Para frenar al ICE: una estudiante High School enfrenta al gobierno federal por un centro de detención en su vecindario

Una alumna de 17 años de Arizona, Cali Overs, inició una campaña pública contra un nuevo centro de detención de migrantes que planea construirse cerca de su escuela secundaria del suburbio de Surprise, cerca de Phoenix. La iniciativa generó movilizaciones vecinales, presiones políticas y una demanda judicial del estado contra el gobierno federal.

Cali Overs cursaba el último año en Dysart High School cuando comenzó a participar activamente en reuniones municipales para cuestionar el proyecto que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) impulsa cerca de su escuela secundaria.

El complejo que albergaría a los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) requiere una inversión de unos 70 millones de dólares.

La joven organizó entrevistas con medios locales junto a compañeros y promovió una petición nacional para impedir que el ICE construya instalaciones de detención dentro de un radio de tres millas (4,8 kilómetros) de escuelas primarias y secundarias, informó The Washington Post.

El pedido superó las 11.000 firmas verificadas y reunió decenas de mensajes de apoyo de residentes de Arizona. Overs además abrió perfiles públicos en redes sociales para publicar actualizaciones sobre reuniones con autoridades, avances judiciales y actividades vinculadas con la campaña.

Durante una sesión del Concejo Municipal de Surprise realizada en febrero, Overs tomó la palabra frente al alcalde Kevin Sartor y se presentó como vicepresidenta del cuerpo estudiantil.

Antes de que la “descartaran” por ser una “joven ingenua”, destacó que tenía un promedio académico de 4,3, una calificación considerada excepcional en el sistema educativo estadounidense y equivalente a una “A+”.

Luego, la adolescente sostuvo que el edificio quedaría a pocas cuadras de la escuela y manifestó preocupación por el posible impacto sobre alumnos y familias. “Saquen esto de nuestra ciudad”, reclamó.

A su vez, afirmó que varias familias modificaron sus rutinas después de que trascendiera la compra del inmueble. Algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a clases por temor a un aumento de operativos migratorios en la zona.

El depósito adquirido por el DHS integra un programa nacional destinado a expandir la infraestructura de detención migratoria en Estados Unidos. De acuerdo con The Washington Post, la propiedad de más de 400.000 pies cuadrados (37.161 metros cuadrados) forma parte de un paquete de inmuebles comprados este año en ocho estados.

Funcionarios de Arizona señalaron que el predio podría alojar entre 500 y 1500 detenidos. La estrategia provocó rechazo en distintas ciudades del país norteamericano. Los residentes y las autoridades locales frenaron ventas de edificios destinados al ICE en Oklahoma City y Ashland, Virginia.

En Kansas City, Missouri, el alcalde impulsó una medida para prohibir durante cinco años la instalación de centros de detención no municipales, luego de conocer planes similares del gobierno federal.

El alcalde Kevin Sartor afirmó en reiteradas ocasiones que el municipio no podía impedir que una agencia federal comprara o utilizara la propiedad. Aun así, el Concejo Municipal de Surprise envió una carta al DHS para solicitar información adicional sobre el emprendimiento.

Más adelante, Sartor informó que representantes municipales viajaron a Washington para reunirse con funcionarios federales. Según explicó, el organismo aseguró que el complejo “no activará medidas locales de control migratorio” y que agentes del ICE no operarían en escuelas, iglesias ni centros para adultos mayores de la ciudad.

El mandatario local también indicó que el gobierno federal compensará pérdidas vinculadas al impuesto sobre la propiedad. “Aunque no podemos impedir que una agencia federal compre tierras, sí podemos trabajar para mitigar el impacto en Surprise”, declaró.

En otra reunión municipal, Overs cuestionó la respuesta de los dirigentes locales y sostuvo que “los adultos en el poder deberían sentirse responsables”. El Distrito Escolar Unificado de Dysart rechazó realizar comentarios sobre este tema.

A fines de abril, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda contra el DHS. La funcionaria sostuvo que el gobierno federal avanzó con la iniciativa sin realizar una evaluación ambiental previa.

Días antes de la presentación judicial, el DHS emitió una orden de pausa al contratista de seguridad vinculado al desarrollo del centro. Sin embargo, esa suspensión quedó sin efecto a comienzos de mayo.

Hasta el momento, el tribunal no fijó una fecha para tratar la demanda impulsada por Arizona y el futuro del predio permanece incierto. Overs, que se graduó esta semana, aseguró que continuará con su campaña nacional. “Aprendí que para que las cosas valgan la pena al final, uno tiene que luchar”, afirmó.