Tras barrer a los opositores, el régimen de Ortega carga contra líderes históricos del sandinismo
La detención en masa desde hace dos semanas de críticos del gobierno en Nicaragua se agudiza; el rechazo y el reclamo internacional no logró frenar la embestida mandatario
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.– “Quiero dejar claro lo que ya he dicho en otros momentos: seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja, Daniel Ortega se va. ¡Lo vamos a sacar!”. La dirigente opositora Ana Margarita Vijil dejó grabado un video minutos antes de ser detenida por la policía sandinista, cuando estaba refugiada en casa de la excomandante guerrillera Dora María Telléz, la famosa Comandante Dos durante la guerra civil nicaragüense. Una heroína para el sandinismo.
Ambas mujeres fueron capturadas este domingo durante la nueva embestida revolucionaria, dirigida contra cuatro mujeres y contra otro guerrillero emblemático, el general retirado Hugo Torres. Poco importó a las fuerzas especiales que tanto Torres como Téllez participaran en 1978 en el histórico asalto de un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra el Palacio Nacional de Nicaragua, fecha clave en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza.
“Arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Ortega, pero así son las vueltas de la vida: los que una vez acogieron principios hoy los han traicionado”, subrayó en otro video Hugo Torres, que comandó en 1974 la acción guerrillera para sacar de la cárcel al ahora caudillo. Como si el nuevo sandinismo hubiera borrado su propia historia de un solo plumazo.
El repudio internacional y las amenazas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tampoco han logrado frenar la operación de caza y captura, con un nuevo repunte durante el fin de semana contra el antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado por el escritor Sergio Ramírez y convertido hoy en Unión Democrática Renovadora (Unamos).
La primera en caer con violencia y nocturnidad fue Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que agrupa a medio centenar de organizaciones surgida tras la rebelión popular de 2018. Dávila es una activista joven, hija de antiguos guerrilleros que lucharon contra el dictador Anastasio Somoza y sobrina de Vijil, expresidenta del MRS, al igual que Suyén Barahona, también detenida ayer.
La excusa gubernamental es la misma para todas ellas: la ley de defensa de los derechos del pueblo, la llamada “ley guillotina”, puesta en marcha por el sandinismo a finales de 2020 y que se está aplicando contra todos los detenidos. Se los acusa de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de incitar a la injerencia, a intervenciones militares y recibir financiamiento internacional para actos terroristas.
La mano de Murillo
Es conocida la animadversión que mantiene la primera dama Rosario Murillo contra las dirigentes femeninas que no sólo abandonaran la nave sandinista durante la deriva totalitaria, sino que también apoyaron la denuncia de Zoilamérica Narváez, hija de la vicepresidenta e hijastra de Ortega.
Zoilamérica denunció en su día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que siendo menor de edad sufrió los abusos sexuales de su padrastro, a lo que su madre respondió que estaba loca. “A mi madre le tengo miedo”, ha repetido Zoilamérica desde su refugio en Costa Rica.
Distintas organizaciones opositoras, incluida Unamos, participaron anoche en una vigilia por la libertad de todos los detenidos, incluida Violeta Granera, una de las dirigentes más firmes contra los abusos del régimen sandinista. Contra Granera comenzó el mismo proceso por la “ley guillotina” a mitad de semana, por lo que quedó en arresto domiciliario.
Centro de torturas
En una decisión sorprendente, la Policía irrumpió en su hogar, le dio unos minutos para recoger algo de ropa y unas pocas medicinas y se la llevó detenida de forma arbitraria. No se conoce el lugar de su detención, pero se teme que sea en la siniestra prisión de El Chipote, habitual centro de torturas del régimen y en donde permanecen otros de los opositores capturados en las últimas dos semanas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró de inmediato su preocupación ante esta acción policial, ya que Granera cuenta con medidas cautelares desde 2019. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han unido a las denuncias y han mostrado su indignación ante la ola de detenciones con las que Ortega pretende montar una farsa electoral en las presidenciales de noviembre.
Hasta ahora son cuatro precandidatos los detenidos, más una decena de dirigentes o colaboradores de la aspirante Cristiana Chamorro, que permanece secuestrada en su propia casa. El exembajador en Estados Unidos Arturo Cruz, el activista Félix Maradiaga y el empresario Juan Sebastián Chamorro, sobrino de la expresidenta Violeta Barrios, también fueron detenidos por la fuerza, incluso Maradiaga recibió golpes y trompadas.
La importancia de los detenidos es el mejor termómetro para medir hasta dónde está dispuesta a llegar la pareja presidencial. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá de forma urgente el martes para tratar la crisis de Nicaragua, que ha suscitado la repulsa de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y distintos países de la región, excepto los aliados revolucionarios.
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado “la nueva arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y las instituciones de Nicaragua”, tras las sanciones aplicadas a cuatro funcionarios de Ortega y Murillo, incluida su hija Camila.
“La victoriosa resistencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua dan un ejemplo a la Humanidad”, se jactó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
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