"Visóngate": la matanza de visones acorrala al gobierno de Dinamarca

MADRID.- En los países nórdicos, las grandes cuestiones de Estado (Defensa, Inmigración, Energía) alimentan el debate ideológico, pero difícilmente desestabilizan el país. Lo que verdaderamente hace tambalear estas sociedades y sus gobiernos es la mentira, o más bien la desconfianza. Antti Rinne, ex primer ministro finlandés elegido en las urnas en abril de 2019, se vio obligado a dimitir seis meses después por haber presuntamente omitido información al Parlamento sobre las causas de una huelga de carteros del servicio público de correos, Posti, como consecuencia de una reforma laboral que iba a acarrear despidos. Esta vez ha sido el gobierno danés el que se ha visto al borde del precipicio a cuenta del sacrificio de unos 17 millones de visones como medida excepcional para prevenir la expansión de una mutación de la covid-19 entre humanos que podría poner en peligro la efectividad de la futura vacuna. Con la dimisión forzada del ministro de Agricultura, Mogens Jensen, por haber autorizado la matanza sin base legal, Dinamarca vive estos días un escándalo que se anuncia largo: el #minkgate (#visóngate).

Que las granjas de visones están siendo escrutadas con lupa por su propensión a la expansión del coronavirus debido en parte a las condiciones de hacinamiento en las que viven estas criaturas es un hecho en toda Europa. Pero en Dinamarca, un país con casi seis millones de habitantes, la medida fue un balde de agua fría porque es el primer productor y criadero de visones del mundo, con China casualmente como principal cliente. Su millar de granjas emplea directamente a 3000 personas que, como Peder Elbek Pedersen, de 65 años, se quedaron desempleadas de la noche a la mañana.

"La decisión [del sacrificio] fue estúpida, se tomó demasiado rápido", cuenta al teléfono este veterinario de Aarhus, en el norte del país. Ni sus colegas ni él entienden en qué se basó el gobierno para ordenar el exterminio de toda la población de visones, y no solo de aquellos que habitaban las 284 granjas infectadas, según datos de FurEurope, una organización paraguas que engloba a los productores de pieles de animales, lo que representan entre el 25% y el 30% del total del país.

"Los visones que se infectaron tuvieron el virus entre tres y cuatro días. Después ya no quedaba rastro [de la enfermedad]", asegura Pedersen, que lleva 20 años tratando con visones, un negocio por el que ganaba unos 8000 euros al mes, según cuenta él mismo. "La primera ministra ha hecho un gran trabajo [respecto a la pandemia], pero el #minkgate es demasiado", continúa en referencia a la celeridad e ilegalidad con la que actuó presuntamente el Gobierno. Los datos avalan la dimensión del escándalo.

Según un estudio de la Universidad de Aarhus citado por medios locales la popularidad de la líder socialdemócrata, Mette Frederiksen, se desplomó 20 puntos (desde el 75%) justo después de ordenar el sacrificio de visones y tras hacerse público que el Gobierno lo hizo sin debatirlo en el Folketing (Parlamento) y sin una base legal.

El 4 de noviembre pasado, las autoridades ordenaron sin miramientos el exterminio de 17 millones de visones en todas las granjas danesas, que se encuentran principalmente en la península de Jutlandia, con menos densidad de población, porque habían hallado una mutación de la covid-19 llamada "clúster 5" que había saltado a al menos 12 personas. El gobierno entró en pánico -"Esto es extremadamente serio y es una amenaza para el mundo entero", llegó a decir Frederiksen- porque la futura vacuna peligraba incluso antes de ver la luz. La socialdemócrata, haciendo una vez más gala de su pragmatismo -muchos analistas afirman que tiene aires thatcherianos-, optó por atajar el problema de raíz justificando la drástica medida en la urgencia que requería para la salud. "Por supuesto la salud pública es una prioridad, pero hubiera sido mejor sacrificar solo a los visones de las granjas afectadas, no a la totalidad del país", dice al teléfono el portavoz de los Liberales, Michael Aastrup Jensen.

La oposición en bloque -que hasta el momento había cerrado filas con el gobierno en minoría de Frederikesen y su aplaudida gestión de la pandemia (802 muertos en total)-, denunció que la medida carecía de base legal para llevar a cabo el cometido y que, por tanto, la premier debía dimitir.

"Va en contra de la Constitución y alguien que viola la ley no puede ser primer ministro", alega al teléfono el diputado conservador Naser Khader. El profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague Mikael Rask Madsen explica a través de un correo electrónico que la urgencia que tenía el gobierno no le legitima para actuar de forma ilegal. "No es una cuestión de legitimidad, sino de legalidad. La única forma en que el Gobierno podría haber justificado en un sentido legal sus acciones fue considerándola una medida de emergencia bajo la ley constitucional. Sin embargo, nunca reclamaron esta base para su acción y en su lugar actuaron como si tuvieran una base legal (...). Actuaron al margen de la ley y la legalidad", sostiene en un tono visiblemente molesto.

Jakob Ellemann-Jensen, líder de la oposición conservadora (en Dinamarca, los partidos que apoyan al Gobierno incluso de manera externa, en este caso verdes y socio-liberales, no forman parte de la oposición), aseguró que existen informes técnicos que alertaban desde hacía semanas de la ausencia de base legal para llevar a cabo el exterminio de todos los visones del país. "La Constitución prohíbe que la Policía, el Ejército vaya de granja en granja pidiendo sacrificar a tus animales. La Constitución dice que no puedes hacer nada con la propiedad privada sin una ley", ilustra Aastrup Jensen. La agencia estadounidense Bloomberg asegura que los documentos circulaban en los grupos de expertos donde se toman las decisiones desde octubre, un mes antes de la matanza; y la televisión pública DR señala que hasta seis ministros fueron advertidos del vacío legal que suponían los sacrificios masivos. El Gobierno, sin embargo, lejos de debatir la medida en el Folketing, continuó con el plan.

Después de meses de riguroso compromiso con el gobierno la oposición, en fin, ha vuelto a hacer oposición. El Ejecutivo "ha cruzado los límites", dice el portavoz liberal. Y así, la semana pasada llegó la primera víctima: el responsable de Agricultura, Mogens Jensen, de 57 años. "Me gustaría decir que está claro que mi ministerio ha cometido un error en relación al sacrificio de visones anunciado por el Gobierno. He pedido disculpas por ello, las vuelvo a pedir y asumo mi responsabilidad por ello", dijo el titular en un comunicado. Pese a este mea culpa (que por otro lado no resulta extraño en estas sociedades), muchos sostienen que es Frederiksen la que sostiene la pistola humeante. "Ella centraliza todo el poder", añade Khader.

El Ejecutivo socialdemócrata se defiende ahora diciendo que la propuesta de matar a los visones era una mera recomendación, mientras que toda la oposición asegura que el extitular de Agricultura, cuando anunció la drástica medida en una conferencia de prensa, fue imperativo. "Ahora el exministro dice que solo recomendó. Eso no es verdad", apunta el conservador Khader, quién avecina una batalla legal por el significado de "recomendar" u "ordenar" fuera o dentro del Folketing. Pese a que el profesor de Derecho comprende la presión bajo la que se encontraban las autoridades, cree que el gobierno debería dimitir, incluso en medio de una pandemia con los peligros y la inestabilidad que ello podría conllevar para la sociedad: "El costo real es que se socava la democracia y el Estado de derecho si los que están en el poder no están dispuestos a aceptar su responsabilidad", zanja.

Mientras tanto, el Ejecutivo arregló a principios de semana el desaguisado legal sacando adelante una norma que daba cobertura legal a la matanza de forma retroactiva. Además, todos los partidos con representación parlamentaria están estos días negociando con el Gobierno ayudas económicas para la industria del visón en Dinamarca y aunque no es oficial, ya se habla de unos 20 billones de coronas danesas (unos 2.700 millones de euros). "La gente tiene que encontrar un nuevo trabajo", justifica Michael Aastrup Jensen. El veterinario Pedersen es mucho más pesimista y asegura que la industria del visón en Dinamarca "se ha terminado en un 99,9%".

Investigaciones

Pese a que el exministro Jensen fue inmediatamente sustituido por Rasmus Preh, hasta el momento al frente del área de Cooperación, su retirada no parece suficiente para toda la clase política a derecha e izquierda, que ha anunciado ya hasta tres investigaciones sobre qué ocurrió, quién sabía qué, desde cuándo y si fue una orden o una mera recomendación. Una investigación será liderada por abogados independientes; otra entrará dentro de una comisión parlamentaria impulsada por la oposición conservadora; y la última se trata de una suerte de audiencia pública a lo estadounidense que piden los partidos a la izquierda del gobierno. Esta última, sin embargo, no tiene ningún futuro, ya que no está contemplada en las leyes del país.

"La primera ministra continuará luchando", asegura el vocero liberal, quien coincide con el diputado conservador en que las investigaciones durarán "máximo un año" y en que es poco probable que haya una moción de censura en su contra sin esperar a las conclusiones de las pesquisas. El gobierno de Frederiksen, de momento, sobrevive en silencio al #minkgate.

Diario El País, SL

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