Golpe a Trump: una empresa de Florida lo demandó por los aranceles

La empresa floridana Simplified, especializada en la venta de productos de papelería y organización para el hogar, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y otros funcionarios federales por la imposición de nuevos aranceles a productos importados desde China. El recurso legal fue presentado por la Alianza para las Nuevas Libertades Civiles (NCLA, por sus siglas en inglés) en un tribunal federal en el norte de Florida.

La demanda contra Donald Trump debido a los aranceles impuestos a China

La demanda alega que los aranceles, establecidos mediante una orden ejecutiva firmada por Trump el 1° de febrero de 2025 y duplicados el 3 de marzo del mismo año, carecen de base legal. Según el argumento central del caso, el presidente usó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés) de forma indebida. Esta legislación, afirman los demandantes, fue diseñada para permitir sanciones financieras en contextos de amenazas internacionales, no para imponer tarifas comerciales de manera generalizada.

El impacto directo de los aranceles sobre las pequeñas empresas

Emily Ley, fundadora y directora de Simplified, explicó que su empresa depende de proveedores chinos para fabricar sus productos, lo que incluye planificadores y cuadernos. Los nuevos aranceles aumentan significativamente los costos de importación y podrían obligar a la compañía a subir precios, reducir personal o trasladar su producción a otros países, lo que representa una carga financiera considerable.

La NCLA subraya que el congreso, según el Artículo 1, Sección 8 de la constitución, tiene la potestad exclusiva de legislar en materia de aranceles y comercio exterior. En este sentido, acusan al presidente Trump de eludir estas competencias legislativas al imponer medidas comerciales sin autorización específica.

Fundamentos legales de la demanda

El equipo legal argumenta que la utilización de la Ieepa para fijar aranceles a productos chinos constituye una acción ultra vires, es decir, más allá de la autoridad conferida por la ley. Destacan que, en los casi 50 años desde la promulgación de la legislación, ningún otro presidente la ha interpretado como autorización para establecer aranceles.

Los demandantes también afirman que las órdenes ejecutivas no establecen una relación clara entre los aranceles y la supuesta emergencia nacional invocada: el tráfico de opioides provenientes de China. Sostienen que los aranceles no son una medida necesaria ni eficaz para abordar este problema, por lo cual tampoco cumplirían con los requisitos de la Ieepa.

Consecuencias económicas y constitucionales

Simplified afirma que los aranceles podrían costarle cientos de miles de dólares al año. El aumento de los costos de importación no solo afecta sus ganancias, sino que también podría obligar a la empresa a reducir su personal o subir los precios, lo que afectaría su competitividad y sostenibilidad en el mercado.

Desde un punto de vista constitucional, la demanda sostiene que permitir al presidente usar la ley de esta manera equivale a otorgarle un poder legislativo no delegado por el congreso.

Los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones chinas

Los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump alcanzan un 125% para los productos chinos, según lo anunciado por él mismo en la red social Truth Social. Además, se estableció una excepción temporal de 90 días para otros países.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, aumento el arancel que EE.UU. le impone al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EE.UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, expresó.

Esta decisión surgió tras una escalada en las tensiones comerciales entre ambas naciones, después de que el gobierno chino aumentara los aranceles sobre productos estadounidenses de 34% a 84%.

La demanda de la pequeña empresa de Florida solicita que el Tribunal de Distrito de EE.UU. declare inconstitucionales las órdenes ejecutivas, suspenda su aplicación y anule los cambios realizados al sistema de tarifas aduaneras. Argumentan que los aranceles constituyen un impuesto al comercio exterior sin respaldo legal.

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