Enfrentada al Papa, la dictadura de Daniel Ortega reduce al mínimo el vínculo con el Vaticano
La decisión llegó tras los dichos de Francisco quien, en una de las últimas entrevistas que dio, aseveró que la administración sandinista es “como las dictaduras comunistas o hitlerianas”
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Corresponsal en ItaliaElisabetta Piqué
ROMA.- Un décimo aniversario de papado turbulento para el papa Francisco: aunque no hubo ruptura de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede, sí hubo una “suspensión” del vínculo, es decir, algo muy parecido, aclaró hoy una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que desmintió versiones de la prensa locales que antes habían hablado de “ruptura”.
Altas fuentes del Vaticano confirmaron a LA NACION que la Secretaría para las Relaciones con los Estados del Vaticano recibió en la noche del viernes una “nota verbal”, es decir, un clásico documento diplomático, en el que Nicaragua informó que había decidido cerrar su embajada ante la Santa Sede y pidió al Vaticano hacer lo mismo con su nunciatura en Managua.
Como en esa “nota verbal” no se habló de ruptura de relaciones diplomáticas, “formalmente no hay ruptura”, dijeron a LA NACION fuentes vaticanas, que admitieron que la situación de todos modos es muy delicada y nadie sabe lo que puede pasar en el corto plazo. “Es claro que es un paso que se acerca a la ruptura, aunque no necesariamente y, de todos modos, suspensión no es ruptura”, explicaron las mismas fuentes.
La suspensión de relaciones diplomáticas llegó después de que el Papa pronunció palabras fuertes en una entrevista con Infobae publicada el viernes: entonces tildó al régimen de Nicaragua como de “una dictadura guaranga”. Además, consideró que “con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que la dirige”, refiriéndose a su presidente, Daniel Ortega. El Pontífice habló así tras una pregunta sobre los ataques a la Iglesia católica en ese país centroamericano, el reciente destierro de 222 opositores, la expulsión del nuncio, la prohibición de procesiones en Semana Santa y el hecho de que Ortega había llamado recientemente “una mafia” a “los obispos, los curas, los papas”.
“Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el Papa, refiriéndose al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, de 56 años que a principios de febrero se negó a subir al avión que deportó a más de 200 presos políticos a Estados Unidos, considerados “traidores a la patria” y fue condenado a 26 años de prisión.
“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”, dijo el Papa, en declaraciones que causaron un terremoto en Nicaragua y que fueron aplaudidas por la oposición.
El Vaticano acusó recibo de la “nota verbal” enviada el mismo viernes por la noche por Nicaragua, con otra “nota verbal” en la que, “con tristeza”, tomó nota de la comunicación diplomática. Y le dio instrucciones al actual encargado de negocios del Vaticano, el monseñor senegalés Marcel Diouf, que se encuentra en Managua, de cerrar la nunciatura y dejar el país, según pudo saber LA NACION.
“Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia católica, el Gobierno precisa que entre el Estado del Vaticano y la república de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas”, indicó por la noche de Roma un comunicado de prensa del ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Este acusó a los “medios vinculados al terrorismo golpista” de haber divulgado la falsa noticia de “ruptura” de relaciones.
Poco antes el diario Confidencial Digital, que dio la noticia de la ruptura, indicó que esta había sido comunicada por Yara Suhyén Pérez Calero, la representante ante la Santa Sede que actúa como ministra consejera ya que no hay embajador ante el Vaticano desde el 21 de septiembre de 2021.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2018. Desde entonces, el gobierno a cargo de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se enfrentó también al mundo eclesiástico y a líderes de la Iglesia que criticaron sus políticas.
El martes pasado, en tanto, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II -que depende de la Conferencia Episcopal de Nicaragua- y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) alegando “incumplimientos” de leyes.
Ese mismo día, el diario oficial también anunció la disolución de los organismos católicos de beneficencia Cáritas Nicaragua y Cáritas Diocesana de Jinotega.
Luego de los comentarios del Papa, desde la Iglesia de ese país confiaron en la resolución de los problemas que atraviesa la nación. “Yo pienso que es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Siempre pienso que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua: la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia”, dijo a la AFP el cardenal Brenes, arzobispo de Managua.
Las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua existen desde 1908, es decir, desde hace 115 años. Según recordó Il Sismografo, sitio especializado en Vaticano e Iglesia, la crisis actual se remonta en verdad a 43 años atrás, desde que concluyó la dictadura de la familia Somoza y apareció en escena el “Frente Sandinista de Liberación Nacional” liderado por un muy joven Daniel Ortega, desde entonces siempre en conflicto con la Iglesia católica y el Vaticano.
Si de una suspensión se llegara a una ruptura de relaciones, Nicaragua pasará formar parte de los 12 países que no tiene relaciones formales y oficiales con la Santa Sede.
El domingo 12 de febrero, en el tradicional Angelus dominical, el papa Francisco había deplorado la condena a 26 años de cárcel que el régimen de Ortega había dictado contra el obispo Álvarez después de que se negara a ser deportado a Estados Unidos.
“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Metagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos”, dijo. “Rezo por todos ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y pido su oración. Pidamos además al Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra los corazones de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a una sincera búsqueda de la paz, que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor y se alcanza a través del ejercicio paciente del diálogo”, agregó, pasando luego a recitar un Ave María por Nicaragua.
Tal como recordó en su momento Vatican News, el portal del Vaticano, los cargos que se le imputaron a Álvarez fueron delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
El obispo estaba detenido por las autoridades desde el 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero se encuentra en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos, algo que enfureció al régimen de Ortega.
Álvarez pidió reunirse junto a los demás Obispos antes de viajar, y después se negó subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de la libertad.
En 2018 monseñor Rolando Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas del régimen.
En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al nuncio apostólico –el embajador del Vaticano- y a 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Además, cerró diversos medios de comunicación católicos. Y el pasado 8 de febrero quitó la ciudadanía y desterró a seis sacerdotes. Aún permanecen encarcelados otros dos presbíteros.
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