Así refuerza el ICE su tecnología para atrapar a migrantes y grupos antiredadas

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha experimentado una rápida expansión de sus capacidades de vigilancia en las últimas semanas, según una revisión de las divulgaciones de gastos federales. La agencia ha firmado una serie de contratos para adquirir tecnologías avanzadas que le permiten identificar a individuos mediante el escaneo de iris o rasgos faciales, monitorear su actividad en teléfonos celulares, publicaciones en redes sociales y movimientos físicos.

Esta avalancha de compras de equipos de vigilancia está impulsada, en gran parte, por la intensa campaña nacional del ICE para localizar y deportar a inmigrantes indocumentados, según consignó The Washington Post. Sin embargo, los documentos analizados también revelan que parte de esta tecnología podría ser utilizada para atacar a lo que la administración considera “grupos extremistas anti-ICE”.

A fines del mes pasado, el entonces presidente Donald Trump declaró a “Antifa” como una organización terrorista nacional, tras violentos enfrentamientos y un tiroteo en Dallas en una instalación del ICE. Trump ordenó a todas las agencias federales dedicar recursos a investigar lo que definió como “una empresa militarista y anarquista que explícitamente exige el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal”.

Poco después de esta orden ejecutiva, el director interino de ICE, Todd M. Lyons, anunció en una entrevista con Glenn Beck que la agencia desplegaría a algunos de sus oficiales de investigación de élite para indagar en las redes de manifestantes anti-ICE. “Contamos con algunos de los mejores agentes especiales, investigadores criminales”, afirmó Lyons en el podcast de Beck, añadiendo: “Vamos a rastrear el dinero. Vamos a rastrear a estos cabecillas”.

Lyons sostuvo que las investigaciones se centrarían en los “cabecillas” y “agitadores profesionales” que, según él, buscan convertir las protestas en enfrentamientos violentos. No obstante, legisladores demócratas, defensores de los derechos civiles y exfuncionarios han expresado su profunda preocupación. Temen que el ICE tenga ahora luz verde no solo para monitorear a las comunidades inmigrantes, sino también para llevar a cabo una vigilancia amplia de ciudadanos estadounidenses que ejercen su derecho amparado por la Primera Enmienda a oponerse a las acciones del gobierno.

John Sandweg, quien fue director interino de ICE durante la administración Obama, advirtió que “la adquisición y el despliegue de esta tecnología en este entorno van a suscitar importantes preocupaciones”.

Entre las tecnologías adquiridas por ICE en las últimas semanas se incluye una aplicación de escaneo de iris que los agentes planean usar en el campo. Este contrato, valorado en 4,6 millones de dólares y firmado el 23 de septiembre con BI2 Technologies, permite a los agentes verificar la identidad de una persona en tiempo real, comparando la imagen del ojo con una base de datos de millones de registros. ICE calificó este sistema móvil como un requisito “de misión crítica”, ya que permite la verificación de identidad no solo en la oficina, sino también durante las operaciones de campo. Según el sitio web de la compañía, el software puede obtener una lectura de identificación del ojo de una persona desde una distancia de hasta 38 cm, incluso si lleva gafas.

Otra adquisición significativa es el software de reconocimiento facial Clearview AI, por el que ICE pagó 3,75 millones de dólares el 5 de septiembre. Esta es la mayor compra pública de esta tecnología por parte de una agencia federal estadounidense hasta la fecha, según el Sistema Federal de Datos de Adquisiciones. Clearview AI se ha popularizado entre las fuerzas del orden, a pesar de las preocupaciones sobre su precisión; The Washington Post informó en enero que al menos ocho personas fueron arrestadas injustamente debido a coincidencias incorrectas. ICE declaró en su contrato que el software sería utilizado por su oficina de Dallas para investigar casos de explotación sexual infantil y agresiones contra agentes del orden.

La agencia también ha adquirido software espía que le permite hackear teléfonos inteligentes de forma remota y extraer datos, incluso si los dispositivos están bloqueados o la comunicación se realiza mediante aplicaciones cifradas. Uno de estos programas, desarrollado por la empresa Paragon Solutions, ha generado considerable inquietud entre los grupos de derechos civiles debido a su uso por parte de otros gobiernos para vigilar a disidentes políticos y periodistas.

El contrato inicial de 2 millones de dólares del ICE para el software espía Paragon fue suspendido por la administración Biden por estas preocupaciones éticas, pero fue reactivado el 29 de agosto. Tres legisladores demócratas, las representantes Summer Lee (Pensilvania), Shontel Brown (Ohio) y Yassamin Ansari (Arizona), expresaron su preocupación en una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, el 6 de octubre.

Afirmaron que “Graphite puede acceder sin autorización a teléfonos móviles sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario, lo que permite acceder a aplicaciones cifradas, a los datos de ubicación del teléfono, así como a los mensajes y fotografías guardados en el teléfono”. María Villegas Bravo, asesora del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), señaló que el uso de este software plantea interrogantes sobre si infringe la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, así como la protección de la libertad de expresión y los derechos de reunión y petición de la Primera Enmienda. “No sabemos si las fuerzas del orden o el ICE están obteniendo órdenes de registro para implementar este software espía”, dijo Villegas Bravo, añadiendo que “también es un problema de la Primera Enmienda, porque tu teléfono contiene todas tus comunicaciones, todas tus expresiones… contiene tus listas de contactos, contiene tus redes sociales. Cualquier organización política que se organice ahora suele ser en redes sociales o por teléfono”.

Además, el 25 de septiembre, ICE anunció un contrato de 2 millones de dólares para los sistemas de datos Tangles y Weblocs de Penlink. Estas herramientas combinan datos de redes sociales y de la web oscura para generar perfiles detallados de personas. Weblocs, en particular, permite rastrear la ubicación de teléfonos móviles de individuos seleccionados, información que, de otro modo, los funcionarios gubernamentales necesitarían una orden judicial para obtener.

Por otra parte, ICE ha revelado sus planes para establecer un nuevo centro de monitoreo de redes sociales, compuesto por 16 analistas. Este equipo analizaría información de plataformas como Facebook, X, TikTok, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, YouTube, Pinterest, Tumblr, Instagram, Flickr, Myspace y Google+ para generar pistas y localizar a personas objetivo. Una solicitud de información del 2 de octubre, previa a la convocatoria de ofertas, indicó que también se podría investigar a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la persona objetivo.

Si bien la descripción general establece que los inmigrantes indocumentados serían el objetivo principal, las pautas preliminares designan al “terrorismo doméstico o internacional”, que según la orden ejecutiva de Trump incluye a Antifa, como una de las categorías de casos más urgentes.

La agencia también ha ampliado su flota de drones. A principios de septiembre, adquirió un nuevo dron Skydio X10D por 28.420,53 dólares, destinado a operaciones de seguridad nacional. El 3 de octubre, el ICE publicó en su página de Facebook imágenes tomadas con un dron de manifestantes y agentes del ICE enfrentándose en Chicago, advirtiendo a los críticos de la agencia que “enfrentarán las consecuencias” de largas sentencias de prisión si agreden u obstaculizan a los oficiales, acechan cibernéticamente, divulgan información personal o hacen amenazas en línea.

Las obligaciones contractuales del ICE en septiembre ascendieron a 1400 millones de dólares, su mayor suma mensual en al menos 18 años, según USASpending.gov. Este aumento coincide con el acceso de la agencia a más de 170.000 millones de dólares en fondos que el Congreso asignó para la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria en su proyecto de ley de gastos de julio. Cientos de millones de dólares se destinan a productos tecnológicos, según un análisis de contratos realizado por The Washington Post, con un gasto significativo también en centros de detención, transporte aéreo y armas. Varias órdenes de vigilancia del ICE de este año están dirigidas explícitamente a la aplicación de las leyes migratorias, como un contrato de 30 millones de dólares con Palantir para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma para el seguimiento detallado de los movimientos de inmigrantes indocumentados y sus posibles deportaciones.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, refutó que las medidas de control de la administración constituyan una amenaza a los derechos consagrados en la Primera y la Cuarta Enmienda. “Las acciones del presidente se centran en entidades e individuos involucrados en la violencia política organizada y el terrorismo doméstico”, declaró el funcionario, añadiendo que “cualquier otra descripción es inexacta”.

Sin embargo, el entonces director del FBI, Christopher A. Wray, declaró al Congreso en 2020 que Antifa era un movimiento o ideología, no una organización o grupo. El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que los ataques violentos contra los partidarios del presidente o el ICE de este año sean obra de un grupo, y no de actores individuales.

John Sandweg, exdirector interino de ICE, lamentó que algunas de las oficinas de vigilancia interna de ICE y su departamento matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, que alguna vez estuvieron encargadas de prevenir el uso indebido de sus poderosas herramientas de investigación, han sido desmanteladas o cerradas bajo la administración de Trump. “Se están levantando algunas de estas barreras de protección”, concluyó Sandweg.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.