Como en Francia, los sistemas previsionales son una bomba de tiempo en varios países
Mientras crece la expectativa de vida, la menor proporción de trabajadores entre la población general pone presión a futuro sobre los regímenes jubilatorios; las protestas en contra de la reforma de Macron, una luz de alerta
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LA NACIONLuisa Corradini
PARÍS.– El argumento no consigue convencer a los franceses, que se niegan a aceptar la explosiva situación que los espera en algunos años. Sin embargo, según la ONU y todos los organismos internacionales de previsión social, la esperanza de vida en el planeta pasará de 71,7 años en 2022 a 77,3 en 2050. Y esa realidad, sumada a la considerable reducción de la natalidad en el último medio siglo, obligará a aumentar la edad de la jubilación en todo el mundo.
“Si no se hace nada rápidamente para prolongar la duración de la vida laboral, en las próximas décadas asistiremos a una reducción de los niveles de vida. Debido al envejecimiento de las poblaciones, habrá cada vez menos personas en edad de trabajar para financiar la pensión de cada vez más ancianos”, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo asiste a un envejecimiento acelerado de la población, sobre todo en los países industrializados. El segmento de los 65 años se duplicó en los países avanzados, culminando en 22,7% de la población total en Japón, 13% en Estados Unidos y Canadá y 16% en Europa.
Apoyándose en la persistencia del avance demográfico actual, según el escenario más probable, la ONU estima que el número de personas de más de 60 años totalizará 1200 millones en 2025 (15% de la población total) y 2000 millones en 2050 (22% del total).
Por su parte, gigantes demográficos como India y China, que reúnen 38% de los 7000 millones de humanos de la Tierra, propagarán esa onda de choque que es la “globalización del envejecimiento”. En 2050, un tercio de los chinos tendrá 60 años o más, consecuencia de la política estatal del wan xi shao (casamiento tardío, nacimientos espaciados y poco numerosos), conjugado a la medida coercitiva del hijo único decretada en 1979, y cuya anulación hace siete años no parece arrojar ningún resultado.
Tampoco hace falta tener demasiada imaginación para presentir la amplitud de las consecuencias generadas por el envejecimiento vertiginoso del sur. Frente a los problemas endémicos que arrastran desde hace lustros, las perspectivas de los países más frágiles para crear los necesarios sistemas de protección social o, caso contrario, asumir las consecuencias, parecen más preocupantes que nunca.
A escala mundial, cerca de la mitad de las personas que superaron la edad legal de la jubilación no recibe ninguna pensión. Y para muchos de los que la reciben, el nivel de las mismas los deja por debajo del umbral de pobreza. En virtud de los textos en vigor, solo 42% de las personas en edad de trabajar pueden esperar recibir una pensión en el futuro.
En los últimos años, numerosos países de ingresos débiles e intermedios comenzaron a esforzarse para ampliar la cobertura de los regímenes jubilatorios contributivos o instalar pensiones no contributivas a fin de garantizar una seguridad elemental para los ancianos. En el mismo periodo, los países que se esfuerzan en sanear sus finanzas públicas, reforman sus sistemas jubilatorios para reducir gastos, sobre todo aumentando la edad del retiro, limitando las prestaciones y aumentando los niveles de cotización.
En todo caso, para aquellos gobiernos que realmente se preocupan por sus administrados, los sistemas de jubilación —ya sean por repartición o por capitalización— se han convertido en un motivo de preocupación mayor. Y si bien las grandes evoluciones de la población constituyen un problema común, la situación reviste en cada país una dimensión particular que depende de dos factores: el grado de intensidad de las transformaciones demográficas y los sistemas previsionales existentes. En ciertos casos, ajustes relativamente modestos alcanzarán para perennizar el sistema; en otros, serán necesarias reformas más radicales.
Un sistema de jubilación es generalmente un rompecabezas. Al origen, existían dos grandes modelos jubilatorios, uno basado en la cotización de los trabajadores, inventado en Alemania a fines del siglo XIX (conocido como “Bismarck”) y otro inspirado por el economista inglés William Beveridge, que reposa en un principio de seguro universal financiado por los impuestos (llamado “Beveridge”).
Hoy los sistemas evolucionaron y reposan generalmente sobre financiamientos mixtos, a la vez por los trabajadores y el Estado. En Francia, como en la mayoría de los países europeos, la pensión es financiada mediante el sistema de repartición: las cotizaciones de los activos son utilizadas para pagar las pensiones de los jubilados. Por el contrario, en un sistema por capitalización, los trabajadores ahorran para su propia pensión. Las sumas ahorradas pueden fructificar a través de fondos de pensión, como sucede, por ejemplo en Estados Unidos.
El modelo europeo
“La reforma jubilatoria es indispensable cuando nos comparamos al resto de Europa”, afirmaba en enero el presidente Emmanuel Macron. Desde que presentó su proyecto de ley, las comparaciones con uno u otro país europeo entran regularmente en el debate, para justificarla o criticarla.
Pero, ¿es verdaderamente pertinente tratar de comparar el New State Pension británico, fundado en una fuerte dosis de capitalización, con el sistema de Francia, que privilegia la repartición? ¿O los Bálticos, para quienes más de un tercio de la pensión está constituido por ingresos de actividad post-jubilación, y los franceses, que son los que menos trabajan en Europa una vez jubilados?
En todo caso, todos los países europeos tienen un sistema por repartición… salpicado de capitalización a diferentes niveles. En Gran Bretaña y Países Bajos, las sumas administradas por los fondos de pensión o las cajas de jubilación privadas pesan por más de la mitad en los gastos totales del retiro.
Las sutilezas y diferencias son tantas que tal vez resulte mejor, como hace la OCDE, limitarse a comparar el ingreso neto promedio de los mayores de 65 años al de la población total. Entonces aparecen, al frente, Luxemburgo, Francia, Italia y Portugal. Mientras que al final del pelotón, los bálticos y los checos padecen un rezago importante en relación al resto de la población cuando llegan a la pensión.
China, población en baja
Si hay un país —mucho más que Francia— que deberá reforzar su sistema jubilatorio a marcha forzada, es China donde, por primera vez, su población disminuye: 850.000 personas menos en los últimos 12 meses (nueve millones de nacimientos; poco menos de diez millones de decesos). Y eso, sin contar con la pandemia de Covid.
Si bien el saldo demográfico negativo también vale para sus vecinos japoneses o surcoreanos, en China es sin precedentes desde 1961. Y esta vez es estructural. La inversión de la tendencia se produce mucho más rápido de lo previsto: la ONU la imaginaba a partir de 2031. Y como al mismo tiempo la esperanza de vida aumenta acercándose a los 80 años, el envejecimiento demográfico es ineluctable. En otras palabras, al ritmo actual, la población china debería reducirse a la mitad —sí, la mitad— a fines de siglo.
Esto representa un enorme problema para las jubilaciones, aunque Pekín no lo diga. En el futuro próximo, el país perderá tres millones de activos por año. En una década, los mayores de 60 años equivaldrán a 30% de la población. Y el costo de las jubilaciones podría representar el 20% del PIB, cuando en Francia, es de apenas 14%.
Actualmente, el sistema previsional chino es a la vez generoso e injusto. Generoso porque es ventajoso para los beneficiarios: retiro a los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Injusto porque en el campo, las pensiones son inexistentes.
Pero, con la tendencia demográfica actual, el sistema será pronto insolvente. El poder lo sabe y ha comenzado a reformar, abriendo la posibilidad de jubilaciones complementarias individuales por capitalización. Aun así, China no podrá escapar a una reforma más estructural de aumento progresivo de la duración de las cotizaciones.
Transición en América Latina
América Latina no escapa a la transición demográfica del resto del mundo. Sus poblaciones serán cada vez más longevas, volviendo los sistemas de pensión cada vez más costosos. Según un informe de la CEPAL de 2015, países como Uruguay, la Argentina y Brasil destinaban el 10% de su PBI al pago de pensiones, mientras que los demás se ubicaban por debajo del 5%.
Respecto del gasto público total, lo destinado a pensiones era entre 25% y 40% en casos como Colombia, Brasil, la Argentina y Uruguay, mientras que en el resto de la región la proporción era menor del 20%, e incluso no llegaba al 5% en Perú.
Pero se estima que, en los próximos 50 años, el costo de las pensiones en América Latina prácticamente se duplicará, mientras que los países de la OCDE esos gastos sólo se incrementarán en 20%. Esto implica un enorme desafío para toda la región. ¿Cómo financiar sus sistemas, teniendo en cuenta que, en general, el debate se produce en contextos de escasez de recursos, sin la posibilidad de plantear esquemas alternativos para obtener ingresos que permitan hacer frente a estas situaciones?
Estados Unidos, reservas limitadas
En Estados Unidos, país que generalmente se considera el reino de los fondos de pensión privados, estos son extremadamente controlados por los representantes de los ahorristas: sindicatos de funcionarios o de profesionales. En todo caso, el principal financista del 61% de las pensiones pagadas a los jubilados estadounidenses es el sistema público, el Social Security.
Estados Unidos enfrentará, sin embargo, el mismo problema que Francia para poder mantener a flote ese sistema. Aun cuando el Social Security sea mucho menos generoso que los regímenes europeos —con una pensión que representa el 51% del último salario, contra 74% en Francia— sus costos ya comenzaron a exceder sus ingresos en 2021. Según todos los estudios, a menos de hallar nuevas formas de financiación, las reservas se habrán agotado hacia 2035.
El Instituto Mercer CFA publica cada año su índice Global de Pensiones (MCGPI), resultado de un exhaustivo estudio comparativo de los sistemas de jubilación en todo el mundo. El mismo permite identificar las debilidades y definir las pistas de reforma para garantizar un nivel de pensión suficiente y un equilibrio financiero perenne.
En su edición 2022, Mercer compara los sistemas previsionales de 44 países. Islandia obtiene el valor más alto (84,7), seguida por Holanda (84,6) y Dinamarca (82). Tailandia llega en último lugar (41,7), mientras la Argentina se ubica antepenúltima (43,3), muy por debajo del promedio.
Entre los países de América Latina, Chile obtiene el mejor puntaje (68,3) colocándose en el puesto 16 y superando a Estados Unidos (63,9) que llega en el 20° puesto. En relación al año anterior, el informe anota que “fue México quien más progresó, gracias a su reforma previsional, que mejoró las condiciones de vida de la gente y la reglamentación jubilatoria”.
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