No Kings Act en California: quiénes podrán demandar al ICE con la nueva ley y bajo qué condiciones
Fue aprobada por el Senado y ahora entró en su etapa final: tiene como objetivo poner límites a los agentes migratorios
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LA NACION
La Legislatura de California dio un paso que podría redefinir el modo en que se controla el accionar de agentes federales en el estado. En específico, el Senado aprobó un proyecto de ley que habilita a las personas afectadas por abusos a reclamar justicia en los tribunales. La norma, conocida como No Kings Act, busca fomentar la rendición de cuentas de organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
De qué se trata la Ley No Kings y cuál es su objetivo central en California
La No Kings Act, identificada formalmente como SB 747, es una propuesta impulsada por el senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, que busca cerrar una brecha legal que durante décadas permitió que agentes federales evitaran responsabilidades civiles incluso cuando incurrían en violaciones constitucionales.
Según un comunicado de prensa difundido por la oficina de Wiener, se trata de una legislación “primera en su tipo en la nación”, diseñada para equiparar el estándar de responsabilidad de los funcionarios federales con el que ya rige para policías estatales y locales.
En términos concretos, la iniciativa apunta a revertir la situación generada por las limitaciones impuestas en los últimos años a las denominadas acciones Bivens, un mecanismo judicial creado por la Corte Suprema en 1971 que habilitaba a las víctimas de abusos federales a demandar por daños y perjuicios.
Con el paso del tiempo, ese recurso fue acotado de manera drástica, lo que en la práctica otorgó una inmunidad casi total a agentes federales incluso ante conductas deliberadamente ilegales.
La SB 747 restablece un derecho de acción para los residentes de California, al crear una nueva vía legal frente a privaciones de derechos constitucionales cometidas por autoridades federales, estatales o locales.
Qué tipo de demandas habilita y quiénes podrán acudir a la Justicia
El corazón de la No Kings Act está en la posibilidad concreta de que individuos afectados puedan iniciar demandas civiles por daños monetarios contra funcionarios que vulneren derechos protegidos por la Constitución.
El texto establece que cualquier persona cuyos derechos, privilegios o inmunidades constitucionales sean violados podrá llevar su caso a los tribunales, al eliminar el trato diferencial que hasta ahora beneficiaba a los agentes federales.
Para hacer más claro su alcance, la ley detalla las áreas en las que se podrán reclamar responsabilidades:
- Violaciones a la Primera Enmienda: represalias contra una persona por su expresión protegida. Interferencias con la libertad religiosa o con la libertad de prensa. Uso de fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas.
- Violaciones a la Cuarta Enmienda: allanamientos ilegales en domicilios sin orden judicial. Detenciones o incautaciones irrazonables en puestos de control sin causa probable. Empleo de fuerza desmedida durante un arresto.
- Violaciones a la Quinta Enmienda y a la igualdad ante la ley: selección ilegal de personas para acciones de control o auditorías basada en raza, origen nacional o identidad política.
De acuerdo con la información difundida por el equipo de Wiener, esta estructura busca garantizar que las víctimas de conductas inconstitucionales tengan “un camino hacia la justicia” y que ningún funcionario, independientemente de su rango o jurisdicción, quede por encima de la ley.
La media sanción que obtuvo la nueva ley en el Senado: ¿qué falta para que entre en vigor?
El 27 de enero de 2026, el Senado de California aprobó la SB 747 por 30 votos a favor y diez en contra. Esa votación convirtió a la Cámara alta estatal en el primer cuerpo legislativo del país norteamericano en dar luz verde a una ley de estas características.
Luego de superar el filtro del Senado, la No Kings Act enfrenta ahora su tratamiento en la Asamblea de California. Allí, los legisladores deberán analizar el alcance del texto, introducir eventuales modificaciones y definir si acompañan la iniciativa con su voto.
Si la Asamblea aprueba el texto (con o sin modificaciones), pasará al escritorio del Gobernador para su firma final.
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