Elecciones en EE.UU.: ¿se convirtió el país en un Estado fallido?

NUEVA YORK.- Al momento de escribir estas líneas, parece sumamente probable que Joe Biden gane la presidencia de Estados Unidos. Y claramente ha recibido millones de votos más que su oponente. Biden puede y debería declarar que ha recibido un fuerte mandato para gobernar el país.

Pero lo cierto es que hay dudas reales sobre si efectivamente podrá gobernar. En este momento, es muy probable que el Senado -y no hay nada menos representativo del pueblo norteamericano que el Senado-, quede en manos de un partido extremista que se ocupará de sabotear a Biden de todas las formas posibles.

Pero antes de meternos en los problemas que acarreará ese enfrentamiento, hablemos de lo poco representativo que es el Senado.

Hay dos senadores por cada estado, o sea que los 579.000 habitantes del estado de Wyoming pesan tanto como los 39 millones de habitantes que tiene California. Los estados "sobrerrepresentados" de esa manera, suelen ser mucho menos urbanizados que la nación el su conjunto. Y dada la creciente polarización política entre las grandes urbes y las zonas rurales, eso inclina fuertemente al Senado hacia la derecha.

Un análisis del sitio web FiveThirtyEight revela que el Senado, en efecto, representa a un electorado que es casi 7 puntos porcentuales más republicano que el votante promedio a nivel nacional. Los casos como el de la senadora republicana Susan Collins, que retuvo su banca por Maine, un estado demócrata, son excepciones. Lo cierto es que el sesgo derechista del Senado es la principal razón por la que el Partido Republicano probablemente retendrá el control, a pesar de la significativa victoria de los demócratas en cantidad de votos para presidente.

De todos modos, muchos se preguntarán que tiene de malo un control dividido del gobierno. Al fin y al cabo, los republicanos controlaron una o ambas cámaras del Congreso durante tres cuartas partes del gobierno de Obama y sobrevivimos, ¿o no?

Sí, pero.

De hecho, la obstrucción republicana en el Congreso hizo mucho daño durante las presidencias de Obama. Con tácticas despiadadas, como amenazar con provocar un default de la deuda pública, los republicanos forzaron el retiro prematuro de los estímulos fiscales, frenando así la recuperación económica. Según mis estimaciones, sin ese sabotaje de facto, la tasa de desempleo en 2014 habría sido 2 puntos más baja de lo que fue.

Ahora, para colmo, la necesidad de aumentar el gasto público es mucho más acuciante que en 2011, año en que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes.

El coronavirus, desbocado

En lo inmediato, el coronavirus está desbocado, hay más de 100.000 casos nuevos por día, y la cifra aumenta a toda velocidad. El daño en la economía será feroz, por más que el gobierno nacional y los estados no impongan nuevas cuarentenas.

Se necesita desesperadamente una nueva ronda de gasto nacional en salud pública, asistencia a los desempleados y a las empresas, y apoyo para los estados y condados cortos de fondos. Los cálculos razonables estiman que ese gasto debería ser, por lo menos, de 200.000 millones de dólares mensuales, hasta que una vacuna ponga fin a la pandemia. Me resulta inimaginable que un Senado que siga controlado por Mitch McConnell acuerde medidas como esa.

De hecho, es muy probable que la debilidad económica y la desesperante necesidad de inversión pública persista incluso una vez terminada la pandemia. Pero McConnell hasta bloqueó la inversión en infraestructura con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Por qué habría de ser ahora más flexible, con Biden en la presidencia?

Por supuesto que el gasto público no es la única política que existe. Generalmente, hay muchas cosas que un presidente puede lograr, para bien (Obama) o para mal (Trump), a través de decretos del Poder Ejecutivo. De hecho, hace unos meses, un grupo de expertos demócratas hizo una lista de cientos de cosas que el presidente Biden podría hacer sin necesidad de pasar por el Congreso.

Pero es ahí donde empieza a preocuparme el rol de una Suprema Corte totalmente partidaria, una corte que fue moldeando McConnell con su torcimiento de las nomas, como la apresurada confirmación de Amy Coney Barrett pocos días antes de las elecciones.

Las cifras son claras: seis de los nueve jueces supremos fueron elegidos por un partido que ha obtenido mayoría de votos populares en solamente una de las últimas ocho elecciones. Y creo que hay grandes chances de que la Corte actual se comporte igual que la Suprema Corte de la década de 1930, que bloqueó sistemáticamente los programas de ayuda del New Deal hasta que Roosevelt amenazó con ampliar el número de jueces, algo que Biden tampoco podría hacer con un Senado controlado por los republicanos.

O sea que estamos en serios problemas. La derrota de Trump puede implicar, al menos por el momento, que hayamos evitado hundirnos en el autoritarismo: sí, es tan grave como eso, y no solo porque Trump es Trump, sino por lo extremista y antidemocrático que es el Partido Republicano actual. Pero nuestro torcido sistema político hace posible que el partido de Trump siga estando en posición de entorpecer, o incluso frustrar, cualquier intento del próximo presidente para manejar los tremendos problemas epidemiológicos, económicos y ambientales que enfrentamos.

En otras palabras: si buscáramos otro país con el nivel de disfuncionalidad política que tiene Estados Unidos, probablemente lo consideraríamos al borde de convertirse en un Estado fallido: un Estado cuyo gobierno ya no tiene el control efectivo del poder.

Una elección de desempate en Georgia todavía podría darles a los demócratas el control del Senado, y más allá de eso, Biden todavía puede encontrar a un par de republicanos sensatos y dispuestos a alejarnos del borde de ese abismo. Pero a pesar de una aparente victoria en las presidenciales, la República sigue en grave peligro.

The New York Times

Traducción de Jaime Arrambide