La ley firmada por Gavin Newsom para frenar al ICE que podría ser bloqueada en California

California se encuentra en el centro de un conflicto institucional que enfrenta al gobierno estatal con la administración federal por una legislación que regula cómo deben identificarse los agentes del orden durante los operativos. La norma, conocida como SB 627 o “Ley de No a la Policía Secreta”, entró en vigor el 1° de enero de 2026. Sin embargo, su aplicación actual está en suspenso hasta que se resuelva el litigio.

¿La Ley de No a la Policía Secreta en California podría ser vetada?

El debate se reactivó esta semana tras una audiencia federal celebrada el miércoles 14 de enero de 2026 en Los Ángeles.

Representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitaron que se bloquee la aplicación de la ley, al considerar que invade competencias exclusivas del gobierno federal y pone en riesgo a los agentes de inmigración.

“¿Por qué California no podría exigir que todos los agentes de inmigración usaran el uniforme rosa, para que fuera evidente quiénes eran?”, preguntó Tiberius Davis, representante del DOJ, a la jueza de distrito Christina A. Snyder, según lo retomado por Los Angeles Times.

“La idea de que los 50 estados puedan regular la conducta y los uniformes de los agentes pone patas arriba la Constitución”, señaló.

Durante la audiencia, Snyder escuchó los argumentos de ambas partes. Al finalizar, no emitió una decisión inmediata sobre la solicitud del gobierno federal de suspender la ley mediante una medida cautelar preliminar.

Sin embargo, según lo expuesto en la sala, la magistrada mostró dudas respecto a varios de los argumentos presentados por el DOJ.

“¿Por qué no pueden realizar sus tareas sin mascarilla? Lo hicieron hasta 2025, ¿no?”, repreguntó la jueza del distrito a Davis. “¿Cómo es posible que quienes no usan mascarilla puedan operar?”, agregó.

Desde el lado de California, los abogados insistieron en que la norma no busca obstaculizar tareas federales, sino garantizar que cualquier persona que ejerza autoridad policial sea identificable ante el público.

“Es obvio por qué estas leyes son de interés público”, dijo ante el tribunal Cameron Bell, abogado del DOJ de California. “El estado ha tenido que asumir el coste de las acciones del gobierno federal. Estas consecuencias son muy reales”, aseguró.

Aunque el gobernador Gavin Newsom ya firmó la legislación en septiembre de 2025 y no puede vetarla, el futuro práctico de la norma depende ahora de una resolución judicial que podría suspenderla total o parcialmente.

Qué establece la ley SB 627 aprobada en California

La ley SB 627 prohíbe que los agentes del orden utilicen máscaras u otros elementos opacos que impidan reconocer su identidad mientras realizan tareas oficiales. La disposición alcanza a policías locales, estatales, oficiales de otros estados y también a personal de agencias federales que actúen dentro de California, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La normativa incorpora además requisitos de identificación visible para oficiales que no porten uniforme. En esos casos, deben exhibir nombre, número de placa u otra credencial oficial durante procedimientos como detenciones o allanamientos.

El texto legal contempla excepciones específicas. Entre ellas se incluyen:

• Operaciones encubiertas autorizadas.
• Intervenciones de unidades tácticas como SWAT.
• El uso de equipos de protección por razones de salud o seguridad, como mascarillas N95, cascos de motocicleta o elementos para exposición a gases o sustancias tóxicas.

El incumplimiento de la ley puede derivar en sanciones penales menores y también en consecuencias civiles.

En determinados casos, un agente que actúe con el rostro cubierto podría perder inmunidad legal y enfrentar demandas con indemnizaciones mínimas establecidas por la propia norma.

La demanda de la administración Trump contra California

El DOJ presentó una demanda en noviembre de 2025 para bloquear la ley SB 627 y una normativa complementaria.

El eje central del reclamo es que la legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que el derecho federal prevalece sobre las normas estatales.

“Los agentes del orden público arriesgan sus vidas a diario para garantizar la seguridad de los estadounidenses, y no merecen ser objeto de divulgación de información confidencial ni de acoso simplemente por cumplir con su deber”, declaró en ese momento la Fiscal General, Pamela Bondi, en un comunicado oficial.

Según la administración de Trump, California no tiene autoridad para regular la vestimenta, identificación o medidas de seguridad de funcionarios federales mientras cumplen tareas asignadas por la ley nacional. En ese sentido, consideran que la SB 627 interfiere directamente con las operaciones de inmigración.

“Las políticas antipoliciales de California discriminan al gobierno federal y están diseñadas para crear riesgos para nuestros agentes. Estas leyes no pueden prevalecer”, señaló Bondi.

Además, el gobierno de Trump cuestiona que la legislación contemple excepciones para la Patrulla de Caminos de California, pero no para las agencias federales, lo que interpretan como un trato desigual con motivaciones políticas.

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