Fiscal de Arizona vs Trump: cómo sigue la batalla legal por el acceso del ICE a los datos de salud de los migrantes

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se sumó a una nueva demanda multiestatal contra la administración de Donald Trump, según la cual el gobierno federal compartió ilegalmente información médica privada de los residentes de Arizona con agencias de control migratorio. La acción judicial se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California y se suma a una serie de litigios liderados por Mayes contra las decisiones políticas del presidente.

Datos de Medicaid, ¿usados para control migratorio?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) habría transferido sin restricciones bases de datos completas del programa Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), específicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta transferencia incluiría datos confidenciales de salud, como historiales médicos personales, sin consentimiento ni notificación a los afectados.

El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS, por sus siglas en inglés), que administra Medicaid en el estado, confirmó que la transferencia violó acuerdos legales y éticos previamente establecidos. Más de 2 millones de arizonenses están afiliados al AHCCCS, lo que incluye casi el 40% de niños, asegura la demanda interpuesta desde el Gobierno de Arizona.

“La transferencia ilegal de datos de salud privados y personalmente identificables de los arizonenses es inaceptable”, declaró Mayes. “Los beneficiarios de Medicaid acceden a estos servicios con la confianza de que su información será protegida, y el gobierno federal ha fallado en su promesa”.

La información de que el gobierno estatal entregaba información personal a funcionarios de deportación fue dada a conocer en junio de este año. De acuerdo con The Associated Press, altos funcionarios del HHS, habrían ordenado compartir la información con los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS). Esto generó temor entre comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes indocumentados que acceden legalmente a servicios de emergencia bajo Medicaid.

Violaciones legales y constitucionales

La demanda, apoyada por fiscales generales de al menos 20 estados, advierte que el uso indebido de estos datos podría llevar a miles de personas a evitar inscribirse en Medicaid, incluso si califican. Esto pondría una presión económica significativa sobre los sistemas de salud estatales y locales, que estarían obligados a cubrir servicios de emergencia sin reembolso federal.

“Cuando las personas temen que su información médica sea utilizada en su contra, simplemente dejan de buscar atención médica”, advirtió Mayes. “Eso no solo viola sus derechos, también agrava la salud pública”. La coalición de fiscales acusa a la administración de Trump de actuar sin cumplir con el debido proceso, al violar leyes que incluyen:

• La Ley de Procedimiento Administrativo
• La Ley del Seguro Social
• La HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico)
• La Ley de Privacidad
• La Cláusula de Gastos de la Constitución de los EE.UU.

La demanda solicita al tribunal prohibir nuevas transferencias de datos entre el HHS y el DHS, y vetar el uso de estos registros médicos para la aplicación de leyes migratorias.

Parte de una serie de demandas contra Trump

Esta no es la primera vez que Mayes confronta a la Administración Trump. Desde que asumió el cargo en 2023, la fiscal ha liderado litigios contra medidas que considera ilegales o perjudiciales para Arizona. Entre los casos más destacados se encuentran:

• Una demanda contra aranceles internacionales impuestos sin aprobación del Congreso.
• Un litigio por el despido masivo de empleados federales.
• Un recurso legal por la suspensión de US$3 mil millones en subvenciones a Arizona.
• Una coalición para bloquear la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Los fiscales generales de los distintos estados que acusaron a la administración Trump esperan ahora que el Tribunal de Distrito del Norte de California emita una orden para impedir el uso de estos datos en acciones de inmigración y restablezca las protecciones legales vigentes. Todavía no hubo novedades en la corte.

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