subsidiado, pero solo si abonan toda la deuda declarada de una vez.
Una cuestión que no estaba prevista antes de emitirse el decreto conocido el viernes último es la imposibilidad, para quienes cobren beneficios de la nueva moratoria, de comprar dólares en el mercado oficial. Esa restricción regirá por 12 meses, a diferencia de lo que ocurre con las personas incluidas en otros supuestos (como el de haber cobrado en 2020 parte del sueldo, en un empleo privado, del programa ATP), para quienes la imposibilidad no tiene un límite temporal.
La implementación de la moratoria previsional asoma como uno de los temas más espinosos en las próximas discusiones con el FMI. El Fondo ya ha mostrado una notable flexibilidad para acomodar las exigencias del programa –demasiado laxas, según economistas– a los avatares de la economía argentina, pero la moratoria fue una medida “imprevista”, según la elegante fórmula semántica elegida por el staff para describir la ley impulsada por el kirchnerismo, que más allá de sus fundamentos y de su necesidad, complicará aún más el cumplimiento de la meta fiscal, uno de los pilares del plan.
Antes de presentar el informe del staff, el Fondo había dicho el fin de semana en un comunicado que la Argentina necesita un paquete de políticas “más sólidas” y que era esencial mantener el rumbo para bajar el déficit. Gita Gopinath, la subdirectora Gerente del FMI, dijo puntualmente que el costo fiscal de la nueva moratoria previsional deberá “mitigarse” permitiendo la entrada “solo a aquellos con mayor necesidad”.
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