"¿Y si la policía desapareciera?": la muerte de George Floyd agita el debate sobre el el modelo de seguridad

PARÍS.– El método es radical, pero gana cada vez más adeptos. Después que la muerte de George Lloyd en Estados Unidos renovó en algunos países de Occidente el debate sobre la violencia y el eventual racismo sistémico de las fuerzas del orden, una pregunta vuelve con insistencia en las manifestaciones: ¿Y si la policía desapareciera?

Esa perspectiva dio nacimiento al eslogan "Defund the police" (cortemos los fondos a la policía), pintado en inmensas letras amarillas en el asfalto de las calles de Washington D.C. En claro: si la policía comete abusos y no respeta la igualdad social, ¿por qué no orientarse hacia un nuevo modelo de mantenimiento del orden?

En vez de pagar a la policía, según los partidarios del "desfinanciamiento", se debería invertir el dinero público en estructuras ciudadanas, en comunidades, a nivel local, y conseguir en forma pacífica lo que la misión policial intenta corregir a través de la coerción.

La idea, que provoca escalofríos a Donald Trump, seduce cada vez más en Estados Unidos y deja escépticos a los europeos que, salvo algunas excepciones, se declaran satisfechos con sus fuerzas del orden.

Pero, ¿acaso no se trata de una utopía? Por el momento, las democracias occidentales responden todas a la problemática de la seguridad con fuerzas de policía convencionales y nunca se realizó ninguna experiencia de amplitud para suprimirlas. "Existen países sin ejército, pero no sin policía", señala Jean-Vincent Brisset, investigador en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS).

Sistemas de seguridad en el mundo

Según el World Internal Security and Police Index (WISPI), en 2018 la policía de Singapur fue la mejor del mundo, seguida por las de Finlandia y Dinamarca. Entre los países que ocuparon los 20 primeros puestos, solo cuatro eran no-europeos. No obstante, ¿qué quiere decir esa clasificación? ¿Cuántos tipos de policías hay en el mundo?

En Europa, además de las nórdicas, la policía alemana y británica, que no cultivan las mismas relaciones con sus conciudadanos, también suelen ser citadas como ejemplo. La primera apuesta por la menor utilización posible de la violencia. La segunda por la proximidad.

Las fuerzas del orden británicas, que en su mayoría no portan armas, no están exentas de polémicas y procesos. Acusadas de controles sin motivo, utilizados y asumidos por la jerarquía como un mensaje de firmeza, mantienen sin embargo una excelente relación de proximidad con la gente, zócalo del arsenal de disuasión cotidiana.

En Alemania, la consigna tiene un nombre: desescalada. Evitar en lo posible los enfrentamientos y tratar de calmar la tensión. La policía prácticamente no utiliza gases lacrimógenos, ni granadas de dispersión, ni las temibles flashballs. Hay incluso brigadas "anticonflicto", especializadas en psicología, que intervienen en las situaciones más delicadas. Cada nuevo aspirante debe pasar dos años y medio en entrenamiento para convertirse en oficial, aunque eso no evita los excesos racistas. En Estados Unidos, por el contrario, esa formación requiere apenas entre 21 y 33 semanas.

Ese nivel de control no es único en Alemania, sino normal en la mayoría de los países europeos. A veces, esas reglas son incluso más estrictas. Finlandia y Noruega exigen que un oficial solicite autorización para disparar (en la medida de lo posible). En España, la policía debe avisar verbalmente y realizar disparos de advertencia antes de utilizar una fuerza letal.

Esto explica quizás la diferencia substancial de muertes relacionadas con las fuerzas del orden en diferentes democracias occidentales. El año pasado, Estados Unidos registró más de 1000 decesos en manos de la policía. En el mismo periodo se produjeron 36 en Canadá, 14 en Alemania y solo tres en Inglaterra y Gales.

Considerada una de las mejor formadas del mundo, plebiscitada por la población durante los ataques terroristas de 2015, la policía francesa se encuentra en plena tormenta acusada de racismo sistémico y brutalidad desde la crisis de los chalecos amarillos, cuando numerosos manifestantes resultaron gravemente heridos. Esta semana, el cuerpo reaccionó con indignación ante la decisión adoptada por el ministro del Interior, Christophe Castaner, de prohibir ciertas técnicas peligrosas de intervención —como la que provocó la muerte de George Floyd— y la promesa de suspender a todo policía o gendarme sospechado de racismo.

"El racismo en las fuerzas policiales es un reflejo de la sociedad", dicen los responsables sindicales, rechazando la idea de que la policía, como institución, es por naturaleza racista. Por el contrario, para el sociólogo francés Jean-Claude Monet, por el contrario, todas las investigaciones sobre "racismo y policía", tanto en Europa como en Estados Unidos coinciden: "La naturaleza específica del racismo policial no es un simple reflejo de la sociedad. ‘Nadie es racista cuando entra en la policía, pero se convierte’, es el leitmotiv de los guardianes del orden que tienen el sentimiento de tener siempre enfrente el mismo tipo de clientela, los inmigrantes o las minorías marginales. La multiplicación de incidentes con esos grupos engendra en los policías sentimientos de saturación, impotencia y exasperación, que también se alimentan con dificultades institucionales: escasez de efectivos, horarios de trabajo, salarios, relaciones con la jerarquía, etcétera", explica.

Pero la clave de un buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad tal vez resida en quién las controla. "Aun cuando las autoridades estadounidenses adoptaran los estándares de entrenamiento y reglamentación europeos, sería imposible hacerlos respetar a nivel nacional porque, a diferencia de otros países, el sistema es totalmente descentralizado. La mayoría de los 18.000 organismos policiales del país dependen de la ciudad o del condado y sus miembros son controlados por sus propios sindicatos", sostiene Paul Hirschfield, sociólogo y profesor de justicia criminal en la Universidad de Rutgers.

La cuestión del control está en el centro del debate sobre la violencia policial en Francia, donde los miembros de las fuerzas de seguridad son supervisados, investigados y sancionados por sus pares a través de un departamento especial: la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). Apodado comúnmente "la policía de la policía" después de los enfrentamientos del año pasado entre chalecos amarillos y fuerzas de orden, el IGPN recibió más de 300 denuncias de brutalidad policial. Hasta el momento, solo dos de esos reclamos pasaron a la justicia. "Todo lo contrario de lo que sucede en Inglaterra o en Gales, donde las 43 agencias que integran sus fuerzas de seguridad están sometidas al control de Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary, un organismo independiente", analiza Paul Hirschfield.

Las cosas, sin embargo, siempre pueden cambiar. A comienzos del siglo XXI, Georgia era uno de los sitios más corruptos del mundo. Los sobornos y las coimas en ese país del Cáucaso fronterizo con Rusia eran moneda corriente. Su policía, principal beneficiaria y responsable de hacer perdurar el sistema, era motivo de temor y desconfianza. En 2004, convencido de que no había otra solución, el nuevo gobierno tomó la decisión radical de disolver las fuerzas del orden y destituir a sus 30.000 miembros. Después comenzó un lento trabajo de reclutamiento —que duraría tres años— de una nueva policía, más pequeña, mejor entrenada y libre de corrupción.

"Decidimos que sería mejor desmantelar y comenzar de cero", relata Shota Utiashvili, investigador de la Georgian Foundation for Strategic and International Studies, que trabajó entonces para el ministerio georgiano del Interior. La nueva fuerza estableció una política de "tolerancia cero" con aquellos policías sospechados de dejarse tentar por el soborno. "En poco tiempo, la percepción pública de la policía cambió completamente", afirma Utiashvili.

Una década después, el modelo de Georgia fue adoptado en otros lugares. Por ejemplo en Camden, Nueva Jersey, que en 2013 tomó la inusual decisión de eliminar su fuerza policial y despedir a sus 250 miembros. Desde entonces, los crímenes violentos se redujeron 42% y el número de muertes cayó a la mitad: de 62 en 2012, año anterior a las reformas, a 25 en 2019. Y cuando este mes los ciudadanos de Camden se sumaron a las protestas contra la muerte de Floyd, la policía local hizo lo mismo.