Buenas noticias para quienes alquilan en California: Gavin Newsom firmó nuevas leyes sobre viviendas

El gobernador Gavin Newsom aprobó una serie de leyes bipartidistas destinadas a mejorar las condiciones de vivienda, fortalecer las protecciones para los inquilinos y aumentar la asequibilidad en California. Tras la firma del mandatario estatal demócrata, las normativas entrarán en vigor desde el 1° de enero de 2026.

Las nuevas normas fueron impulsadas desde la Asamblea y el Senado de California con distintas implicancias, pero con un mismo objetivo: beneficiar a los propietarios e inquilinos del Estado Dorado.

En la presentación, Newsom aseguró que “trabaja arduamente para que la vida sea más asequible”. Además, apuntó contra la administración Donald Trump y sus políticas, que “aumentan los precios y dificultan la vida”.

Estas son las leyes más destacadas que fueron firmadas por el gobernador californiano y que entrarán en vigor el 1° de enero de 2026:

• Habitabilidad (AB 628): una unidad de vivienda se considerará inhabitable si carece sustancialmente de una estufa y un refrigerador que se mantengan en buen estado de funcionamiento.
• Protección para inquilinos (AB 246): permite que, en juicios de desalojo por falta de pago, el inquilino oponga como defensa que no pudo pagar porque sus beneficios del Seguro Social fueron interrumpidos, demorados o reducidos por acción u omisión del gobierno federal. Debe acreditar esa interrupción y que le impidió pagar. Si el juez lo acepta, se suspende el desalojo hasta 14 días después de restituirse los beneficios o por seis meses, lo que ocurra primero. La ley no borra la deuda: dentro de los 14 días de restituido el beneficio, el inquilino debe pagar todo o acordar un plan.
• Devolución de depósitos de seguridad (AB 414): si el depósito (o el alquiler) se cobró electrónicamente, la devolución debe hacerse por la misma vía, salvo que haya un acuerdo escrito para otro método. Permite pactar que el detalle de cargos llegue por email o por correo. Si hay varios adultos en la unidad, el reintegro por cheque debe estar a nombre de todos.
• Sistemas de enfriamiento (AB 806): declara nulos los contratos o reglas del parque que prohíban o restrinjan instalar/usar sistemas de enfriamiento en casas móviles (incluye aire acondicionado de ventana o portátil, evaporativos, ventiladores, etc.). Prohíbe a la administración cobrar tasas, imponer marcas o exigir retiros de equipos. Además, fija una penalidad civil hasta US$2000 más honorarios si hay incumplimiento.
• Requisitos lingüísticos en alquileres (AB 863): ordena al Judicial Council crear, antes del 1° de enero de 2027, un único formulario de citación (summons) para juicios de desalojo con el texto clave en inglés, español, chino, tagalo, vietnamita y coreano, de uso obligatorio y publicado online.
• Derecho a la cancelación de contratos de propietarios (AB 1327): agrega el email como medio válido para enviar el aviso de cancelación, y exige que el contrato incluya dirección de correo electrónico del vendedor y un teléfono para ayudar al comprador a ubicar y completar ese aviso.

“California está aprobando leyes para eliminar las tarifas innecesarias y los complementos que cuestan tiempo y dinero. Mientras tanto, el presidente Trump y el Congreso cierran el gobierno y se van de vacaciones”, enfatizó Newsom.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la AB 246, la Ley de Protección de Inquilinos de la Seguridad Social de 2025. El objetivo es evitar que personas que dependen de esos beneficios pierdan su vivienda cuando se interrumpen, demoran o reducen los pagos por una acción u omisión del gobierno federal.

Opera únicamente durante una “interrupción de pagos” declarada y mientras esa situación esté vigente. En ese contexto, el tribunal no puede avanzar con el desalojo por falta de pago si el hogar demuestra que la pérdida de ingresos se debe a esa interrupción. El freno rige hasta 14 días después de restituido el beneficio o por un máximo de seis meses, lo que ocurra primero.

El procedimiento es directo: el inquilino presenta una declaración de dificultad y la documentación que acredite el vínculo con la interrupción del Seguro Social. No se condona la deuda: una vez normalizados los pagos, corresponde cancelar lo adeudado o acordar un plan dentro del plazo que marca la ley.

Con este esquema, el California busca dar un margen de protección temporal a adultos mayores y personas con discapacidad que dependen del Seguro Social, sin trasladar la carga de manera indefinida.