Katie Hobbs la firmó: qué dice la orden ejecutiva que protege a los trabajadores de la construcción en Arizona
La gobernadora aprobó una medida para evitar que las empresas registren a sus empleados como contratistas independientes para ahorrarse costos laborales e impuestos
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LA NACION
Katie Hobbs firmó una orden ejecutiva con la que busca endurecer los controles sobre empresas que clasifican incorrectamente a trabajadores como contratistas independientes en Arizona. Según el gobierno estatal, esa práctica perjudica salarios, beneficios laborales y recaudación impositiva. La medida quedó oficializada a través de la Orden Ejecutiva 2026-01 y establece un trabajo conjunto entre distintas agencias estatales para detectar irregularidades laborales y compartir información sobre compañías infractoras.
Qué cambia con la orden ejecutiva firmada por Hobbs
En un comunicado, la gobernación sostuvo que algunas empresas utilizan este tipo de esquemas para evitar obligaciones vinculadas a seguros de desempleo, compensaciones laborales e impuestos estatales. Hobbs también habló del tema en su cuenta oficial de X.
“Los habitantes de Arizona trabajan duro para ganar su cheque de pago y llevar comida a la mesa. Hoy firmé una Orden Ejecutiva para proteger sus salarios y beneficios y garantizar que todas las empresas jueguen con las mismas reglas”, escribió la gobernadora.
La disposición obliga a que varias agencias estatales intercambien información sobre posibles incumplimientos laborales. Entre los organismos involucrados aparecen:
- El Departamento de Seguridad Económica (DES, por sus siglas en inglés).
- El Departamento de Ingresos (DOR, por sus siglas en inglés).
- La Comisión Industrial de Arizona (ICA, por sus siglas en inglés).
- El Registro de Contratistas (ROC, por sus siglas en inglés).
Según explicó el estado, el objetivo es detectar casos donde empleados son registrados como contratistas pese a que cumplen funciones permanentes y deberían figurar en relación de dependencia.
La orden también instruye al Departamento de Administración de Arizona (ADOA, por sus siglas en inglés) a revisar contratos estatales y posibles mecanismos de control para empresas que reciben fondos públicos.
Entre las medidas que analiza el gobierno aparece la certificación de nóminas salariales y nuevas revisiones sobre el cumplimiento de leyes laborales federales y estatales.
Antes de octubre de 2026, las agencias involucradas deberán presentar un informe con recomendaciones para mejorar los controles y reforzar el cumplimiento de las normas laborales.
Más de 30.000 trabajadores estarían afectados en Arizona
El gobierno estatal aseguró que la clasificación errónea de empleados aparece con más frecuencia en sectores como la construcción, la limpieza y otros trabajos de bajos salarios.
Según datos citados en el comunicado oficial, alrededor del 13% de los trabajadores de la construcción en Arizona -más de 30.000 personas- estarían mal clasificados.
La administración de Hobbs calcula que esta situación provoca pérdidas de entre US$5 millones y US$10 millones anuales en ingresos fiscales para el estado.
Además, sostiene que cada trabajador afectado podría perder más de US$30.000 al año entre salarios, compensaciones y beneficios laborales.
La gobernación también remarcó que este tipo de maniobras perjudica a empresas que sí cumplen las normas laborales y fiscales.
Arizona creará un consejo asesor sobre protección salarial
La orden ejecutiva incluye la creación de un Consejo Asesor de la Industria sobre Protección de Cheques de Pago.
El grupo estará integrado por representantes de empresas, trabajadores y especialistas vinculados al mercado laboral. Según explicó el gobierno estatal, el objetivo será elaborar recomendaciones para mejorar los controles y ampliar la información disponible para los empleados sobre sus derechos laborales.
Las reuniones deberán realizarse antes de octubre y formarán parte del informe final que las agencias entregarán a la oficina de Hobbs.
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