Por qué en Florida y Texas no hay ciudades santuario de inmigrantes

Florida y Texas son dos de los estados donde las llamadas “ciudades santuario” no existen por una razón central: sus legislaturas aprobaron leyes que obligaron a los gobiernos locales y a la policía a colaborar con las autoridades federales de inmigración. En estos lugares, ningún condado, municipio ni universidad puede establecer normas que limiten esa cooperación.

Las ciudades santuario son jurisdicciones que, en distintos niveles, restringen la colaboración con Inmigración o el cumplimiento de detenciones del ICE. En Florida, esa posibilidad quedó anulada por una ley estatal que prohibió de forma explícita cualquier política local de ese tipo.

En 2019, el gobernador Ron DeSantis firmó la SB 168, conocida como Federal Immigration Enforcement. La norma creó un nuevo capítulo en los estatutos del estado titulado “Aplicación de las Leyes Federales de Inmigración”. Su objetivo fue garantizar que todas las entidades estatales y locales cooperen con el gobierno federal en esta materia.

De acuerdo con el comunicado oficial, al presentar la legislación, DeSantis dijo: “Prometí prohibir las ciudades santuario en Florida y hoy cumplimos esa promesa”. El texto prohibió que cualquier organismo adoptara o mantuviera una política que restringiera el intercambio de información con agencias migratorias o impidiera cumplir una orden de detención. Además, estableció que todas las políticas existentes debían ser derogadas en un plazo de 90 días desde su entrada en vigor.

La ley también dio al gobernador y al fiscal general la facultad de iniciar acciones legales contra funcionarios que no acataran las obligaciones establecidas. Para las cárceles del condado, dispuso la firma de acuerdos con el ICE que permitieran alojar a detenidos por motivos migratorios y recibir compensación por esos costos.

La ACLU de Florida, organización dedicada a la defensa de los derechos civiles, se opuso a la SB 168 desde su promulgación. En un comunicado, la institución sostuvo que obligaba a los condados a usar sus recursos para tareas federales sin recibir fondos a cambio y que abría la puerta a posibles abusos.

En abril de 2023, el 11.º Circuito de Apelaciones revirtió el fallo de una corte inferior que había bloqueado partes de la ley, tal como informó Courthouse News Service. El tribunal determinó que las organizaciones demandantes no demostraron un daño concreto ni evidencia de discriminación racial. Así, la prohibición de políticas santuario volvió a quedar vigente en todo el estado.

Cuatro años después, Florida amplió su marco legal con la SB 1718 de 2023, que introdujo nuevas disposiciones vinculadas a inmigración. Con el mismo espíritu que la SB 168, la norma mantuvo la cooperación obligatoria con las autoridades federales e impidió que los gobiernos locales financiaran documentos de identidad para personas sin estatus legal.

La ley agregó sanciones a empleadores que contrataran a extranjeros no autorizados, estableció el uso obligatorio del sistema E-Verify para empresas privadas con 25 o más empleados y ordenó que los hospitales que aceptan Medicaid incluyan en sus formularios una pregunta sobre el estatus legal de los pacientes. También prohibió conducir con licencias emitidas por estados que las otorgan a inmigrantes indocumentados.

Antes de Florida, Texas ya había establecido su propio marco restrictivo con la SB 4 de 2017, una ley que el propio Greg Abbott describió como la prohibición formal de las ciudades santuario. “Como gobernador, mi máxima prioridad es la seguridad pública, y este proyecto promueve ese objetivo al mantener a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles”, declaró al firmarla.

Según The Texas Tribune, la normativa obligó a las agencias locales a cooperar con inmigración y a cumplir las órdenes de detención del ICE. También permitió a los agentes preguntar por el estatus legal durante detenciones legales y prohibió que los funcionarios adoptaran políticas que impidieran esa práctica.

La ley incluyó además una disposición que prohíbe expresamente a los condados, ciudades y universidades públicas aplicar o respaldar medidas que “prohíban o desalienten” la ejecución de las normas federales de inmigración.

El texto contempló sanciones concretas: multas de hasta 25.500 dólares por día para las entidades que violaran la ley, destitución de funcionarios y posibles cargos penales para los jefes policiales que no cumplieran las órdenes federales.

La aplicación de la SB 4 tuvo un episodio emblemático en 2017. Ese año, el gobernador Abbott bloqueó US$1,5 millones en fondos estatales al condado de Travis, donde se encuentra Austin, después de que la sheriff Sally Hernández anunciara que no cumpliría todas las órdenes de detención.

Según Time, Abbott argumentó que las jurisdicciones locales debían respetar las leyes de inmigración y advirtió que no toleraría políticas que las obstaculizaran.

La normativa de Texas también incorporó un sistema de control estatal: cualquier persona podía presentar una denuncia ante el fiscal general si una ciudad o condado adoptaba una política que desalentara la aplicación de la ley migratoria. Si la queja era válida, el estado podía llevar el caso a los tribunales y negar fondos de subvención a esa entidad.